La juez renuncia a imputar a los tres diputados de Podemos que citó tras comprobar que están aforados

• Los tres parlamentarios habían sido citados por "atentado a la autoridad" en una protesta de Alcoa
• Se trata de Rafael Mayoral, Antón Gómez Reino y Yolanda Díaz, que participaron en la manifestación junto al Congreso

El secretario con la Relación de Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, Rafa Mayoral.

La juez de Madrid que había citado como investigados a tres diputados de Podemos por atentado a la autoridad durante las protestas de los trabajadores de Alcoa el pasado 28 de marzo ha dejado sin efecto esas citaciones al comprobar que están aforados ante el Supremo.

La titular del juzgado de instrucción número 25 de Madrid, Raquel Robles González, había imputado a Rafael Mayoral, Antón Gómez Reino y Yolanda Díaz por su participación en esa manifestación junto al Congreso de los Diputados en la que cargó la Policía.

De hecho, la jueza citó a Mayoral la pasada semana, pero el diputado se negó a ir por considerar irregular el procedimiento. Al tratarse de aforados, los tres parlamentarios solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo.

La Policía los identificó a ellos y a la entonces parlamentaria Ángela Martínez y los denunció por arengar a los concentrados a que saltaran el vallado policial e incluso por empujar a policías.

Aforados ya cuando los hechos

El informe policial sobre los hechos por los que la juez ha decidido abrir causa ya apuntaba expresamente que Mayoral, Gómez-Reino y Díaz eran miembros del grupo parlamentario Unidas-Podemos, por lo que solo pueden responder ante el Tribunal Supremo.

De hecho, en el momento de los hechos, Mayoral, Gómez Reino y Díaz eran aforados por ser diputados en el Congreso de los Diputados, y en la actualidad, una vez disueltas las Cortes este martes, siguen siéndolo porque forman parte de la Diputación Permanente.

Los hechos por los que se les investigaba ocurrieron el pasado 28 de marzo, cuando cerca de 600 trabajadores de las factorías de Alcoa en Asturias y Galicia se desplazaron a Madrid para manifestarse junto al Congreso por el cierre de sus fábricas. Un dispositivo policial ordenado por la Delegación del Gobierno impidió que se acercaran a la Cámara Baja y la protesta terminó con incidentes.

Las fuentes consultadas aseguran que la juez Robles González se ha percatado de esta circunstancia, por lo que ha anulado su decisión y ha dictado una providencia en la que pregunta al Congreso sobre la situación de estos tres parlamentarios y más teniendo en cuenta la disolución este martes de las Cortes ante la repetición de elecciones.