FCC, imputada por pagar presuntamente 82 millones en comisiones para adjudicarse varias obras en Panamá

• La Audiencia Nacional le imputa por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales
• Según el auto, el pago se hizo para obtener la construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá

FCC, imputada por pagar presuntamente 82 millones en comisiones para adjudicarse varias obras en Panamá

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha imputado a la empresa FCC por delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago, presuntamente, de 82 millones de euros de comisiones para la adjudicación de la construcción de dos líneas del metro y de la Ciudad de la Salud de Panamá.

En el auto, conocido este miércoles, el magistrado dirige el procedimiento contra las filiales FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias e incluye el relato de la Fiscalía Anticorrupción, que describe cómo los directivos de esas mercantiles investigadas, junto a personal de la multinacional Odebrecht, "diseñaron un esquema de corrupción".

En concreto, ese esquema consistía en sobredimensionar el suministro de acero necesario para construir el metro de Panamá y en facturarlo al doble de su precio. Así, "y a cargo del propio contrato público, se obtuvieron los fondos para los pagos de dádivas comprometidas con empleados y dirigentes políticos de Panamá".

Las filiales de FCC "conocieron y participaron" de los sobrecostes

El desvío de dinero se hacía a través de sociedades pantalla administradas por directivos de FCC y Odebrecht, según se relata en el auto del magistrado. Estas personas ya han declarado en el juzgado como investigadas por delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de capitales.

Sin embargo, el instructor considera que las tres mercantiles de FCC deben estar imputadas en la causa porque "presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes en los contratos del suministro del acero para los Proyectos del Metro de Panamá y Ciudad Hospitalaria de Clayton".

Esos fondos, señala el juez, "fueron destinados a los presuntos pagos de corrupción a través de una secuencia de sociedades instrumentales y circuito de cuentas bancarias para acabar abonando esas ganancias ilícitas en pagos de corrupción encubiertos como comisiones comerciales y a terceros responsables políticos y empleados públicos".

Ex altos directivos de FCC participaron en la presunta corrupción

Los hechos ahora investigados se iniciaron en 2017, a raíz de una querella contra un asesor jurídico de la multinacional brasileña Odebrecht, por posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal cometidos entre 2009 y 2015. Esta mercantil se sirvió de sociedades pantalla españolas para blanquear cantidades procedentes de los sobornos abonados por diversas constructoras a cambio de adjudicaciones.

Tras recibir la investigación judicial en enero las informaciones de una Comisión Rogatoria de Suiza sobre los hechos investigados, en mayo y junio FCC presentó dos denuncias ante Anticorrupción sobre los acuerdos comerciales suscritos en relación con los hechos investigados.

La empresa aportó 38 facturas y transferencias libradas desde esta compañía al entramado investigado, por un importe de 82.768.849 euros, entre los años 2010 y 2014 por servicios no prestados, según la compañía, y para dar cobertura a pagos por presunta corrupción.

El juez explica que la denuncia de FCC CO pone de manifiesto la participación de varios altos directivos (actualmente cesados) de estas mercantiles en los acuerdos de presunta corrupción respecto a 13 obras de infraestructuras que licitaban en Panamá, Costa Rica, Salvador y Nicaragua.

"Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad", según el juez

Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda corresponder a estas personas, el juez argumenta que la misma "debe trascender a la compañía porque no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementó eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de la empresa".

"Estas personas que actuaron bajo el paraguas de las referidas mercantiles eran altos ejecutivos de la cúpula directiva de FCC CO, con distintos niveles de dirección y responsabilidad en distintas filiales y en la matriz, actuaron desviadamente durante cuatro años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros, a través de transferencias de las propias cuentas de la mercantil FCC CO, contabilizadas y visadas con varias firmas y autorizaciones de su cúpula directiva", añade el magistrado.

Todo ello, según el auto, revela indiciariamente "que no se definió una ética de empresa, ni existieron instrumentos de prevención dirigidos a instaurar una cultura de respeto a la legalidad vigente. Los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad y unas conductas que atacaron gravemente a la libre y recta competencia en la contratación internacional".