Bolivia se asoma al caos: claves de la crisis política tras la renuncia de Evo Morales
- Junto al líder indigenista, que llevaba 14 años en el poder, han renunciado los principales cargos institucionales bolivianos
- Por ahora, nadie ha asumido la presidencia y la sucesión queda en manos del Parlamento, mientras siguen las protestas
La renuncia de Evo Morales como presidente de Evo Morales Bolivia, así como de buena parte de los cargos que su partido ocupaba en las principales instituciones, ha colocado al país latinoamericano al borde del caos, paralizado por el vacío de poder mientras las protestas que brotaron tras las últimas elecciones presidenciales, y que acusaban al ya exmandatario de fraude electoral, continúan en las calles, convertidas en disturbios cada vez más violentos y ante la preocupación de la comunidad internacional. Estas son las claves de la crisis política.
Morales y su anhelo de un cuarto mandato
La llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, en 2006, constituyó un hito en la historia del país, al encumbrar por primera vez a un dirigente indígena. Durante sus tres lustros en el cargo, ha sido capaz de impulsar la economía -según el Banco Mundial, el PIB ha crecido siempre por encima del 4 %, salvo en 2009, cuando aumentó un 3,3 %- y de reducir la pobreza a la mitad en uno de los países más depauperados del continente: según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la tasa de pobreza extrema bajó del 38,2 % en 2005 al 15,2 % en 2018.
Pese a que la nueva Constitución que el propio Morales impulsó limita a dos los mandatos presidenciales, el Tribunal Constitucional le autorizó a presentarse para un tercer mandato en las elecciones de 2014, con el argumento de que el primero no se tenía en cuenta al ser previo a la reforma constitucional, aprobada en 2009.
En 2016, Morales trató de reformar esa misma Constitución para poder optar a un cuarto mandato, pero los bolivianos rechazaron en referéndum la propuesta. Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló en 2017 un recurso de su partido, el Movimiento al Socialismo, que argumentaba que privarle de concurrir vulneraba sus derechos políticos al conculcar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que, pese a las protestas de la oposición, le habilitó para presentarse a las últimas elecciones.
Unas elecciones bajo sospecha
Los resultados preliminares de la primera vuelta en los comicios presidenciales, celebrada el pasado 20 de octubre, apuntaban a que sería necesaria una segunda vuelta en diciembre entre el principal candidato de la oposición, el expresidente Carlos Mesa, y el propio Evo Morales, que obtenía un 45,7 % de los votos con más del 80 % escrutado, por los 37,8 % de su rival. Sin embargo, el recuento se frenó durante casi 24 horas y, dos días después de los comicios, los resultados finales le otorgaban al presidente boliviano más de diez puntos de ventaja sobre su rival -un 47,8 % de los votos, frente al 36,51 % de Mesa-, lo que automáticamente le aseguraba la reelección.
La oposición acusó inmediatamente al oficialismo de fraude electoral, pese a que Morales desafió a recontar cada voto, y las manifestaciones en las calles de las principales ciudades se volvieron violentas: la oleada de protestas, que continúa todavía, se ha saldado por ahora con tres muertos y más de 300 heridos.
La fuerza de la contestación social y la presión internacional obligaron al Gobierno boliviano a pedir a la Organización de Estados Americanos (OEA) una auditoría de los comicios, cuyas conclusiones fueron contundentes: existían irregularidades "muy graves", como "una clara manipulación" en la transmisión de datos. "El equipo auditor no puede validar los resultados [...], por lo que se recomienda otro proceso electoral", concluía el informe.
Morales, aunque sin citar el informe, aceptó las conclusiones y anunció este fin de semana que convocaría una repetición de los comicios, en un intento de atajar las protestas. Ya era demasiado tarde.
El abandono de las fuerzas de seguridad y la renuncia
Porque la policía y el Ejército, que se habían negado a contener a los manifestantes, empezaron a simpatizar con ellos: el pasado viernes, grupos de policías se sublevaban en varias ciudades del país en solidaridad con el pueblo boliviano, agudizando la crisis. Y el domingo por la tarde, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y el comandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, leían por separado sendos comunicados, el primero solo sugiriendo y el segundo reclamando abiertamente la renuncia de Morales.
Con las protestas tornándose cada vez más violentas -el ministro de Minería, César Navarro, dejó su cargo de forma "irrevocable" después de que una turba incendiara su casa en la ciudad andina de Potosí- y abandonado por las fuerzas de seguridad, el líder indígena decidió tirar la toalla y anunció su dimisión.
“El mundo entero que sepa cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia“
"Nuestro gran deseo es que vuelva la paz social", decía en su discurso de despedida. "El mundo entero que sepa cómo grupos oligárquicos conspiran contra la democracia", aseguraba, antes de argumentar que renunciaba "para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del MAS no sigan hostigados, perseguidos, amenazados". Y denunciaba: "Ha habido un golpe cívico, político y policial"..
Este lunes, Morales formalizó su dimisión con una carta remitida al Parlamento en la que insistía en que su decisión obedece a un intento de "evitar" la violencia y a su deseo de que retorne la "paz social". Postriormente, anunciaba con un mensaje colgado en Twitter que viajaba a México, aceptando así el ofrecimiento del Gobierno mexicano de concederle asilo político, pese a que la policía ha negado que exista una orden de detención contra él y ha recalcado que es la Fiscalía quien ordena los arrestos.
Vacío de poder
A la renuncia del presidente se han unido las de sus ministros y otros cargos del Movimiento al Socialismo; entre ellos, los más relevantes del país: el vicepresidente, Álvaro García Linera, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores, Víctor Borda y Adriana Salvatierra, respectivamente, y el primer vicepresidente de la cámara alta, Rubén Medin.
En definitiva, todos aquellos que, según la Constitución, podrían sucederle: el artículo 169 establece la línea de sucesión en caso de la renuncia del presidente y del vicepresidente, que va del presidente del Senado hasta el de la Cámara de Diputados. "En este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días", indica, pero no hay nadie que pueda convocarlas.
El vacío institucional hace recaer la responsabilidad en la Asamblea, donde el Movimiento al Socialismo tiene mayoría de dos tercios en ambas cámaras y podría, por ejemplo, nombrar un nuevo presidente del Senado que, de forma interina, ejerza la jefatura del Estado y del Gobierno. El líder opositor, Carlos Mesa, ha apelado "al sentido patriota y la responsabilidad" del partido del expresidente y ha avanzado que existen contactos entre parlamentarios de la oposición con los oficialistas, con el fin de garantizarles que no habrá represalias contra ellos.
Para intentar desatascar la situación, la senadora del partido opositor Unidad Demócrata y segunda vicepresidenta la cámara alta, Jeaninne Áñez, se ha ofrecido a asumir la presidencia y formar un gobierno de transición que convoque nuevas elecciones. En declaraciones a los medios, Añez ha reclamado "que quede bien claro que esto es simplemente una transición" y ha subrayado que requeriría el "acompañamiento suficiente" de parte de los sectores cívicos y ciudadanos que siguen manifestándose en varias ciudades del país.
Acusaciones de golpe de Estado
La situación en Bolivia ha suscitado la alarma fuera de sus propias fronteras. El Gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, ha pedido que los civiles retomen el control de la situación: "De acuerdo con la Carta Democrática Interamericana, es crucial que el liderazgo civil designado constitucionalmente mantenga el control durante la transición", ha indicado un portavoz del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental.
Uruguay ha calificado la situación de "golpe de Estado", al igual que Rusia, que también ha respaldado a Morales y ha apuntado en esa dirección: "Preocupa profundamente (...) que la disposición del Gobierno a buscar soluciones constructivas a base del diálogo haya sido arrollada por el desarrollo de los acontecimientos, que siguieron un patrón de golpe de Estado", señala en un comunicado el Misterio de Asuntos Exteriores ruso.
México, por su parte, ha evitado utilizar ese término de forma explícita, aunque ha pedido a la OEA una "reunión urgente" para evaluar la situación: "A pesar de la gravedad de los acontecimientos, lo que hubo ayer frente al pronunciamiento militar y las operaciones militares, fue el silencio", ha señalado el ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard.
Desde España, el ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha lamentado que la repetición electoral que anunció Evo Morales, se haya visto "distorsionado" por la "intervención" de las Fuerzas Armadas y de la Policía y ha pedido que se garantice la seguridad tanto del mandatario dimitido como del resto de su gobierno, con la vista puesta en resolver el actual vacío de poder.
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