El juez vuelve a ordenar prisión preventiva para los cuatro CDR cuyos autos fueron anulados

• Reitera la orden de prisión tras verse obligado por la Sala de lo Penal a repetir las vistillas
• Además, la Audiencia Nacional constata indicios suficientes de terrorismo en otros dos CDR

La Fiscalía vuelve a pedir prisión para los cuatro CDR cuyos autos fueron anulados

El juez Manuel García Castellón ha vuelto a decretar prisión preventiva para los cuatro integrantes de los CDR cuyos autos de prisión dictados el 26 de septiembre fueron anulados este martes por la Audiencia Nacional porque no se les proporcionó información esencial para su defensa en la causa que entonces estaba secreta, según fuentes jurídicas.

El magistrado ha reiterado la orden de prisión tras verse obligado por la Sala de lo Penal a repetir las correspondientes vistillas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para estos cuatro miembros de los CDR: Guillem Xavier Duch, Eduardo Garzón, Xavier Buigas y Alexis Codina. Así, los cuatro continuarán en la prisión madrileña de Soto del Real, en la que llevan ya casi dos meses.

En estas comparecencias, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo ha vuelto a pedir su ingreso en prisión preventiva por delitos de terrorismo aportando más detalles de los que en su día ofreció para pedir al juez esta medida cautelar, teniendo en cuenta además que recientemente se levantó parcialmente el secreto de esta causa.

Al haberse repetido estas vistas de prisión, los cuatro detenidos podrán de nuevo recurrir en apelación ante la Sala de lo Penal, que ahora sí se pronunciará sobre los motivos que han llevado al juez García Castellón a acordar la medida de prisión.

La Audiencia Nacional confirma la prisión preventiva de otros dos CDR

La Sala también ha decidido ya sobre la situación personal de otros dos investigados en la causa, Ferran Jolis y Jordi Ros, los dos miembros de los CDR que sí declararon ante la Guardia Civil, primero, y ante el magistrado, después.

Ambos, representados tras su arresto por abogados de oficio, reconocieron los hechos y esta circunstancia, añadida al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas que ha alegado la Sección Tercera, ha sido la razón por la que los magistrados han decidido mantenerles en prisión.

La Audiencia Nacional ha estimado que la investigación ha arrojado por el momento indicios suficientes de terrorismo y que no se ha vulnerado su derecho a la defensa.

Dice el auto de la Sala que los entonces letrados de Jolis y Ros no pidieron más información mientras estaban detenidos y deduce una "aquiescencia con los datos y la información facilitada" ya que solo recurrieron este aspecto en fase de apelación y no antes.

Además, indica, en relación a Jolis, que el "contenido del auto es lo suficientemente completo y preciso para permitir que el investigado conozca con precisión" los elementos esenciales de su imputación. De Ros dice que "tuvo perfecto conocimiento de los hechos que se le imputaban a raíz de la información sumario que se realizó en sede policial", donde pidió "perdón" y mostró "su arrepentimiento".

Riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas

Con todo, la Sala aprecia las circunstancias necesarias para mantenerles en prisión preventiva: riesgo de fuga dada la gravedad de las penas a las que se pueden enfrentar, reiteración delictiva y destrucción de pruebas.

En su auto, el tribunal hace un repaso de los indicios que pesan sobre ambos, investigados por formar parte del Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una facción radicalizada de los CDR.

Menciona que Jolis en su declaración reconoció la planificación del asalto y posterior ocupación del Parlament "con la intención de blindar la institución pública para evitar que se pudiera acceder desde el exterior" y que recibió de otro investigado el encargo de establecer una red de comunicación segura indetectable para poder mantener comunicaciones desde el interior.

En relación a Ros, enumera las sustancias que se le intervinieron para presuntamente realizar "sabotajes de baja intensidad" necesarios, según él, para "conseguir una Cataluña independiente" como "medida de distracción" para atraer a la Policía "respecto a otra acción simultánea que sería la principal" y que no comportaría -añadió- víctimas mortales.

Imputan a una docena de periodistas por las filtraciones de los CDR

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha imputado al menos a una docena de periodistas por publicar informaciones de los sumarios que se filtraron sobre la detención de los Comités de Defensa de la República (CDR), han informado fuentes jurídicas. Los periodistas han recibido ya las notificaciones de su citación como investigados.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió remitir a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla la solicitud de las defensas de siete miembros de los CDR, en prisión por terrorismo, de que se investigara la "filtración masiva" a algunos medios de comunicación sobre la causa contra ellos a pesar de que estaba bajo secreto de sumario.

Según la Fiscalía, esos hechos deberían ser considerados como una denuncia por revelación de secretos, por lo que se trataría de un delito del que no es competente la Audiencia Nacional y tendría que ser investigado por un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla.