Las claves de una exhumación histórica: fin a más de un año de batalla judicial
- El traslado de los restos se iba a realizar de manera urgente, pero el proceso se ha prolongado desde junio de 2018 hasta hoy
- La familia del dictador ha intentado frustrar el plan del Gobierno, pero el Supremo finalmente avaló la exhumación
La exhumación de Francisco Franco dará por finalizado este jueves un procedimiento histórico que fue planteado en junio de 2018 como la medida estrella del Ejecutivo de Pedro Sánchez y que, lejos de ejecutarse en pocas semanas como estaba previsto, ha durado más de un año. Los restos del dictador, finalmente, serán trasladados unos 60 kilómetros desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en Madrid, tras una ardua batalla administrativa y judicial entre el Gobierno y los familiares de Franco.
Estas preguntas responden a algunas de las claves del proceso, que cuenta con el aval del Tribunal Supremo desde el pasado 24 de septiembre:
¿Cuándo y cómo se planteó la exhumación?
En noviembre de 2011 la comisión de expertos para el futuro del Valle de los Caídos, creada durante el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ya recomendó la exhumación de los restos del dictador, pero no fue hasta mayo de 2017, con Mariano Rajoy como presidente, cuando el Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE para instar al Gobierno a llevar a cabo una reforma de la Ley de Memoria Histórica que permitiera sacar los restos de Franco del mausoleo de Cuelgamuros.
La propuesta no se consumó en aquel momento y el PSOE tuvo que esperar a estar en el poder para que la decisión saltara a la palestra de manera firme. El 17 de junio de 2018, el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, comunicó la decisión de exhumar los restos del dictador como la medida estrella del Ejecutivo y lo hizo nada más llegar a la Moncloa, tras la moción de censura.
El líder de los socialistas aspiraba a "cerrar heridas" haciendo que el Valle de los Caídos dejase de ser un lugar de exaltación del franquismo para convertirse en un mausoleo “de paz” que únicamente acogiera los restos de víctimas de la Guerra Civil.
¿Cuál es el marco legal?
Con el fin de dar cobertura legal a la exhumación, el Gobierno aprobó el 24 de agosto de 2018 el Real Decreto 10/2018 que modificaba la Ley de Memoria Histórica y establecía que en el Valle de los Caídos “solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil”.
El Congreso convalidó el 13 de septiembre ese decreto que trataba de resolver, dijo entonces la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la “anomalía extraordinaria que consiste en tener al dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar donde puede ser exaltado”.
¿Quiénes han estado a favor del traslado?
Los partidos de izquierda y las formaciones nacionalistas han estado de lado del PSOE en la decisión de exhumar al dictador, mientras que el Partido Popular y Ciudadanos mostraron su desacuerdo desde el inicio por calificar la acción de oportunista y por haber sido impulsada a través de un real decreto. Con esos mismos argumentos ambas formaciones decidieron abstenerse en la votación del Congreso.
Además, la propuesta del PSOE fue rechazada con firmeza por el partido ultraderechista Vox y de forma aún más tajante por los familiares de Franco y por la fundación que lleva su nombre. También el prior del Valle de los Caídos ha mostrado una firme oposición a la decisión del Gobierno.
¿Qué fechas estuvieron sobre la mesa?
Inicialmente, el Gobierno habló del mes de julio de 2018 como fecha posible para realizar la exhumación, pero las negociaciones con la familia Franco complicaron los planes de los socialistas.
En agosto de 2018, el Gobierno aprobó el decreto-ley y abrió el expediente administrativo, consciente de que la acción se retrasaría hasta final de ese año, pero ese plazo tampoco pudo cumplirse.
Más tarde, en febrero de 2019, el Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2019 el último trámite para la extracción del féretro del Valle de los Caídos y un mes después quedó fijada una fecha concreta para la exhumación: el 10 de junio. Sin embargo, a seis días de la reinhumación, el Supremo paralizó el proceso de forma cautelar.
Fue el pasado 21 de octubre cuando se dio a conocer la fecha definitiva: jueves 24 de octubre, a las 10:30 horas.
¿Quién ha tenido la última palabra?
Los seis magistrados que componen la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo avalaron el pasado 24 de septiembre avalaron por unanimidad la decisión de exhumar los restos de Franco y trasladarlos al cementerio de El Pardo-Mingorrubio, rechazando en su totalidad el recurso interpuesto por la familia, que quería que los restos fuesen llevados a la cripta familiar ubicada en la catedral de La Almudena.
Además, los jueces señalaron en la sentencia que la inhumación de Franco no es un asunto “estrictamente privado” por la relevancia del “personaje público” y concluyeron que en la jurisprudencia española no hay fallo que diga que "los familiares tienen la facultad incondicionada de disponer sobre esos restos y, en particular, de impedir en todo caso su exhumación".
¿Con qué obstáculos se ha topado el Gobierno?
Los nietos de Franco han sido quienes han opuesto mayor resistencia a la exhumación e, incluso, lograron pararla en su fase decisiva a través de distintas acciones judiciales. En un último intento para frenar la exhumación, los familiares del dictador presentaron un recurso de amparo al Constitucional en el que piden su suspensión cautelarísima.
La mayor parte de las demandas de la familia fueron desestimadas, pero el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, que es hijo y nieto de almirantes franquistas, decidió suspender de manera cautelar la licencia de obra que se creía necesaria para levantar la losa de 1500 kilos que cubre la sepultura y llevar a cabo el traslado del cadáver.
Por otro lado, aunque la Iglesia se ha mantenido en terreno neutro de forma oficial, el prior del Valle de los Caídos ha tratado de obstaculizar los planes de exhumación en las últimas semanas, advirtiendo que no autorizaría el acceso a la basílica y que defendería la "inviolabilidad de los lugares de culto en todas las instancias nacionales e internacionales" a las que tuviese acceso con arreglo al ordenamiento jurídico".
¿Cómo se resolvieron los último escollos?
La sentencia del Supremo despejó la que, a priori, parecía la última gran traba, la relativa a la licencia de obra municipal. Los magistrados determinaron que este permiso no es necesario para levantar la losa, por tratarse de una decisión acordada por el Consejo de Ministros.
Además, los seis jueces apuntaron que “no se advierten especiales problemas de seguridad en la ejecución de los trabajos que no puedan ser prevenidos” y que no se infringiría la legalidad urbanística porque no se trata de una obra mayor.
La autorización definitiva llegó el 10 de octubre, cuando la Sección Cuarta de lo Contencioso anunció que se levantaba la medida cautelar que el propio tribunal estableció en junio, a petición de los tres recursos presentados por la comunidad benedictina del Valle, la Fundación Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos.
¿Por qué El Pardo-Mingorrubio?
Desde que el Gobierno abrió a la familia del dictador la posibilidad de elegir el lugar al que se trasladarían los restos mortales del dictador, los nietos del mismo exigieron que la inhumación se hiciese en la cripta familiar ubicada en la catedral de la Almudena, donde está enterrada la hija de Franco.
Esa elección se convirtió en un nuevo pulso al Gobierno de Sánchez, que rechazó esa opción por tratarse de un enclave ubicado en pleno centro de Madrid que podría desencadenar problemas de seguridad. Además, el Ejecutivo argumentó que en la catedral también se incumpliría la ley de memoria histórica y señaló que los restos no debían estar en ningún otro lugar en el que puedan ser objeto de “homenaje”.
Dado que los Franco no propusieron un sitio alternativo a la Almudena, el Gobierno pudo imponer el sitio que consideró más conveniente, el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, en una nueva decisión que fue recurrida por los nietos del dictador, cuyo abogado presentó al Supremo un informe pericial en el que se detallaba que dicho cementerio era menos seguro para el cadáver que la cripta de la Almudena.
Finalmente, la sentencia del Supremo avaló el traslado de los restos al panteón familiar de Mingorrubio, por motivos de seguridad, y por el riesgo de que la tumba en La Almudena se convirtiera "en un símbolo de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura".
¿Cómo será la exhumación?
Los trabajos de exhumación, que serán encargados a una empresa contratada por Patrimonio Nacional, se llevarán a cabo en dos fases. La primera, según el informe ténico que Patrimonio Nacional remitió al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial en noviembre de 2018, consistirá en la retirada de la lápida de mármol.
Para ello será necesario retirar las losas de mármol negro que rodean la lápida y localizar las hendiduras que se utilizaron para su colocación en 1975. Después de elevar la lápida, los operarios colocarán unos rodillos debajo para poder desplazarla y dejar a la vista el féretro. En la segunda fase y una vez extraído el ataúd, Patrimonio Nacional se centrará en reponer las losas de mármol negro retiradas y en solar el hueco que quede tras la retirada de la lápida.
El plan técnico del Gobierno calcula que la exhumación de Franco llevará tres días de trabajo y tendrá un coste de 11.000 euros.
Por otro lado, el Gobierno ha afirmado que las labores se realizarán a puerta cerrada y sin cámaras para garantizar la intimidad de la familia.
¿En qué se convertirá el Valle de los Caídos?
Una vez exhumado el cadáver del dictador, corresponderá al Gobierno definir el futuro del monumento de Cuelgamuros. De momento solo se ha concretado la intención de convertirlo en un centro de "homenaje" a las víctimas y de "reconciliación".
A lo largo de los años, distintas organizaciones en defensa de la memoria histórica han pedido que se llevara a cabo la exhumación y han contado en su lucha con el apoyo de figuras como el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que defendió en innumerables ocasiones que el Valle de los Caídos debía convertirse en un espacio de memoria.
Como el magistrado, muchos políticos han abogado por darle al conjunto monumental esa categoría genérica de lugar pacífico, pero también ha habido grupos como el PNV que apostaron por su "demolición" y voces aún más radicales, como la del periodista Jon Lee Anderson, que hablaron de “volar con poderosos explosivos ese monumento a la brutalidad” , una idea que fue apoyada por otros colegas de profesión.
Lejos de ese planteamiento, el PSOE propuso en 2017 convertir el Valle en un museo de la memoria, pero se retractó tiempo después por considerar inviable que un recinto con origen franquista y coronado con una enorme cruz pueda convertirse en un espacio laico, de justicia y reparación. Más factible sería, a juicio de los socialistas, proyectarlo como un cementerio civil en el que los visitantes puedan obtener información detallada sobre su historia, siguiendo un modelo similar al campo de concentración de Auschwitz (Polonia).
Esa es también la propuesta que defende Unidas Podemos, mientras que Ciudadanos habló de imitar el cementerio estadounidense de Arlington.
-
Facebook
-
Twitter
-
WhatsApp
-
Copiar Enlace
-
Guardar en Mis Listas
-
Enviar e-mail
