Las claves del juicio sobre la 'pieza política' del caso de los ERE

• El juicio en la Audiencia de Sevilla quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018 tras 152 sesiones
• Los acusados se enfrentan a hasta 8 años de cárcel y 30 años de inhabilitación por malversación y prevaricación
• Sigue en directo y minuto a minuto la sentencia del 'caso de los ERE'

Imagen de la sala donde se celebró el juicio de los ERE el último día de la vista oral

El primer juicio del caso de los ERE, que sentó en el banquillo de los acusados a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 19 ex altos cargos, comenzó el 13 de diciembre de 2017 y quedó visto para sentencia un año y cuatro días después tras celebrar 152 sesiones, en las que declararon más de 120 testigos y nueve peritos. Estas son las claves del juicio de la llamada 'pieza política' de los ERE, donde ejercen la acusación popular el PP y Manos Limpias y cuya sentencia se conocerá este martes.

1. Qué hechos se juzgan

La 'pieza política' del caso de los ERE se centra en la responsabilidad penal de los exdirigentes de la Junta de Andalucía por la creación y mantenimiento de un presunto sistema ilegal de ayudas que se prolongó durante más de una década (2000-2011) para la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis que permitió -según las conclusiones finales de la Fiscalía- el reparto arbitrario de hasta 680 millones de euros. El Ministerio Público les acusa por ello de malversación y prevaricación. En la instrucción, el juez fijó en 855 millones el dinero repartido sin control.

El sistema se creó mediante un convenio que permitió presuntamente al instituto IFA-IDEA (Instituto de Fomento de Andalucía primero y luego Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía), dependiente de la Consejería de Empleo, repartir de forma discrecional las ayudas eludiendo la fiscalización. El dinero se inyectaba al instituto mediante transferencias de financiación con cargo a la partida presupuestaria 31L, denominada "fondo de reptiles" por el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, responsable directo del reparto.

2. A qué penas se enfrentan

La Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Manuel Chaves por prevaricación y 6 años de prisión y 30 de inhabilitación para José Antonio Griñán por malversación y prevaricación. El Ministerio Público pide la mayor pena -8 años y 30 de inhabilitación por los dos mismos delitos- para diez acusados, entre ellos, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, su sucesor en el cargo, Juan Márquez, y los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez se enfrenta a las mismas penas que Griñán y el exnúmero dos de Chaves, Gaspar Zarrías, y la exministra Magdalena Álvarez, a 10 años de inhabilitación. [Quiénes son los 21 acusados]

3. Qué sostiene la Fiscalía

En su escrito final de conclusiones, la Fiscalía -que excluyó de su acusación al exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa- sostiene que en el juicio quedó probado que la Junta de Andalucía usó "durante diez años un sistema de concesión totalmente opaco" que eliminó "todos los mecanismos de control establecidos". Un sistema "injusto y arbitrario" que permitió el "enriquecimiento" de ciertas empresas y terceros, los llamados "intrusos" de los ERE.

El Ministerio Público sostiene que era una situación "conocida y buscada" por los 21 acusados, que no hicieron nada para ponerle fin a pesar de los quince informes de la Intervención General de la Junta que advirtieron de las irregularidades. La Fiscalía acusa a Chaves de autorizar la puesta en marcha del sistema y a Griñán, de no acabar con él a pesar de ser el destinatario, como consejero de Hacienda primero, de los informes del interventor.

4. Qué dicen los acusados y sus defensas

Las defensas de los acusados han argumentado en el juicio que sus clientes no conocían las presuntas irregularidades en la concesión de estas ayudas. El propio Manuel Chaves aseguró en su interrogatorio que sabía que se estaban dando ayudas sociolaborales pero no cómo se adjudicaban estas porque escapaba a su "ámbito político". Griñán sostuvo, por su parte, que "jamás" fue alertado de las irregularidades y que no leyó los informes de la intervención porque no eran de "actuación" es decir informes en los que se instara a que tomara alguna medida al respecto como consejero de Hacienda.

Por su parte, uno de los principales acusados, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, se desdijo en el juicio de su declaración ante la Policía y la Guardia Civil cuando habló directamente de la existencia de un "fondo de reptiles" para estas ayudas. El ex interventor general Manuel Gómez Martínez sustuvo que recibieron sus alertas sin hacer nada al respecto los exconsejeros Griñán, Antonio Fernández y Francisco Vallejo.

5. Qué dijeron los testigos en el juicio

Entre los más de 120 testigos que declararon en el juicio, se encuentran varios miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaron el caso de los ERE. Describieron el "descontrol" del sistema de concesión de ayudas y sostuvieron que "era conocido" por el Gobierno andaluz.

En la misma línea declaró una de los testigos clave del juicio, la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, que aseguró además que se recibían órdenes de "miembros del Gobierno" para la concesión de ayudas. El chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, testificó también que su jefe aseguraba que podía dar ayudas "sin ningún tipo de control".

6. Qué dijeron los peritos

La prueba pericial se desarrolló durante seis semanas entre septiembre y octubre de 2018. Comparecieron nueve peritos, tres de ellos pertenecientes a la Intervención General de la Adminitración del Estado (IGAE) a propuesta de la acusación y otros seis propuestos por las defensas. Los peritos de la (IGAE) ratificaron en la vista oral que las transferencias de financiación se usaron "indebidamente" e "ilegalmente" para pagar las ayudas sin fiscalización en contra del criterio del resto de los que declararon.

Los tres expertos estatales sostuvieron que la clasificación económica de un crédito determina a qué se destina y, en ese sentido, añadieron que usar transferencias de financiación para pagar ayudas está "en contra de lo que dice la ley". Los peritos propuestos por los acusados, sin embargo, defendieron que la clasificación económica del crédito "indica la naturaleza económica del gasto, no necesariamente su finalidad".