La protección de los MENA, antídoto contra la criminalización

• Los menores extranjeros no acompañados que delinquen representan solo un pequeño porcentaje de todo el colectivo
• Según los profesionales, la debilidad del sistema de protección a su llegada aviva la situación de riesgo en la que se encuentran

Organizaciones como Save the Children o Unicef han mostrado su preocupación por la criminalización de estos menores.

Los menores extranjeros que llegan solos a España están, desde hace meses, en el foco mediático. Se les vincula a actividades delictivas y se les culpa de aumentar la inseguridad ciudadana, pero bajo el término jurídico por el que se les nombra –MENA- se oculta una realidad que apuntan los profesionales: los jóvenes conflictivos representan solo un pequeño porcentaje de todo el colectivo y, en muchos casos, es el fracaso del sistema de protección lo que aviva la situación de riesgo en la que se encuentran.

Organizaciones como Save the Children o Unicef han mostrado su preocupación en el último mes por el discurso del odio que gira en torno a estos menores, quienes se han convertido en una diana para los dardos que lanza Vox en su discurso antiinmigración. A veces, en el marco de noticias falsas que circulan por las redes sociales y en otras ocasiones por la implicación real de algunos jóvenes en delitos o agresiones.

Los MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) son niños y adolescentes en riesgo de exclusión que proceden, en su mayoría, de Marruecos y de África subsahariana y que buscan refugio en España después de haber dejado atrás situaciones extremas como el maltrato, la marginación, el abuso, la trata o la guerra. Su llegada, que se ha duplicado respecto a 2017, pone a prueba el sistema español de acogida, que en muchos casos es incapaz de darles la atención que necesitan para que puedan tomar el camino correcto hacia la integración social.

Los MENA, menores extranjeros no acompañados

Datos oficiales

En España hay más de 12.300 menores extranjeros que viajan solos, según el registro oficial del Ministerio del Interior, que, no obstante, no refleja el dato real porque la tutela de los niños es de las comunidades y estas no pueden impedir que los menores se desplacen de unas a otras o que abandonen España.

Andalucía es la principal puerta de entrada de estos menores. Allí están inscritos 5.183 niños, según los últimos datos del Registro MENA y solo el 0,52% de los jóvenes migrantes acogidos desde 2015 ha tenido medidas judiciales de internamiento por haber cometido algún delito.

Cataluña es la segunda comunidad en la que hay más MENA inscritos. El 82% de los menores que llegaron entre 2016 y 2018 no tuvo ningún contacto con la delincuencia, según datos de los Mossos d'Esquadra.

Las debilidades de la primera acogida

La primera acogida de estos menores que están completamente solos es clave para ellos. Sin embargo, el sistema en esta primera etapa es frágil en algunas comunidades, como explica a RTVE.es José Santos, uno de los educadores sociales que trabajan en el Centro de Primera Acogida de Menores de Hortaleza, “la UVI de la infancia” en Madrid, en el que un 75% de los chicos y chicas residentes son MENA que tienen entre 15 y 17 años.

“El ambiente en el centro está muy tenso. Hay agresividad verbal y física. Hay chavales con problemas de salud mental, dependencias o trastornos de conducta y únele a todo eso que muchos de ellos son chicos maltratados o de los que han abusado“, señala el educador, que rechaza por completo la criminalización que sufre el colectivo porque "la mayor parte de los jóvenes no son problemáticos", asegura.

La agresividad se da "solo en un 7%" de los menores que conviven en el centro de Hortaleza. El resto, lamenta, sufre las consecuencias.

Santos apunta a dos factores que están en la raíz del problema y que nada tiene que ver con el origen de los jóvenes, sino más bien con la ineficacia de las administraciones. El primero es que a los centros como en el que él trabaja llegan menores con problemas que "deberían ser atendidos en centros específicos", y el segundo es que viven en condiciones "inhumanas".

“El centro tiene capacidad para 32 plazas más tres de urgencia y tenemos 100 chavales. Muchos duermen en el suelo”, comenta Santos.

En este vídeo publicado en YouTube por el periódico vecinal Hortaleza se puede ver cómo de alarmantes son las condiciones dentro de ese edificio ruinoso en el que los menores pasan más tiempo del debido porque los servicios de acogida no dan abasto.

Malestar entre los vecinos

En esas circunstancias se complica la labor de los profesionales, que debería ser la de “acoger, valorar, observar y hacer una propuesta de derivación” de los jóvenes, en lugar de la que básicamente realizan: garantizar las necesidades más básicas y mediar para que no se den situaciones de violencia o acoso.

Los trabajadores de ese centro -el 30% está de baja médica por la "alta conflictividad", según Efe- llevan meses denunciando lo que ocurre e, incluso, han salido a la calle para exigir soluciones y recordar que, si las condiciones en las que viven los adolescentes fueran buenas y recibieran una mejor “respuesta” por parte de las administraciones, posiblemente habría menos riesgo de que acaben delinquiendo o inhalando disolvente. También sería menos probable, por tanto, que los ciudadanos que viven en las proximidades de estos centros de acogida se sientan atemorizados.

Marta, una vecina de ese mismo barrio madrileño, apunta a RTVE.es que los vecinos están “enfadados” por la sensación de “inseguridad” que sienten. Son frecuentes las agresiones entre los propios jóvenes y también los pequeños hurtos a vecinos. No ayuda, añade, el hecho de que los jóvenes tengan libertad para entrar y salir cuando quieran del centro, sin que haya un control.

“Para ellos venir de donde vienen y estar en esas condiciones no creo que sea plato de buen gusto. Yo opino que no hay que echarlos, lo que hay que hacer es cuidarlos. Si te comprometes a tenerlos aquí, tenlos bien”, critica.

Mayor atención, menos conflictos

La situación que se da en Hortaleza, sin embargo, no se repite en todos los modelos de acogimiento, lo que podría significar que, como recalcan los trabajadores de ese centro, lo que falla es el sistema y los medios.

En el corazón de Gijón, Asturias, hay dos pisos integrados en comunidades de vecinos en los que conviven adolescentes extranjeros una vez que han pasado por la unidad de primera estancia. Los jóvenes se preparan allí para la vida independiente que tendrán que afrontar una vez alcanzada la mayoría de edad, así que además de asistir a clase, aprenden tareas básicas del hogar como poner la lavadora o cocinar.

“En general los chicos colaboran en todo. Los que tenemos ahora están formándose o bien en el instituto o bien en formación ocupacional y también van a clases de español”, explica Vanessa Martínez, responsable del área de menores de Accem en Asturias.

Esta organización sin ánimo de lucro abrió en 2009 el primero de los pisos y en 2018 el segundo. Optaron por un modelo en el que conviviesen, como máximo, ocho jóvenes porque, asegura, “el hacinamiento crea conflicto”.

“Cuando abrimos el último piso el año pasado los vecinos se mostraron reacios porque la imagen que está dando la prensa es bastante dura”, confiesa Martínez, que puntualiza que después de haber hecho una labor de “sensibilización” en el edificio para que los vecinos comprendieran cuál es la labor de los centros de acogida, han logrado desmontar muchos prejuicios. Aunque fue la propia convivencia comunitaria lo que actuó como revulsivo.

“Por nuestros dos pisos han pasado ya más de cien chicos y que hayan sido conflictivos solo dos o tres. Son casos excepcionales y tampoco hablamos de nada grave. En general, la adolescencia es una etapa muy dura”, argumenta.

"Sensibilización pura y dura"

Por eso, insiste en que "no hay que criminalizar" a los MENA por el hecho de serlo y agrega: “Igual que se saca en los medios el centro de Hortaleza, se tiene que hablar de todo los demás. Se necesita sensibilización pura y dura, que la gente conozca cómo se trabaja con ellos”, concluye Martínez.

De las palabras de estos y otros trabajadores sociales consultados por RTVE.es se deduce que la delincuencia, en ocasiones, es una lamentable consecuencia de la propia desprotección que sufren estos menores que no reciben la atención, los cuidados y el afecto que necesitan en esa etapa vital.

Son niños, en definitiva, a quienes se les compara con adultos responsables de sus actos bajo un sustantivo que los deshumaniza; niños cuyo futuro está en manos del país que los acoge, carente todavía de un plan integral que sirva al mismo tiempo para garantizar los derechos de la infancia, mejorar la convivencia y frenar la xenofobia.

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