La justicia belga aplaza la vista sobre la euroorden de Puigdemont al 16 de diciembre

• Los abogados del 'expresident' han solicitado un aplazamiento para "contar con más tiempo" para preparar la defensa
• La Fiscalía belga es partidaria de la extradición. El Gobierno advierte de que actuará si Bélgica se niega a la extradición

La justicia belga aplaza al 16 de diciembre la vista sobre la extradición de Puigdemont

El Tribunal de primera instancia de Bruselas ha aplazado la vista sobre la euroorden contra el expresidente catalán Carles Puigdemont el próximo 16 de diciembre, a petición de la defensa.

"Hemos comparecido tal como se nos pidió. La vista ha durado muy poco porque el tribunal finalmente ha aceptado nuestra petición de formar la vista hasta el 16 de diciembre", ha expuesto Puigdemont a la salida.

Sus abogados han solicitado un aplazamiento de la vista para contar "con más tiempo para preparar" la defensa del expresidente catalán, con el argumento de que apenas han tenido 24 horas para estudiar el dossier y aludiendo a la complejidad del caso.

"Por supuesto, contestaremos a través de observaciones escritas. Invocaremos la inmunidad y usaremos los mismos argumentos que hace dos años, porque están en juego los mismos argumentos y algunos adicionales", ha afirmado su abogado Simon Bekaert.

Puigdemont se encuentra en libertad sin fianza, pero sujeto a condiciones como tener una residencia fija en Bélgica y no salir del país si no es con autorización del juez, a la espera de que se resuelva su caso.

Así lo dispuso el juez de instrucción ante el que Puigdemont tuvo que prestar declaración el pasado viernes, tras la reactivación de la euroorden de Llarena hace una semana.

La Fiscalía belga es partidaria de que el tribunal ejecute la orden europea de detención y entrega (OEDE) para que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sea entregado a España por sedición y malversación, los dos delitos por los que le reclama la Justicia española, según han informado a Europa Press fuentes de su defensa.

"Piden la extradición por los dos delitos", ha informado Paul Bekaert, el abogado belga del político independentista, indicando así que la Fiscalía de Bruselas defiende la posición del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, aunque no aclare cuál sería la equivalencia de delitos en el sistema belga.

El Gobierno prevé actuar si Bélgica se niega a la extradición

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha advertido en declaraciones en Onda Cero de que el Gobierno no entendería que el Estado belga "no entregue a quienes están huidos de la Justicia española".

Una decisión que, de producirse, no es respetable porque supone negarle a una democracia la garantía de que la Justicia es igual para todos. "No entenderemos que el Estado belga no reconozca la plenitud de la democracia negando que se sienten ante la Justicia" quienes están acusados de delitos por los que ya hay una sentencia, ha recalcado.

Si Bélgica finalmente se niega a entregar a Puigdemont, el Gobierno tomará las decisiones que considere oportunas, ha añadido.

Plazos para resolver la euroorden

En cualquier caso, sea cuando fuere que el juez tome su decisión sobre la entrega o no de Puigdemont a las autoridades españolas, las partes en el proceso -Fiscalía belga y defensa- dispondrán de un plazo de 24 horas para presentar un recurso y el caso pasaría entonces a la Corte de Apelación.

Quedaría aún una última instancia, el Tribunal de Casación (equivalente al Tribunal Supremo español), que puede pronunciase sobre la forma pero no sobre el fondo del proceso.

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, estos plazos están previstos para personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas a la espera de que se resuelva su asunto, por lo que en caso de que los reclamados se encuentren en libertad, como es el caso de Puigdemont, los plazos pueden ser mucho mayores.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.