Dos directivos del almacén gasista Castor serán juzgados por un delito medioambiental

• El juez instructor considera que eran "conscientes de la potencial peligrosidad sísmica" de inyectar gas en el almacén
• Por el contrario, la investigación contra otros diez imputados, todos ellos funcionarios del Estado, ha sido archivada

Plataforma del almacén de gas Castor, en una imagen de archivo.

Dos directivos de la empresa Escal UGS, controlada por ACS y adjudicataria del proyecto de almacenamiento gasista Castor en la costa castellonense, serán juzgados por delito medioambiental, según ha informado este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, al considerar el juez instructor que autorizaron la inyección de gas a sabiendas de la "potencial peligrosidad sísmica" que acarreaba la actividad.

El juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, en Castellón, que lleva el caso y ha dictado el auto de procedimiento abreviado contra los dos directivos -fechado este martes y notificado ya a las partes-, el instructor señala que los dos responsables del proyecto acordaron empezar entre los días 2 y 5 de septiembre de 2013 la fase de inyección de gas en la planta, pese a que eran "conscientes de la potencial peligrosidad sísmica que su actividad podría acarrear".

Esa actividad en el gasoducto provocó el 5 de septiembre un aumento de la sismicidad del que el Observatorio Sísmico del Ebro alertó a la compañía y a sus responsables cuatro días más tarde.

"En ese momento, siendo plenamente conscientes y conocedores de la peligrosidad sísmica que su actividad estaba produciendo con peligro para el medio ambiente y las personas, continuaron inyectando gas hasta el día 11, retomando las inyecciones el día 11 a las 22:00 horas", precisa el juez. Y lo hicieron a partir de ese día y hasta el 13 de septiembre -añade en la resolución- "a un nivel muy superior al que inyectaron en fecha 5 a 8 de septiembre, y en fases anteriores".

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Más de 500 seísmos

Esa situación desencadenó una "gran serie de sismos en la zona", hasta 519, que se prolongó hasta el 4 de octubre y ocasionó "daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y Sant Carles de la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto.

Además, esos movimientos sísmicos generaron, en opinión del juez, "una situación de peligro potencialmente catastrófico que se prolongó hasta que, finalmente, por parte de la Administración, se acordó el cese de la actividad hasta que no hubiese garantías de que se podía continuar sin riesgo alguno". Es más, tal y como recoge el auto, "hoy en día continúa el gas almacenado en el almacenamiento subterráneo sin que sea posible su extracción en condiciones de seguridad para las personas y el medio ambiente".

Por el contrario, el juez archiva las diligencias para otros diez investigados, todos ellos funcionarios del Estado, al descartar que incurrieran en un delito de prevaricación medioambiental durante la tramitación de los permisos para el funcionamiento del almacén de gas, que contaba con una declaración de impacto ambiental favorable.

Es más, considera que su actuación incluyó la firma de un convenio que, probablemente, permitió advertir el riesgo de peligrosidad sísmica "y, muy probablemente, la realidad, sin dicha monitorización sísmica, después de los más de 500 sismos producidos en septiembre del año 2013, sería catastrófica".