Sánchez contempla la Ley de Seguridad Nacional para garantizar el orden en Cataluña si aumenta la crisis
- Dicha ley es menos dura que el 155 pero permitiría, por ejemplo, el control de los Mossos por parte del Gobierno
- Fuentes de la Moncloa confirman que Sánchez "contempla todos los escenarios" aunque queda descartado por ahora el 155
El Gobierno en funciones contempla "todos los escenarios posibles" para garantizar el orden en Cataluña en caso de que aumente la tensión con el Govern y se falte a la legalidad, según fuentes de Moncloa a TVE. Ello implica la posibilidad de activar en esta comunidad la Ley de Seguridad Nacional, una opción menos dura y más ágil que el artículo 155 de la Constitución pero que puede permitir, por ejemplo, que los Mossos d’Esquadra tuvieran que acatar las órdenes del Ejecutivo.
El artículo 155 parece estar descartado por ahora porque "no se dan las circunstancias" para ponerlo en marcha, según exponían este martes varios miembros del Ejecutivo en funciones, entre ellos, la ministra portavoz Isabel Celaá.
Sin embargo, la Ley de Seguridad Nacional ha resonado a lo largo de los últimos días a raíz de que el líder del PP, Pablo Casado, pidiera a Sánchez activarla ante la creciente tensión política en Cataluña, donde el Parlament ha avalado una resolución a favor de la desobediencia civil e institucional y el 'president' Quim Torra se manifiesta a favor de los Comités de Defensa de la República (CDR) después de que varios de sus integrantes estén en prisión preventiva acusados de planear actos terroristas.
Preguntados por la posibilidad de aplicar dicha ley, fuentes de la Moncloa han confirmado que la "responsabilidad de un Gobierno" es "analizar y contemplar todos los escenarios posibles".
Las mismas fuentes señalan Cataluña como una de las tres cuestiones principales sobre las que el Ejecutivo en funciones tiene el foco puesto, especialmente ante "la inminencia de la sentencia del 'procés'". Las otras dos son el Bréxit y la situación económica.
La Ley e Seguridad Nacional fue una medida jurídica aprobada en septiembre de 2015, en virtud de un acuerdo entre el PP y el PSOE que permite al Gobierno declarar una situación de crisis y arbitrar las medidas necesarias para sofocarla, coordinando para ello a todas las administraciones que estén involucradas.
Para ponerla en marcha, el Ejecutivo no requiere ningún trámite parlamentario, tan solo publicar un real decreto que detalle la situación de crisis y el ámbito de aplicación de las medidas,