El juez prorroga dos años más la prisión de Villarejo por el "evidente" riesgo de fuga

• El juez aprecia riesgo de fuga por su capacidad económica y un "alto riesgo" de destrucción de pruebas
• Afirma que el excomisario montó una "estructura paraestatal" que "comprometió gravemente el servicio público"

Imagen de archivo del excomisario José Manuel Villarejo.

El juez Manuel García Castellón ha prorrogado dos años más la prisión preventiva del excomisario José Villarejo, encarcelado desde el 5 de noviembre de 2017, al ver "evidente" el riesgo fuga por su "capacidad económica", en un auto en el que afirma que el excomisario montó "una estructura paraestatal" mientras estuvo en activo en la Policía Nacional comprometiendo "gravemente el servicio público".

En un auto de 19 páginas, el juez de la Audiencia Nacional toma esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción y la acusación que ejerce Podemos reclamaran la prórroga de la prisión por riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva, los tres aspectos que ha tenido el juez en cuenta para acordarla.

Además, el magistrado desgrana seis de las 14 piezas activas del caso Tándem que no están bajo secreto, y acusa al excomisario de montar una "estructura paraestatal" que comprometió "gravemente el servicio público" y puso "en tela de juicio la autoridad del Estado".

En ocasiones, indica el juez, el excomisario intervino "por medio poco ortodoxos en la vida personal" de sus investigados y llegó incluso a utilizar "la más alta tecnología" para acceder a correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, como cámaras dotadas de potentes zooms y micrófonos, para luego coaccionar a sus víctimas.

Eso si no conseguía la información directamente a través de sus colaboradores en la Policía, como el excomisario Enrique García Castaño, alias "el Gordo", quien, según el juez, colaboraba con Villarejo de forma "periódica y constante".

Un "alto riesgo" de destrucción de pruebas

Sobre el riesgo de fuga, el juez destaca "su capacidad económica", "el alto nivel económico descubierto", a través de un patrimonio que en algunos casos está a nombre de terceras personas.

Se estima que cuenta con un patrimonio de más de 16 millones de euros en España y en el extranjero, lo que, según el juez, demostraría "una estructura financiera capaz de generar estructuras para sustraerse" de la acción de la justicia.

A todo esto se une "la posesión de dos DNI con identidades que no le corresponden y que no devolvió en el momento de su pase a la jubilación" y de "un pasaporte español con hojas en blanco que le fue incautado".

Todos estos elementos, además de la estructura societaria que Villarejo desplegó "por todo el mundo" y que ha llevado a librar las correspondientes comisiones rogatorias, "evidencian" para el magistrado, que la "estructura del investigado podría ser utilizada para sustraerse de la presente causa".

Junto al riesgo de fuga, también aprecia un "alto riesgo" de destrucción de pruebas y explica que la investigación ha permitido conocer "el destino del dinero ilícitamente obtenidos" a través de su entramado societario, "dinero que a su vez procede de transacciones bancarias que permiten conocer el origen nacional e internacional de las cantidades que le fueron abonadas", lo que ha llevado a la apertura de las correspondientes piezas de la causa y que el juez eleva ya a 16.

Villarejo dispone de copias del material incautado

Actualmente, indica el auto, "dado el estado de desencriptación" y que se está a la espera "de analizar los audios de más encargos", "la modificación de su situación actual (la de Villarejo) podría favorecer la destrucción de pruebas tanto a nivel nacional como internacional".

El juez también cree "evidente" el riesgo de reiteración delictiva, recordando que cuando se le detuvo mantenía su estructura en funcionamiento, "destacando como en reiteradas conversaciones grabados por el mismo hace alusión a que lleva más de 30 años realizando las actividades" por las que se le investiga.

Además, "él mismo afirmó disponer de varias copias del material incautado", por lo que de quedar en libertad, "podría ser utilizado directamente por el investigado para continuar con la actividad delictiva.

En el auto, el magistrado hace un repaso de la causa que se inició a raíz de que un abogado, de origen ecuatoguineano, denunciara ante la Fiscalía Anticorrupción la concesión irregular y arbitraria de visados a ciudadanos guineanos que implicaban a Villarejo y al excomisario del aeropuerto de Madrid-Barajas, Carlos Salamanca, el germen de la Operación Tándem.

A partir de su detención y con la incautación de las numerosas grabaciones que fue acumulando, la investigación ha dado pie a lo largo de estos dos años a la apertura de un total de 16 piezas de contenido dispar y que recogen los encargos que recibió por parte de particulares o empresas como el BBVA.