El presidente de la SEPI dimite al reabrirse la causa penal por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

• Vicente Fernández ha sido citado como investigado por la Audiencia de Sevilla
• Esta ha estimado el recurso de apelación de la empresa Emerita Resources contra el archivo de la causa

Mina de Aznalcóllar.

El ex secretario general de Industria de la Junta de Andalucía y actual presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, ha dimitido este martes de su cargo al ser citado como imputado por la Audiencia de Sevilla en la causa penal sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que ha reabierto el caso al estimar un recurso contra el archivo del mismo.

En concreto, según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Séptima ha estimado el recurso de apelación contra la adjudicación de la explotación de la mina a la agrupación empresarial México Minorbis que interpusó la otra empresa que se presentó al concurso, Emerita Resources, contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, que a principios de marzo archivó la denuncia penal.

La instructora decretó el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia de Emerita Resources contra la Junta por prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude en la resolución del concurso público para adjudicar la explotación de Aznalcóllar al considerar que "los elementos objeto de controversia son cuestiones puramente administrativas".

Ahora, sin embargo, en un auto fechado el 26 de septiembre al que ha tenido acceso Efe, el tribunal ve "poderosos indicios" de prevaricación y ordena "investigar la participación de cuantas personas hayan intervenido (...) para favorecer el concurso presuntamente fraudulento".

Indicios de tráfico de influencias y sobornos

También advierte "indicios ostensibles" de tráfico de influencias, cohecho y malversación por "la inexistencia de motivo que explique por qué Grupo México no participó por sí misma en el concurso y se valió de Minorbis", así como por "los ascensos de personas relacionadas con el concurso", que "podrían considerarse una recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados".

Entre otras razones, la Sala llega a esta conclusión tras estudiar los correos electrónicos entre Fernández y los representantes de Magtel que aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los empresarios Isidro y Mario López Magdaleno.

Así las cosas, Vicente Fernández ha dfecidido presentar su renuncia, según ha confirmado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un acto en Algeciras, donde ha destacado que "en cuanto ha tenido conocimiento del auto ha puesto su cargo a disposición del Gobierno" y que la dimisión se "materializará en el próximo Consejo de Ministros".

Aunque la ministra no se ha pronunciado sobre la causa y ha indicado que dejarán "que la Justicia actúe", ha recordado que se trata de "un caso que se ha cerrado ya en dos ocasiones". Montero ha subrayado que la causa judicial "forma parte de las actividades desarrolladas por esta persona en su etapa anterior" y que "nada tiene que ver con el desarrollo de su actividad actual".

Grupo México no cumplía los requisitos

En su auto, la Sección Séptima pide a la Junta que informe a la UCO de los cargos que ostentaban los miembros de la Mesa de Contratación y la Comisión Técnica tres meses antes de comenzar el procedimiento de licitación y los puestos que desempeñaron después y añade que es "aconsejable" que se haga lo mismo con Fernández.

El tribunal considera "claro" que Minorbis y México se presentaron juntas al concurso el 15 de diciembre de 2014 y que la primera de ellas "no cumplió con los requisitos relativos a la acreditación de su personalidad jurídica y capacidad de obrar" para pasar a la segunda fase. La Mesa de Contratación debería haber apartado del concurso a Grupo México. Sin embargo, "esta decisión nunca se produjo", recuerda la Sala.

La ponente señala que la Administración, con una actuación "llamativamente ambigua", dio "cobertura" a la adjudicación a una entidad "controlada prácticamente en su totalidad por una sociedad que debió ser apartada del concurso", ya que "tuvo cabal conocimiento desde el comienzo, a través del Memorándum de Entendimiento, de lo que ocurriría si Minorbis era la ganadora del concurso".

En cuanto a la solvencia de Minorbis, el tribunal afirma que "en modo alguno demostró que disponía de los medios económicos y financieros necesarios" y recuerda que se creó el 19 de marzo de 2014, "menos de un mes antes" de su solicitud de participar en el concurso y "sin ninguna experiencia en la actividad de la minería".

"Frente a la nula experiencia de Minorbis, Emérita acreditó hasta cinco permisos de investigación en diferentes zonas mineras", agrega. La Sala continúa recordando que la adjudicación fue aceptada por la entidad Minera Los Frailes y denuncia "la patente ilegalidad y la grosera y burda ilegalidad" de que en esa sociedad "tendría una minúscula participación Minorbis", ya que "pertenecería prácticamente en su totalidad a una entidad que debió ser excluida", en alusión a México.

En este sentido, reitera que la Junta, al "mantener intencionadamente al Grupo México" dentro del concurso, facilitó el "complemento adecuado" a esta "presunta ilegalidad".