El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que la reforma judicial de Polonia viola el derecho comunitario
- Considera ilegal bajar la edad de jubilación de los jueces y que el Gobierno decidiera si prolongaba su mandato
- La decisión es un nuevo revés para el Ejecutivo ultranacionalista de Ley y Justicia en su pugna con Bruselas
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este martes que las medidas adoptadas en la reforma de la justicia impulsada hace dos años por el Gobierno de Polonia, que reducía la edad de jubilación de los jueces y abría la puerta a un mayor control político de la judicatura, son "contrarias al derecho de la Unión Europea", en lo que supone un nuevo revés contra el Ejecutivo ultranacionalista polaco en su pugna con las instituciones comunitarias por este asunto.
En concreto, tras evaluar la denuncia que interpuso la Comisión Europea, el tribunal considera ilegal establecer una edad de jubilación distinta para los magistrados según sean hombres o mujeres y, sobre todo, la capacidad que se reservaba en esa reforma al ministro de Justicia de prolongar el mandato de los jueces a discreción.
Así, la sentencia establece que el Gobierno de Varsovia "no cumplió sus obligaciones en el marco de la ley de la UE, primero, al establecer una edad de jubilación diferente para hombres y mujeres que fueran jueces o fiscales públicos en Polonia y, segundo, al bajar la edad de jubilación de los tribunales ordinarios mientras concedía al ministro de Justicia el poder de extender el período de servicio activo de esos jueces".
El Ministerio de Exteriores polaco ha reaccionado a través de un comunicado en el que califica la sentencia de "injustificada", según Reuters, toda vez que el Gobierno ha introducido enmiendas en la normativa propuesta, igualando la edad de jubilación de jueces y juezas. En cualquier caso, si la Comisión Europea considera que Varsovia no cumple con la decisión del tribunal, podría imponer sanciones a Varsovia.
Pugna por la independencia de la justicia
La reforma, aprobada en 2017, rebajaba la edad de jubilación de los jueces de los tribunales ordinarios y de los fiscales del ministerio público, así como de los magistrados del Tribunal Supremo, de los 67 años a 60 para las mujeres y 65 para los hombres. Asimismo, concedía al ministro de Justicia la prerrogativa de prolongar el mandato de los funcionarios que lo solicitaran, aunque sin establecer los criterios para ello ni ofrecer la posibilidad de apelar la decisión.
Su consecuencia práctica era que una veintena de los 72 jueves del Supremo se verían obligados a retirarse, incluida su presidenta desde 2014, Małgorzata Gersdorf, que había bloqueado algunas decisiones del Gobierno ultranacionalista y que se negó a acatar la ley. En cualquier caso, la reforma judicial fue vetada en última instancia por el presidente polaco, Andrzej Duda, elegido como candidato de Ley y Justicia pero que abandonó el partido en 2015.
Porque la normativa provocó una multitudinaria contestación en las calles de las principales ciudades polacas y, sobre todo, puso en guardia a la Comisión Europea, que, en primer lugar, abrió un procedimiento de infracción que, incluso, podría privar a Varsovia de su derecho de voto en las decisiones comunitarias y, posteriormente, tras consumarse la aprobación de la reforma, denunció al Gobierno polaco ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Sin embargo, la pugna no ha afectado a los resultados electorales de Ley y Justicia, que en octubre de este año revalidó su mayoría absoluta en la cámara baja del Parlamento polaco, aupado por sus políticas nacionalistas y las ayudas sociales a las clases populares, si bien no pudo hacer lo mismo en el Senado ni se hizo con suficientes diputados en el Sejm para impulsar una reforma de la Constitución, como era su objetivo.