Madrid denuncia al Gobierno central para exigirle 377 millones de euros de la liquidación del IVA de 2017

• El recurso, presentado ante la Audiencia Nacional, fue anunciado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso
• El Ejecutivo central insiste en que no se puede compensar el desajuste porque los presupuestos están prorrogados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid ha denunciado este miércoles al Gobierno de España. El Ejecutivo autónomico le exige al gabinete de Pedro Sánchez la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017, que estima en 377 millones de euros.

El recurso contencioso-administrativo, presentado ante la Audiencia Nacional, fue anunciado este martes por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la red social Twitter, donde dijo que "el Gobierno socialista no puede seguir dando la espalda a los madrileños".

La Comunidad de Madrid recurre el documento que contiene la liquidación de los recursos del Sistema de Financiación autonómica correspondiente al ejercicio de 2017, y además impugna de forma indirecta el artículo 71.4 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido redactado en 2016 "del que deriva la liquidación de ese impuesto correspondiente al año 2017".

Se ha vulnerado el principio de "lealtad institucional"

El motivo para recurrir a los tribunales, según el Gobierno regional, es que el Ejecutivo central ha señalado que no se puede compensar el desajuste que se produjo en 2017 en la liquidación del IVA debido a la prórroga presupuestaria y a que el Ejecutivo está en funciones. Es lo que expresó la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuando se aprobaron las entregas a cuenta el pasado 11 de octubre.

Montero afeó entonces a los partidos de la oposición que "hoy estén exigiendo a un Gobierno en funciones y sin Presupuestos que arregle un problema que provocó el señor (Cristóbal) Montoro [entonces ministro de Hacienda con el PP]" cuando "tumbaron un proyecto de Presupuestos [los de 2019] que arreglaba esta cuestión".

Sin embargo, el Gobierno regional entiende que se ha vulnerado el principio de "lealtad institucional", recogido en la Ley 22/2009 de financiación de las comunidades autónomas, que señala que "en el marco del principio de lealtad institucional, la Administración General establecerá todos los mecanismos que garanticen que las normas estatales que supongan incrementos de gasto o reducciones de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas contengan la valoración correspondiente".

Qué ocurre con el IVA de 2017

El conflicto se remonta a 2017, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha el nuevo suministro inmediato de información (SII) del IVA, que implicó la ampliación del plazo que tienen las empresas para liquidar este impuesto. Esto supuso que el IVA que en condiciones normales se hubiera ingresado en diciembre de 2017 no lo hizo hasta enero de 2018, por lo que, en la práctica, el impuesto recaudó en 2017 ingresos equivalentes a once meses en lugar de doce.

Este desfase -según señala Efe- no supuso un problema para las comunidades autónomas -que reciben la mitad de la recaudación de IVA- en ese momento porque habían ingresado adelantos equivalentes a doce meses, pero sí este año, que es cuando han liquidado el ejercicio 2017 en el que solo tienen derecho a ingresos de once meses.

Para resolver esta cuestión, el Gobierno propuso adelantar el plazo para que las empresas liquidaran el IVA en diciembre, de manera que esos ingresos volverían a entrar en el último mes del año y, de manera extraordinaria, 2019 tendría trece meses de IVA -al incluir diciembre de 2018 y diciembre de 2019-.

El adelanto de estos ingresos hubiera eliminado el impacto de la mermada liquidación de 2017 de las comunidades autónomas al incrementar los recursos de 2019, pero no pudo ponerse en marcha al resultar rechazado el proyecto presupuestario.