Vizcarra disuelve "constitucionalmente" el Congreso peruano y convoca elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020

• "He decidido disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas. Esto es un acto constitucional", ha anunciado
• Una facción del Congreso en rebeldía ha votado la "suspensión" del mandatario y ha jurado a la vicepresidenta Mercedes Aráoz

El parlamento de Perú suspende al presidente Vizcarra

Una crisis política sin precedentes en las últimas décadas ha estallado este lunes en Perú, después de que el presidente Martín Vizcarra disolviera constitucionalmente el Congreso y una facción de este en rebeldía votara la "suspensión" del mandatario y jurara a la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

La larga, tensa y convulsa jornada que ha vivido el país ha dejado un montón de heridas políticas abiertas por resolver, una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en el futuro inmediato y pocas certezas sobre la situación legal y las consecuencias políticas de muchas de las decisiones que se han tomado.

Solo ha quedado clara y patente la alegría y la sensación de alivio que la gran mayoría población peruana ha expresado espontáneamente en las calles después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso, un organismo cuyos representantes son odiados y despreciados a partes iguales por la mayoría de la población.

¿Qué ha pasado en Perú?

Vizcarra ha disuelto el Congreso y ha convocado elecciones legislativas para el próximo 26 de enero aplicando una norma constitucional que le habilitaba a cerrar la cámara si esta le negaba un cuestión de confianza al gabinete presidido por Salvador del Solar.

El presidente se ha pronunciado así después de que el Congreso procediera a elegir un magistrado para el Tribunal Constitucional pese a que la moción de confianza estaba expresamente vinculada a ese proceso de elección de jueces, muy cuestionada por las formas y los plazos que se emplearon en su tramitación.

El presidente peruano, Martin Vizcarra, se dirige a la nación en el palacio de gobierno de Lima, Perú, este lunes. REUTERS

Para el presidente, los congresistas han negado de hecho con este acto el pedido de confianza, pese a que luego han dado formalmente en otro trámite parlamentario su respaldo a la propuesta gubernamental.

El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, ha respondido en rebeldía y ha acusado al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la cámara.

Con la ausencia de casi cincuenta diputados que han aceptado la disolución, la facción restante ha votado una resolución para "suspender" por "incapacidad moral" a Vizcarra y han nombrado en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como "presidenta en funciones".

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, que dejaron un parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular y la presidencia en manos de Pedro Pablo Kuczynski.

Fuerza Popular utilizó su poder en la cámara para presionar al Gobierno y para intentar "gobernar desde el Legislativo", lo que suscitó el rechazo de la población.

El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha dimitido ante las denuncias de que sus partidarios compraron votos de congresistas el pasado diciembre para evitar la destitución de Kuczynski por su presunta implicación en el escándalo de corrupción Oderbrecht.

Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la lacra de la corrupción y que por acción u omisión boicoteó varios intentos para modificar normas y tomar medidas contra los corruptos.

Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso, propuesta que sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas.

De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional.

La cuestión de confianza que planteó Vizcarra y que se debatió este lunes era precisamente para evitar esa maniobra.

¿Qué puede pasar ahora?

La incertidumbre es muy amplia. Ninguna de las partes reconoce a la otra y todo parece indicar que terminará en las manos Tribunal Constitucional, que tendrá que dilucidar en último término si Vizcarra ha hecho bien en interpretar como denegado el pedido de confianza dadas las acciones tomadas por el Congreso.

Mientras, no parece que haya interés en desalojar a los congresistas que permanecen en el Congreso.

Tampoco hay sensación de inseguridad ciudadana, ni temor a una intervención militar. Los medios de comunicación han actuado toda la jornada con total libertad y lo siguen haciendo y nadie ha sido detenido.

Vizcarra ha convocado ya elecciones para renovar el Congreso y le ha dado fecha, tal y como señala la Constitución peruana.