La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eleva a 23 los muertos y a 715 los heridos en la crisis de Bolivia

• Policías y militares mantienen desde el pasado lunes operativos conjuntos para mantener el orden
• Evo Morales, el que fuera presidente del país durante casi catorce años, anunció el pasado domingo su renuncia

Un manifestante protegiéndose del gas lacrimógeno durante una protesta contra el gobierno interino en La Paz, Bolivia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha elevado a 23 el número de muertos y a 715 el de heridos en incidentes durante la crisis en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre.

"Se totaliza por lo menos 23 personas muertas y 715 personas heridas desde el inicio de la crisis institucional y política", ha informado esta entidad en Twitter.

La CIDH ha explicado en la red social que actualiza las cifras de víctimas en Bolivia después de que "desde ayer son 9 fallecidos y 122 heridos desde la represión combinada de la policía y fuerzas armadas".

Estos datos actualizados se refieren a víctimas en choques entre cocaleros afines a Evo Morales y fuerzas del orden el pasado viernes cerca de la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, en la jornada más trágica desde el comienzo de la crisis.

Evo Morales, que está asilado en México, ha escrito en Twitter que las víctimas mortales en estos disturbios son doce, sin citar fuentes.

La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha expresado en la misma red social que "duele tanta violencia, duele la muerte, Bolivia merece vivir en paz".

Jeanine Áñez y Evo Morales se cruzan reproches por la violencia en Bolivia, donde policías y militares mantienen desde el pasado lunes operativos conjuntos para mantener el orden.

Una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente

La CIDH ha denunciado en esta jornada un decreto del Gobierno provisional de Bolivia que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan "en legítima defensa o en estado de necesidad" y bajo criterios de "legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad".

El Ejecutivo de Áñez ha respondido que no supone una "licencia para matar" y se enmarca en la Constitución y las leyes del país.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha advirtido de que recibe denuncias "sobre posible implantación de evidencias con el fin de incriminar a personas en actos delictivos" por parte de la Policía.

"Es importante que la Dirección General de Investigaciones Internas (DIGIPI) en una señal de transparencia pueda investigar estos hechos y establecer sanciones", ha añadido en Twitter.

Bolivia atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente, desde que el día siguiente de las elecciones comenzaron las denuncias de fraude en los comicios tras los que Morales fue luego proclamado vencedor para un cuarto mandato consecutivo.

Informe Semanal - Bolivia sin Evo - ver ahora

El que fuera presidente del país durante casi catorce años anunció el pasado domingo su renuncia tras un informe de la Organización de Estados Americanos sobre graves irregularidades en los comicios, lo que sumió al país en el caos.

Morales salió al día siguiente hacía México y el martes pasado Áñez, una senadora hasta entonces opositora, asumió el poder de forma provisional hasta unas nuevas elecciones.