El Gobierno ve un "ataque a la convivencia" en las resoluciones del Parlament pero rechaza activar el 155

• Descarta que se den las circunstancias para aplicar el 155 en Cataluña: "Si se dieran, se aplicaría"
• Celaá: el Gobierno impugnará las resoluciónes y no permitirá "ningún ataque" al Estatuto y la Constitución

El Gobierno impugnará las normas adoptadas por el Parlament en cuanto se publiquen

El Gobierno ha anunciado su intención de impugnar varias de las resoluciones aprobadas el jueves en el Parlament de Cataluña una vez que se publiquen oficialmente, por entender que "son una clara extralimitación" de la cámara legislativa autonómica y "un ataque a la convivencia entre los catalanes", pero ha descartado recurrir a una nueva aplicación al artículo 155 de la Constitución para atajar la situación, porque cree que "no se dan" las circunstancias para ello.

La portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, ha afirmado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo actuará con "serenidad y firmeza ante los acontecimientos vividos en Cataluña”, ha asegurado que "no consentirá ningún ataque" al Estatuto de Autonomía y a la Constitución y ha exigido al presidente catalán, Quim Torra, que "deje claro su respeto a las leyes de la democracia y los principios del Estado de Derecho, uno de cuyos elementos básicos es la separación de poderes".

Exigen a Torra "claridad" en la condena a la violencia

En nombre del Gobierno, Celáa ha insistido en afear la actitud del presidente de la Generalitat tras la detención de siete activistas pertenecientes a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), acusados por la Fiscalía de preparar acciones terroristas con explosivos, y ha exigido a Torra "una actitud muchísimo más exigente con respecto a una potencial violencia".

También ha recordado que la Guardia Civil ha actuado como policía judicial, a las órdenes de la Audiencia Nacional y ha realizado un trabajo "discreto y digno de reconocimiento y respeto".

"No se dan las circunstancias" para el 155

Sin embargo, a preguntas de la prensa ha rechazado que el Ejecutivo vaya a recurrir a una nueva aplicación del artículo 155, al tiempo que ha apelado a la sentencia del Tribunal Constitucional que marca la pauta de la aplicación de este precepto.

"No tengan duda de que si se dieran las circunstancias para la aplicación del artículo 155, el Gobierno lo aplicaría, pero no se dan", ha afirmado, pero cree que no se dan, porque no se han vulnerado leyes y no se ha perjudicado "gravemente el interés general", ya que lo aprobado el jueves en el Parlamento de Cataluña no eran leyes, sino "proposiciones no de ley", "resoluciones que no están en la ley". No se trata de las leyes de desconexión aprobadas en la Cámara catalana de septiembre de 2017, ha precisado Celaá.

El jueves, en una bronca sesión, la mayoría independentista en el Parlament catalán aprobó en el pleno varias propuestas de resolución que defienden la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional", reclaman una ley de amnistía en caso de que se condene a los políticos juzgados por el 'procés' y piden la retirada de Cataluña de los efectivos de la Guardia Civil.

En especial la primera resolución, presentada por la CUP y apoyada por JxCat y ERC, reivindicaba el referéndum independentista ilegal del 1-O como un "referéndum legítimo y legal" y subrayaba la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional, como instrumentos en defensa de aquellos derechos civiles, políticos y sociales que puedan ser lesionados". Además, el texto invoca resoluciones soberanistas previas que fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional.

El Gobierno "no va a cejar en su propuesta de diálogo"

La portavoz del Ejecutivo ha dejado claro que el Gobierno no va a cejar en su propuesta de "diálogo" para solucionar un problema que "puede tragarse a una generación de españoles y catalanes en el bucle de constante división".

Por el momento, el Gobierno tiene previsto impugnar las resoluciones aprobadas en el Parlament. Para ello, una vez que se publiquen oficialmente, dará instrucciones a la Abogacía del Estado con el fin de que para que estudie su contenido y puedan ser impugnadas.