La Audiencia Nacional archiva la querella de los taxistas contra Uber y Cabify

• La juez María Tardón no ha admitido la denuncia interpuesta por más de 2.000 taxistas
• Considera que partió de una "premisa falsa, al considerar que se ha producido en un mercado libre, sin regulación"

Imagen de archivo de una manifestación de taxistas en contra de Uber.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado el archivo de la querella interpuesta por más de 2.000 taxistas contra las plataformas Uber y Cabify, al considerar que partió de una "premisa falsa que es la de considerar que se ha producido en un mercado libre y carente de regulación".

[Consulta el contenido íntegro de la querella en .pdf].

En el auto conocido este jueves, la titular del juzgado central de Instrucción número 3 rechaza que estas compañías de VTC hayan manipulado el precio de los servicios a su antojo porque "en este sector de transporte de viajeros de movilidad urbana no hay libre competencia", ya que "es la Administración la que fija las condiciones y las tarifas".

Aún así, la magistrada no descarta que la actuación de Uber y Cabify pueda ser sancionada conforme a las normas de defensa de la competencia, si bien aclara que ese punto no entra en su jurisdicción. Tampoco aprecia ni una posible estafa ni fraude fiscal en tanto que los consumidores "no se ven perjudicados patrimonialmente por la conducta desplegada" por los querellados, que tampoco "han eludido el pago del IVA".

Respecto a este último delito, Tardón reprocha a los taxistas que no se hayan tomado "siquiera la molestia de concretar, ni aún de forma aproximada, cuál sería el importe de la posible cuota defraudada".

Plataforma Integral del Taxi (PIT)

La juez admitió a trámite en junio la querella, que habían interpuesto más de 2.000 taxistas de toda España, coordinados por la asociación Plataforma Integral del Taxi (PIT), por ocho presuntos delitos, desde la estafa masiva al blanqueo.

Los taxistas, asesorados por el exjuez Elpidio Silva, también atribuían a las compañías VTC una posible alteración de precios mediante engaño, administración desleal, delito fiscal y contra el derecho de los trabajadores. En concreto, se dirigía al fundador y consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, y otra treintena de directivos y empresas de este sector.