Familias de alumnos lanzan una demanda colectiva contra el "cártel" de los libros de texto

• La FAPA acusa a las editoriales de pactar "un sobreprecio del 32% en los libros de texto"
• Una familia con dos hijos podría percibir a través de este procedimiento unos 839 euros netos

Demanda colectiva contra los editores por los precios de los libros de texto

La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos ha lanzado la primera demanda colectiva en España contra nueve grupos editoriales por pactar "un sobreprecio del 32% en los libros de texto", lo que permitirá a las familias recuperar hasta 1.000 euros por el sobrecoste abonado entre 2012 y 2018 a consecuencia de este "cártel de editoriales".

Esta demanda, pionera en España, es posible después de que estas editoriales hayan sido sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) por prácticas contrarias a la libre competencia, lo que abre la vía a esta demanda colectiva, ha anunciado el presidente de la FAPA, Camilo Jené.

Por primera vez, las familias podrán demandar a los nueve grupos editoriales -integrados por 33 editoriales- sancionados en mayo pasado y que dominan "el 80% del mercado de libros de texto", y que han obtenido un beneficio anual de entre 213 y 214 millones de euros gracias a las estrategias comerciales pactadas, ha dicho en rueda de prensa.

Esta cantidad, que en los seis años recogidos en la sanción supondría más de 1.200 millones de euros, permitiría a una "familia con dos hijos recuperar hasta 1.000 euros" si se adhiere a la demanda colectiva iniciada por la FAPA, cuyo plazo de adhesión empieza este martes y continuará hasta el 25 de enero de 2020. "Debemos recuperar ese dinero que de alguna manera nos han robado", ha aseverado Jené.

En concreto, la cantidad que podría percibir una familia a través de este procedimiento, con dos hijos y un gasto medio estimado de 250 euros al año por hijo durante el periodo 2012-2018, sería de unos 839 euros netos.

Editoriales sancionadas por la CNMC

Los grupos sancionados por la CNMC por pactar estrategias comerciales son Santillana, Anaya, SM, Edelvives, Oxford University Press, MacMillan, McGraw Hill, Pearson y Algar Libros, que a su vez están integrados por un total de 33 editoriales menores, englobadas en la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), a la que Jené acusa de actuar como "un cártel".

"Que no salga gratis a estas editoriales haber incumplido la legalidad", según Jené quien ha animado a las familias a adherirse a la demanda a través de la web fapaginerdelosrios.org.

Las familias deberán presentar un "recibo, resguardo o justificante del pago de los libros" durante esos seis años, o en años sueltos, y abonar para cubrir los gastos judiciales una cuota de 23 euros por familia, que se devolverá si la sentencia es estimatoria.

La federación de APAs madrileñas anima a "todas las administraciones -estatal, autonómica y municipal- a adherirse a la demanda" ya que también han sido perjudicadas al haber concedido becas y ayudas para libros comprados con sobreprecio y "podrían haberse ahorrado este dinero".

"No hace falta ser socio de la FAPA para adherirse" y pueden hacerlo los padres de alumnos de centros públicos, concertados y privados, explicó Jené que además cifra "el encarecimiento anual de los precios entre un 3,8 y un 4,2 por ciento", mientras que en Francia los libros de texto suben menos del 1 por ciento anual.

Ha indicado, además, que en general los libros no escolares cuestan de media "un 47% menos que los libros de texto". "Es un problema de justicia social que ha afectado a muchas familias que incluso han tenido que solicitar préstamos" para comprar los libros de texto al inicio de curso, añade la FAPA.

Primera demanda colectiva por daños

El abogado Ignacio Valderas, que llevará la demanda, ha considerado escasa la sanción de la CNMC, de 33,8 millones, a estas editoriales, cuando el beneficio obtenido por ellas gracias a estas prácticas superó los 1.200 millones en seis años, por lo que "les sale muy barato incumplir la ley".

Se trata de la "primera demanda colectiva de daños por falta de competencia" a la que podrá acudir la sociedad civil, según Valderas que ha recordado las sentencias favorables contra grupos sancionados por la CNMC, acusados de conformar cárteles en otros sectores "como el de los camiones, cable eléctrico, productos lácteos", entre otros.

Valderas ha apuntado que la resolución de la CNMC no habla de "cártel" aunque entiende que la actuación de las editoriales, con prácticas como el reparto de los centros educativos para ahorrarse la acción comercial y el intercambio de información, se enmarca en la definición de cártel que hace la CNMC, y ha destacado la experiencia de su despacho en procesos similares relativos a los camiones y el azúcar.

Asimismo, tanto Valderas como el abogado Carlos Martínez han recalcado que aunque la resolución no hable del sobrecoste de los libros de texto en general, el hecho de que se haya producido este tipo de "concertación" implica una práctica "claramente colusoria" en el sector.

Por otro lado, han restado importancia al hecho de que las editoriales puedan recurrir su sanción en la Audiencia Nacional, ya que aseguran que el recurso tendría que ver con posibles irregularidades administrativas en la imposición de la multa.