El 'procés' no se agota en el Supremo: el juicio a Trapero y otras causas pendientes del 1-O

• El 20 de enero de 2020 comenzará en la Audiencia el juicio contra el mayor de los Mossos por rebelión
• El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará en noviembre a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament

El jefe de los Mossos el 1-O, el mayor Josep Lluís Trapero, a su llegada al Supremo el pasado mes de marzo

La sentencia del 'procés' del Tribunal Supremo, que ha impuesto penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición a los principales líderes independentistas catalanes, no agota las causas judiciales abiertas por la celebración del referéndum ilegal del 1-O en otoño de 2017 más allá de los recursos que los condenados decidan interponer ante el Constitucional o Estrasburgo alegando vulneración de derechos fundamentales ya que el fallo en sí es firme.

De momento, dos de los juicios pendientes de celebrarse por aquellos hechos ya tienen fecha: el de la Audiencia Nacional que sentará en el banquillo al mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por presunta rebelión, y el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que juzgará por desobediencia a los excompañeros de Carme Forcadell en la Mesa del Parlament. Mientras, sigue investigándose en otras instancias judiciales la organización de la consulta y las cargas policiales.

La decisión del alto tribunal de descartar el delito de rebelión -porque la violencia que ha quedado "suficientemente acreditada" ni buscaba la independencia ni hubiera sido idónea para ello- y el propio relato de los hechos probados sobre lo ocurrido durante el llamado 'procés' influirá previsiblemente en el resto de procesos, especialmente en el juicio contra Trapero, que podría ver reducida la petición de penas para él si la Fiscalía cambia su escrito de acusación.

1. Trapero, en el banquillo de la Audiencia

El juicio contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero por rebelión comenzará el próximo 20 de enero en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide para él 11 años de prisión por haber presuntamente contribuido de "forma decisiva" a que el cuerpo policial se pusiera al servicio del plan secesionista, junto al exdirector del cuerpo policial Pere Soler y el ex número dos de Interior César Puig, para los que el Ministerio Público pide la misma pena.

En su escrito de acusación, le acusa además de idear un plan de actuación para el 1-O "fraudulento, en cuanto deliberadamente ineficaz" y de autorizar seguimientos a Policía y Guardia Civil con el "inequívoco propósito" de "obstaculizar" su labor el día del referéndum. La única que está acusada de sedición -el delito finalmente considerado probado por el Supremo- es la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para la que la Fiscalía pide 4 años de cárcel por su actuación en la protesta ante Economía.

Trapero confirma que alertaron a Puigdemont del riesgo de "conflictos graves" de orden público y seguridad

Fuentes del Ministerio público señalan a RTVE.es que ahora no es el momento de valorar si la Fiscalía de la Audiencia cambiará su escrito de acusación contra Trapero, Soler y Puig a la vista de la sentencia del Supremo que descarta la rebelión. Podríara hacerlo -si así lo decidiera- hasta la presentación de su informe final en el juicio, informa Isabel Palacios.

Si lo Fiscalía no lo hace y la Audiencia Nacional descarta también la rebelión para decantarse por la sedición -teniendo en cuenta la argumentación del Tribunal Supremo como instancia judicial superior que sienta jurisprudencia- Trapero tendría que ser absuelto porque el llamado principio acusatorio no permite condenar a una persona por un delito distinto al que le atribuye una acusación.

Aunque el Supremo sí considera probado que el dispositivo de los Mossos diseñado para el 1-O fue a "todas luces insuficiente" y que los agentes se comportaron con "auténtica complicidad" y "casi connivencia" durante la consulta, destaca a la vez el papel de Trapero cuando advirtió al expresidente catalán Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y al esconseller de Interior Joaquim Forn de "graves incidentes" si no desconvocaban el referéndum.

Al margen del juicio de la Audiencia, la actuación de los Mossos el 1-O se investiga también en Cataluña. En octubre de 2018, el juzgado de instrucción número 3 de Cornellá de Llobregat, en Barcelona, imputó a siete miembros de la cúpula de los Mossos. Entre ellos, al comisario Ferrán López, ex número dos de Trapero, al que sustituyó tras la aplicación del artículo 155.

2. La Mesa del Parlament el 1-O, a juicio en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña juzgará a cinco exmiembros de la Mesa del Parlament -Lluís Corominas, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, del PdeCAT, Anna Simó, de ERC y Joan Nuet, del entonces partido Catalunya Sí que es Pot- y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya los días 28 y 29 de noviembre y 3 y 4 de diciembre.

Los seis están acusados de desobediencia grave tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, un delito que no conlleva penas de prisión, solo multa e inhabilitación. En el caso de los exmiembros de la Mesa se les acusa de haber permitido la tramitación de normas y leyes encaminadas a la declaración de independencia.

Todos ellos fueron procesados inicialmente por el Supremo, pero el alto tribunal envió esta parte de la causa al TSJC para que fueran juzgados en Cataluña. Sin embargo, la que era presidenta del Parlament el 1-O, Carme Forcadell, ha sido juzgada por el Supremo, que finalmente la ha condenado a 11 años y 6 meses por sedición.

3. Ex altos cargos del Govern procesados por el 1-O

La Audiencia de Barcelona tendrá que juzgar a 30 procesados -entre ellos ex altos cargos de la Generalitat, funcionarios y empresarios- por la organización del referéndum del 1-O, pero aún no hay fecha para el juicio. El Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona les procesó por presunta malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación el pasado mes de abril, cuando concluyó la investigación sobre la primera causa abierta en relación al procés, que barajó inicialmente el delito de sedición.

Entre ellos está el ex secretario general de Diplocat Albert Royo, o los ex altos cargos del Govern Antoni Molins o Francesc Sutrías, entre otros. También está procesada la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals Núria Llorach y los directores de TV3 y Catalunya Radio, Vicent Sanchís y Saül Gordillo.

La jueza instructora les acusó de tener un "plan común" para contribuir de "manera decisiva" a la organización de la consulta ilegal. "Dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, siguiendo las directrices marcadas por los distintos departamentos de la Generalitat (...) dispusieron de fondos públicos para financiar el referéndum. Tras su procesamiento, la Fiscalía intentó que se les atribuyera también un delito de organización criminal, pero la jueza lo rechazó.

En el marco de esta investigación, el Juzgado de instrucción número 13 remitió la causa correspondiente a Josep María Jové, el ex número dos de Oriol Junqueras, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por ser aforado. Hace unos días el TSJC imputó también al exsecretario de Hacienda Josep Lluís Salvadó, también diputado en el Parlament. Los dos están siendo investigados por presunta malversación, revelación de secretos y desobediencia grave.

4. Investigación de las cargas policiales del 1-O

Varios juzgados de Cataluña están investigando, además, las cargas policiales del 1-O. El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona investiga actualmente la intervención en más de una veintena de colegios electorales de la capital catalana. Hay 26 piezas separadas con más de 60 investigados. Aún se están practicando declaraciones en fase de instrucción, según los datos facilitados por el TSJ de Cataluña.

El pasado 18 de septiembre, el juez citó como investigados a otros ocho inspectores jefe del cuerpo, responsables de los dispositivos policiales en esos centros y solicitó al Ministerio del Interior información sobre la "cadena de mando" del operativo de aquel día y de las reuniones en las que se planificó la intervención para impedir la votación.

En Girona, el Juzgado de instrucción número 2 también investiga las cargas policiales con casi una veintena de agentes investigados.