Un juez investigará la restricción del acceso al Valle de los Caídos tras la denuncia del prior

• Denunció que la Guardia Civil había impedido el acceso a los monjes dentro del dispositivo de la exhumación de Franco
• Defiende en la demanda que la presencia de agentes en el monumento no contó con autorizacion judical

Seguidores de Franco visitan el Valle de los Caídos en el 44 aniversario de la muerte del dictador.

El Juzgado de San Lorenzo de El Escorial iniciará una investigación tras admitir a trámite la denuncia presentada por el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, contra los mandos de la Guardia Civil y la Delegación del Gobierno de Madrid por la prohibición de acceder a la basílica.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de esta decisión después de que el pasado 21 de octubre el prior presentara la demanda al considerar que desde el día anterior la Guardia Civil había impedido el acceso a los monjes a la basílica y la asistencia a misas y oficios religiosos, dentro del dispositivo para la exhumación de los restos de Franco, que se produjo el 24 de octubre.

El prior defiende en la denuncia que la presencia de agentes en el monumento no contó con "autorización judicial ni acuerdo alguno que pudiera justificar dicho acceso". "Entran y salen a su antojo y, ante la persistente reclamación de explicaciones, únicamente alegan que tienen órdenes verbales en tal sentido de Delegación de Gobierno", añade.

Críticas a la presencia de militares

Cantera explica que desde el pasado 20 de octubre no se permitió a los religiosos acceder a la basílica a pesar de que este complejo es "un lugar de culto y no se pude impedir el acceso a los monjes custodios del lugar".

"Lo grave no es solo que se impida el acceso a los monjes, sino que en una basílica campen libremente militares armados y operarios de funerarias y constructoras sin control alguno, pudiéndose, en consecuencia, producir profanaciones y actos contrarios al culto y a la piedad propio de una Basílica", critica.

Para finalizar, Cantera reitera que la Guardia Civil no tenía autorización ni judicial ni eclesiástica para entrar en la basílica, "sino hasta el momento del inicio de las operaciones de exhumación".