El juez del 'procés' Manuel Marchena, reelegido presidente de la Sala Segunda del Supremo para los próximos cinco años

• Ha recibido 19 votos en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial

El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, en una imagen de archivo en el Palacio Real. 

El magistrado del juicio del 'procés', Manuel Marchena, seguirá presidiendo la Sala Segunda del Tribunal Supremo durante los próximos cinco años después de haber sido reelegido en el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con 19 votos a favor y dos en blanco, según ha informado el alto tribunal en un comunicado.

Marchena era el único candidato que se ha presentado al cargo tras concluir el mandato de cinco años para el que fue designado en noviembre de 2014.

Marchena, que llegó al Supremo desde la carrera fiscal, a la que accedió tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Deusto en 1981, afronta así su segundo mandato como presidente de la Sala Segunda.

Su nombre adquirió relevancia antes incluso de presidir el tribunal del 'procés', ya que el frustrado acuerdo alcanzado el año pasado por el PP y el PSOE, que trabaja en funciones desde diciembre, lo situaba al frente del órgano de gobierno de los jueces.

Pero Marchena acabó renunciando en defensa de su independencia.

Lo hizo después de que se filtrara un whatsapp del entonces portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó en el que defendía ante su grupo parlamentario el pacto alcanzado con los socialistas y destacaba que permitiría controlar "por detrás" la Sala Segunda del Supremo.

Comenzó como fiscal en 1985

Marchena comenzó su carrera como fiscal en la Audiencia Territorial de Las Palmas en 1985 y después pasó por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

En 2004 fue nombrado fiscal de Supremo, con destino en la sección penal, y en 2007 fue elegido magistrado de la Sala Segunda del alto tribunal, de la que fue nombrado presidente en 2014.

El CGPJ destaca su trabajo como ponente en resoluciones como la que avaló que la llamada 'lista Falciani' fuera prueba válida para una condena por delito fiscal en España; otra que consolidó la jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas; y la reciente sentencia del 'procés'.