El Supremo reactiva las euroórdenes contra los 'exconsellers' Comín, Ponsatí y Puig para su extradición

• Llarena reclama a Comín por sedición y malversación, a Ponsatí por sedición y Puig por malversación y desobediencia
• Comín y Puig tienen previsto entregarse en los próximos días a las autoridades belgas y Ponsatí, a las escocesas

Imagen de archivo de Clara Ponsatí y Toni Comín en Bruselas

El juez del Tribunal Supremo que instruyó el 'procés', Pablo Llarena, ha dictado este martes nuevas euroórdenes de detención y entrega contra los exconsellers catalanes Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, como solicitó la Fiscalía la semana pasada tras conocerse la sentencia del pasado 14 de octubre contra los doce líderes independentistas ya juzgados. Los dos primeros viven en Bélgica, a donde huyeron con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont hace dos años, y la tercera reside en Escocia tras pasar también por Bruselas en un primer momento.

Las órdenes europeas, internacionales y nacionales de captura e ingreso en prisión contra los tres procesados en rebeldía se emiten por los delitos de sedición y malversación en el caso de Comín (Salut); por sedición en el de Ponsatí (Enseñanza); y por malversación y desobediencia en el de Puig (Cultura), según han informado fuentes jurídicas. En el caso de Ponsatí el Ministerio Público había pedido también su entrega por malversación, pero Llarena ha excluido finalmente este delito.

Fuentes de su defensa han confirmado a Europa Press que los tres se entregarán en los próximos días a las autoridades belgas -en el caso de Comín y Puig- y a las escocesas, en el caso de Ponsatí. El abogado de esta última, Aamer Anwar, ha confirmado que se entregará ante la Policía escocesa en Edimburgo el próximo jueves. El letrado ha señalado que en Escocia "no existe el delito de sedición" y ha destacado que Ponsatí se declara "inocente", informa Efe.

Las euroórdenes se han remitido a estos dos países y a las oficinas de coordinación policial europea Sirene. Las internacionales se han entregado a Interpol, en caso de que alguno de los tres deje el territorio de la UE.

Hasta ahora, Llarena había dictado solo la euroorden de detención contra el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont el mismo día que se conoció la sentencia. Puigdemont, que vive actualmente en Waterloo (Bélgica), se encuentra en libertad condicional tras comparecer ante la justicia de este país. La vista para la resolución de la extradición se retrasó hasta el 16 de diciembre para dar más tiempo a su defensa para presentar las alegaciones.

La sentencia refuerza el auto de procesamiento, según Llarena

En el auto de 59 páginas sobre Comín, Ponsatí y Puig, el juez Llarena consiera plenamente justificada la petición realizada por la Fiscalía el pasado jueves porque aunque el resultado probatorio de la sentencia del 'procés' no sea directamente extrapolable a los procesados en rebeldía sí "reafirma la conclusión del auto de procesamiento" en el sentido de que los tres "perpetraron una serie de actuaciones que, sin seguridad pero con firmeza, presentan indicios racionales de criminalidad".

Estos indicios de criminalidad -añade Llarena- "no solo persisten, sino que cuentan hoy con una sentencia que opera como elemento de refuerzo respecto del pronóstico de responsabilidad de los fugados".

En el caso de Comín y Ponsatí, el juez les atribuye un delito de sedición porque ambos, como consellers de Salut y Enseñanza en aquellas fechas, respectivamente, facilitaron que los centros de atención primaria y los centros escolares fueran usados como lugares de votación para la celebración del referéndum ilegal del 1-O.

No ve malversación en la actuación de Ponsatí

Llarena atribuye además un delito de malversación a Comín y a Puig porque el compromiso de pago de los más de 979.000 euros en los que se valoró la distribución de 56.000 cartas certificadas para los miembros de las mesas electorales y de más de cinco millones de tarjetas censales por parte de Unipost "se disimuló y fraccionó" entre varias consejerías, entre ellas la de Cultura (238.003,35 euros) y la de Salut (233.180,55 euros).

En el caso de Ponsatí rechaza pedir su extradición por este último delito porque la sentencia considera que son constitutivos de malversación los gastos generados por "la obtención de toda prestación onerosa orientada a la celebración del referéndum ilegal, aún cuando su importe no hubiera llegado a ser satisfecho", pero no la cesión de locales para la celebración de la votación por el supuesto valor de uso de estos inmuebles, que es a lo que se habría limitado la exconsellera de Enseñanza.

Aunque todos los miembros del Govern del 1-O firmaran un acuerdo para responsabilizarse solidariamente de los gastos del referéndum, la responsabilidad penal por malversación requiere que se realicen "actos materiales, nucleares o no, de ejecución", añade el auto.

Torra critica la activación de las euroórdenes

El actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha trasladado a los tres exconsellers su apoyo en un mensaje en redes sociales en las que ha asegurado que derrotarán "las nuevas euroórdenes de un Estado en plena deriva autoritaria y carcomido por el espíritu de la venganza".