La jueza mantiente en prisión al gerente de Magrudis y a su hijo por el brote de listeriosis

• Desestima los recursos presentados por ambos contra el auto del 26 de septiembre que dictaba su ingreso en prisión provisional
• considera que "existen indicios racionales de criminalidad" y recuerda que "es necesario practicar multitud de diligencias"

El gerente de la empresa Magrudis, José Antonio Marín, tras declarar ante la jueza el pasado 26 de septiembre.

La juez del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, que investiga la causa por el brote de listeriosis producido este verano, ha desestimado los recurso del gerente de Magrudis y de su hijoy ha decidido que continúen en la cárcel.

El gerente y 'administrador de hecho' de Magrudis, José Antonio Marín Ponce, y su hijo mayor, Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de la empresa cárnica, se encuentran en prisión desde el pasado 26 de septiembre después de que la jueza emitiera un auto donde acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de ambos ante el "riesgo de fuga" y a fin de "evitar la ocultación, alteración o destrucción de fuentes de pruebas relevantes" en la investigación sobre el brote de listeriosis..

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la instructora acuerda mantener dicha medida de prisión provisional al considerar, en primer lugar, que "existen indicios racionales de criminalidad" contra ambos, a los que se atribuyen inicialmente un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de fraude alimentario, tres delitos de homicidio por imprudencia, dos delitos de lesiones a feto con resultado de aborto y lesiones imprudentes a un número de personas aún no determinado "que pudiera ascender a 200 personas".

Más diligencias necesarias

Además, recuerda que "es necesario practicar multitud de diligencias", como tomar declaración a la esposa y cuñada del gerente y a los trabajadores de Magrudis y de Elaborados Cárnicos Mario, así como "oír y examinar la documentación" de los laboratorios Microal y Biocontrol.

El auto recuerda que Marín "pretende ahora responsabilizar a los laboratorios y administraciones" y adelanta que ese hecho "sin duda va a ser investigado por este juzgado", pero aclara que "es de sentido común que debió adoptar medidas al menos en febrero de 2019, cuando supo de la presencia de la bacteria en un lote de carne mechá".

"Se limitó a tirar a la basura el lote contaminado, sin que adoptara las más mínimas medidas y precauciones para evitar el resultado que desgraciadamente tuvo lugar", denuncia la instructora.

La instructora revela que "en algunas de las conversaciones telefónicas" con algunos trabajadores y comerciales, Marín les "ordenaba quitar información de la empresa y tirar a la basura unas tarrinas recogidas, es decir, destruir documentos y deshacerse de productos elaborados por Magrudis".

El auto también habla de "ocultación de información a las autoridades sanitarias" en agosto "por parte de ambos investigados", ya que "el día 14 se les solicita por primera vez información y que faciliten listado de distribución y entregan una lista de clientes incompleta".

"Con posterioridad, tras nuevos requerimientos", entregaron "un simple listado de proveedores sin datos de trazabilidad alguna", agrega.

Ocultación de información esencial

El 17 de agosto, cuando el juzgado les pidió "información de otros productos", el gerente manifestó "que no seguirá dando información sin documentación y sin el correspondiente procedimiento", con lo cual "ocultó la existencia de la marca blanca, que fue detectada por la autoridad sanitaria el 21 de agosto".

Según la magistrada, Marín "ocultó información esencial para evitar que las personas continuaran consumiendo productos infectados ocultando la fabricación de chorizo, que fabricaron hasta julio de 2019, cuando les fue requerido el listado de productos Magrudis".

La instructora habla de "reiteración delictiva", ya que "aún no se sabe con seguridad cuántos lotes de carne mechada y de los otros productos han sido contaminados ni si se ha producido su efectiva retirada del mercado", por lo que "es necesario recabar dicha información".

En cuanto al hijo, la jueza dice que "resulta inaceptable que alegue que era un mero testaferro y que se limitaba a cumplir las órdenes de su padre, pues él mismo reconoce que sí tomaba decisiones", por lo que recuerda que "alegar desconocimiento de los protocolos a seguir para evitar la presencia de listeria no lo exime de su responsabilidad".