La Fiscalía recurre las imputaciones de varios medios y periodistas por las filtraciones del sumario de los CDR

• Considera que no existe ningún tipo de responsabilidad penal y pide que se deje sin efecto las citaciones previstas
• Según el Código Penal, solo pueden ser castigados por revelación de secretos abogados, jueces y fiscales

Manifestantes en una protesta convocada por los CDR en la estación de Sants de Barcelona el pasado viernes.

La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido el auto dictado por el titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid en la que imputaba a ocho medios de comunicación, entre ellos RTVE, y al menos a una docena de periodistas, por la publicación de informaciones de los sumarios que se filtraron sobre la detención de los Comités de Defensa de la República (CDR).

Según fuentes judiciales a RTVE, para el representante del Ministerio Público, no existen indicios de que los periodistas de Cadena Ser, El País, ABC, El Confidencial Digital S.L, El Mundo, La Vanguardia, El Español y RTVE hubieran cometido delito alguno y pide por ello al juez que deje sin efecto las citaciones previstas para el próximo 29 de noviembre.

A su parecer, los informadores "no son responsables de la infracción penal de la que es objeto la instrucción", por lo que considera que "no cabría dirigir el procedimiento contra los mismos en calidad de investigados”.

Solo pueden ser castigados abogados, jueces y fiscales

La Fiscalía subraya que según el Código Penal, solo pueden ser castigados por la revelación de actuaciones procesales declaradas secretas "abogados, procuradores, jueces o miembros de un Tribunal, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios o particulares que intervengan en el proceso".

Es más, asegura que "la difusión de actuaciones procesales secretas por parte de los medios de comunicación no puede tener cabida en dicho artículo puesto que “no son parte en el procedimiento judicial".

El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional investiga a varios miembros de los CDR como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos. Varios de estos CDR denunciaron que aunque el procedimiento era secreto, habían aparecido detalles de la operación en los medios de comunicación.

La defensa de los CDR consideraba que estos hechos podrían ser constitutivos tanto de un delito de revelación de secretos, como de un delito contra la Administración de Justicia, por lo que solicitaban la incoación de pieza separada encaminada a averiguar la autoría de las filtraciones denunciadas.