La Mesa del Parlament del 1-O será juzgada entre el 19 y 22 de noviembre en el TSJC por desobediencia

• Se sentarán en el banquillo cinco exmiembros de la Mesa y la exdiputada de la CUP Mireia Boya

Imagen de archivo de los diputados de Junts pel Sí cuando se aprobó la Ley de Transitoriedad

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) juzgará entre los días 19 y 22 de noviembre por desobediencia grave a los cinco miembros de la Mesa del Parlament que presidía Carme Forcadell en el otoño de 2017 cuando la Cámara autonómica aprobó las llamadas leyes de desconexión para la celebración del referéndum del 1-O y la declaración de independencia, y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya.

En una resolución conocida este, el TSJC ha fijado las fechas para el juicio contra los exmiembros de la Mesa Lluis Maria Corominas (PdeCAT), Lluís Guinó (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramon Barrufet (PDeCAT) y Joan Josep Nuet (EUiA), además de a Boya.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado piden 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por desobediencia grave para los cinco primeros, y 16 meses y 30.000 euros para Nuet y Boya. La acusación popular ejercida por Vox pide 12 años de cárcel y multa de 108.000 euros por un delito de organización criminal y de otro continuado de desobediencia.

La causa contra los miembros de la Mesa -iniciada a raíz de varias querellas de la Fiscalía- se juzgará en el TSJC, después de que el Tribunal Supremo decidiera desgajarla del proceso contra Forcadell y el resto de líderes independentistas y remitirla al alto tribunal catalán para su enjuiciamiento.

Los exvicepresidentes de la Mesa Lluís Maria Corominas y Lluís Guinó, la exsecretaria primera Anna Isabel Simó, la exsecretaria cuarta Ramona Barrufet, de JxSí, y Joan Josep Nuet, secretario tercero de CSQP, están acusados de permitir que la Cámara catalana debatiera resoluciones a favor de un referéndum, pese a que el Constitucional les había advertido de su obligación de impedir cualquier iniciativa que supusiera eludir sus mandatos.

Tras la declaración de independencia del 27S, los miembros de la Mesa de JxCat y CSQP declararon como investigados ante el Supremo por los delitos de rebelión, sedición y malversación, por permitir la tramitación de la ley de referéndum que preveía el 1-O y de la ley de transitoriedad nacional, aprobadas por el Parlament los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y después suspendidas por el Constitucional.

Juzgados un día depués que Torra

La exdiputada de la CUP Mireia Boya, por su parte, fue imputada por el Supremo en el caso del "procés" por ser quien presentó, como presidenta de su grupo parlamentario, la proposición de la ley de transitoriedad, que creaba un marco legal alternativo al español para el caso de que el "sí" a la independencia ganara en el 1-O.

Los seis políticos acusados de desobediencia serán juzgados por una sala integrada por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, -que, de acuerdo con la ley, preside todos los juicios de la sala civil y penal-, así como el civilista Jordi Seguí y Carlos Ramos, uno de los jueces designados a propuesta del Parlament y que será ponente de la sentencia.

Los exdiputados serán juzgados al día siguiente del juicio al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por desobedecer la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos de los edificios públicos.