Los ERE, el caso que acabó con Chaves y Griñán y sentó en el banquillo a una década de gobiernos del PSOE en Andalucía

• Griñán, condenado a 6 años de cárcel y Chaves a 9 de inhabilitación | Sigue en directo las reacciones a la sentencia
• Griñán dimitió como presidente de la Junta en 2013 y luego como senador y Chaves dejó su acta de diputado

Manuel Chaves (4d) y José Antonio Griñán (3d) con el resto de acusados el primer día del juicio

Cuando en abril de 2009, el PP andaluz denunció que dos exdirectivos de la empresa pública Mercasevilla habían intentado cobrar a unos empresarios una comisión ilegal de 450.000 euros a cambio de la concesión de una escuela de hostelería, ni los propios 'populares' podían imaginarse entonces que acababan de dar con el hilo que permitiría a la primera instructora del caso de los ERE, la jueza Mercedes Alaya, tirar de una presunta gran madeja de corrupción del PSOE en el seno de la Junta de Andalucía y por la que han sido condenados los expresidentes socialistas de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación; y a nueve años de inhabilitación, respectivamente.

Una trama que provocaría la dimisión de Griñán como presidente de la Junta de Andalucía en 2013 y que acabaría definitivamente con su carrera política y la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, cuando dos años después el Supremo confirmó su imputación y dejaron sus escaños de senador y diputado, respectivamente.

Diez años después de aquella primera denuncia, este martes 19 de noviembre, la Audiencia de Sevilla ha condenado a Griñán a seis años de cárcel y a Chaves a nueve años de inhabilitación, además de condenar a otros 17 de los 21 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía acusados de haber puesto en marcha y mantenido durante una década un sistema presuntamente ilegal de ayudas que permitió repartir entre empresas en crisis hasta 680 millones de euros de forma "arbitraria".

La investigación judicial sobre el intento de cobro de una comisión ilegal en Mercasevilla denunciado por el PP permitió dar con el germen del caso de los ERE cuando la jueza Alaya descubrió, tirando del hilo, que entre los beneficiarios de un Expediente de Regulación de Empleo de Mercasevilla para el que la Junta había aportado dinero público había un militante del PSOE que nunca había trabajado para esta empresa pública. Fue el primero de los llamados 'intrusos'. Pronto aparecieron más en otras empresas que habían realizado despidos y que habían recibido subvenciones de la Junta.

En el marco de aquella investigación, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero llegó a calificar de "fondo de reptiles" -aunque luego en el juicio se desdijo- la partida presupuestaria de la que salían estas ayudas. Un mes después de estas declaraciones y con los indicios recabados sobre las presuntas irregularidades, Alaya abrió en enero de 2011 una nueva pieza: nacía judicialmente el caso de los ERE.

Victoria del PP en las urnas y comisión de investigación

En medio del escándalo por este caso -comenzaban a conocerse detalles como que el chófer de Guerrero había recibido presuntamente dos subvenciones de 450.000 euros de forma fraudulenta y que parte de este dinero se lo había gastado en cocaína- se celebraron las elecciones autonómicas de marzo de 2012. Por primera vez en la historia de Andalucía ganó el Partido Popular de la mano de Javier Arenas, pero Griñán pudo conservar la Junta de Andalucía gracias a un pacto con Izquierda Unida.

Lo que no pudo evitar Griñán fue que el Parlamento andaluz pusiera en marcha una comisión de investigación por la que pasarían, entre otros, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al que se responsabiliza de haber ideado el sistema de ayudas ilegal, y el que fuera su director general del Trabajo, Francisco Javier Guerrero. Este último todavía seguía en prisión preventiva cuando compareció ante la Cámara mientras que el primero había salido en libertad tras abonar la fianza impuesta.

La comisión, sin embargo, se cerró sin que el pleno aprobara el dictamen a finales de aquel año tras cinco meses de trabajos. Solo votó a favor el PSOE, que consideraba como responsable directo del presunto entramado únicamente a Guerrero. El PP y IU -socio de gobierno- lo rechazaron.

Dimisión de Griñán y llegada del caso al Supremo

El caso dio un "paso cualitativo" -en palabras de la propia jueza- cuando en julio de 2013 citó como imputados a una veintena de ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos a la exministra socialista y exconsejera andaluza de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. El PSOE andaluz acusó entonces a la instructora de abrir una "causa general por motivaciones políticas" contra los gobiernos de Chaves y Griñán.

El propio Griñán acabó dimitiendo en agosto de 2013 como presidente de la Junta de Andalucía para preservar al gobierno autonómico de la "erosión", dijo, que estaba suponiendo el caso de los ERE. Le sustituyó al frente del Gobierno andaluz Susana Díaz y él fue elegido senador por designación autonómica.

En noviembre de 2014, el Supremo asumió la parte de la investigación referente a los ex altos cargos aforados, entre ellos Chaves y Griñán. Ambos, se desvincularon de la presunta trama corrupta cuando declararon ante el alto tribunal en abril del año siguiente. Sin embargo, el Supremo acabó confirmando su imputación al ver indicios de prevaricación el 25 de junio.

En medio de todas estas idas y venidas judiciales, Susana Díaz -que acababa de ganar las elecciones autonómicas de marzo por mayoría simple- intentaba negociar un Gobierno, pero el caso de los ERE no se lo puso fácil. Finalmente, consiguió el apoyo de Ciudadanos, pero supeditado a las dimisiones de Griñán y Chaves. El primero ya había dicho que cuando hubiera nuevo parlamento dejaría su escaño. El segundo dimitió el mismo día que el Supremo confirmó su imputación.

Al no ser ya aforados la investigación respecto a su actuación volvió al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que les procesó junto a otros 20 ex altos cargos de la Junta en junio de 2016. El juicio no comenzó hasta diciembre de 2017, hace casi dos años. En el banquillo de los acusados se sentó una década de gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía que este martes terminó condenada.