¿De quién depende la Fiscalía?
- El Gobierno nombra al Fiscal General del Estado, pero tiene prohibido dar órdenes a los fiscales
- El Ejecutivo sí puede intentar que se promuevan determinadas actuaciones, pero la decisión última es del Fiscal General
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado a entender este miércoles en una entrevista en Radio Nacional que la Fiscalía sigue las órdenes del Gobierno para explicar cómo traerá de vuelta a España al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo que ha provocado malestar en las distintas asociaciones de fiscales, que han salido a defender su independencia. Pero, ¿de quién depende realmente la Fiscalía? ¿Qué peso tiene el Gobierno en sus decisiones?
El Fiscal General del Estado será nombrado por el rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, pero esa es la única intervención directa del Ejecutivo que recoge la Constitución Española en el artículo 124, que regula la actuación del Ministerio Público. Su misión es promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público y velar por la independencia de los tribunales.
La Fiscalía ejerce sus funciones mediante órganos propios, sometida a los principios de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, siguiendo los principios de legalidad e imparcialidad.
La última palabra la tiene el Fiscal General del Estado
Las tres principales asociaciones, la Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales invocan este miércoles en sus comunicados al Estatuto del Ministerio Público para señalar que el presidente no puede dar ninguna orden directa a la Fiscalía.
Según el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, "el Gobierno podrá interesar del Fiscal General del Estado que promueva ante los Tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público", pero será ese cargo que dirige la Fiscalía el que resuelva de forma razonada si son procedentes esas actuaciones después de oír a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo. En otras palabras: el Gobierno puede sugerir, pero siempre es el Fiscal General del Estado el que tiene la decisión última.
Tal y como señala el artículo 22 del mismo estatuto, "el Fiscal General del Estado ostenta la jefatura superior del Ministerio Fiscal y su representación en todo el territorio español. A él corresponde impartir las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al orden interno de la institución y, en general, la dirección e inspección del Ministerio Fiscal".
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