Keiko Fujimori saldrá en libertad tras aceptar el Tribunal Constitucional un recurso contra su prisión preventiva

• La lider opositora, en prisión preventiva desde hace once meses, está siendo investigada por presunto blanqueo de dinero
• Fujimori se acogió este lunes a su derecho a guardar silencio cuando iba a ser interrogada en el marco de la investigación

Keiko Fujimori se encuentra en prisión preventiva dese hace casi 11 meses.

La líder opositora de Perú, Keiko Fujimori, que se encuentra en prisión preventiva desde hace casi once meses por un presunto blanqueo de dinero vinculado a la empresa brasileña Odebrecht, quedará en libertad esta semana después de que el Tribunal Constitucional haya estimado un recurso en contra de su encarcelamiento preventivo, sin entrar en el fondo del caso que se le imputa.

La decisión ha sido anunciada este lunes por el propio presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, en una rueda de prensa en la que ha detallado que la resolución se publicará este jueves y se enviará al día siguiente al Poder Judicial para que se cumpla en el menor tiempo posible.

Blume ha detallado que la decisión ha sido adoptada por una ajustada mayoría de cuatro votos a favor, entre ellos el suyo propio, y otros tres en contra. Así, el tribunal ha optado por "declarar fundada la demanda de hábeas corpus por afectación del derecho a la libertad personal" de Keiko Fujimori, como reclamaba el recurso presentado por su hermana Sachi Marcela.

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori está acusada de haber ordenado a la cúpula de su partido, Fuerza Popular, de lavar dinero para financiar su campaña para las elecciones presidenciales de 2011.

Controversia por la liberación

Una resolución emitida en noviembre de 2018 por el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, consideró que Fujimori lideró una organización criminal enquistada en su partido para captar dinero ilícito y así acceder al poder político, para luego retribuirlo con actos de corrupción. El dinero fue presuntamente lavado con la simulación de múltiples donaciones de personas particulares que prestaron su nombre para elaborar una contabilidad ficticia.

Ante la controversia suscitada, el magistrado ha admitido que se trata de "un caso relevante que viene concitando la atención de toda la colectividad peruana y extranjera", pero ha asegurado que se ha tomado tras "un debate amplio, altura, sereno y sin restricciones".

Así,  el Tribunal Constitucional ha declarado nulas tres decisiones judiciales anteriores, correspondientes al juzgado de instrucción, la Corte Superior y la Sala Permanente del Poder Judicial, que habían ratificado la prisión preventiva ordenada contra Keiko el 30 de octubre del año pasado y ha ordenado "retrotraer las cosas al estado anterior de las resoluciones anuladas y disponer la inmediata libertad de la favorecida".

Blume ha argumentado que la medida se sustenta tanto en la Constitución peruana como en la jurisprudencia nacional existente, así como en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ha reclamado "ser absolutamente cuidadosos, la justicia mediática no es justicia".

El Constitucional subraya que no es una absolución

“Las sentencias del Tribunal Constitucional son ajenas a todo poder político, a todo poder fáctico“

En este sentido, ha recalcado que "la única forma" de afrontar la corrupción "es llevar a cabo una lucha constitucionalizada" y que "la justicia constitucional, como toda forma auténtica de justicia, no se subordina a ningún poder político, ni al poder de una burocracia o de funcionarios, ni mucho menos a rumores generados para orientar a la opinión publica en un sentido". Y ha apostillado: "Las sentencias del Tribunal Constitucional son ajenas a todo poder político, a todo poder fáctico".

En cualquier caso, Blume ha querido remarcar que el tribunal "no ha juzgado el tema de fondo, del caso de la ciudadana Keiko Fujimori", ya que con su resolución "no ha declarado su absolución ni la ha condenado".

La decisión se anunciaba poco después de que Fujimori se acogiera este lunes a su derecho a guardar silencio cuando iba a ser interrogada dentro de la investigación por presunto blanqueo de dinero con el argumento de que "no existen las garantías mínimas de respeto al debido proceso". El interrogatorio había sido programado por el fiscal en la cárcel de mujeres de Lima, donde ella permanece desde hace más de un año.

Aunque Fujimori niega haber recibido dinero de origen ilícito de Odebrecht para financiar sus campañas electorales, sí ha admitido que empresarios peruanos le dieron grandes sumas de dinero que no declaró ante los organismos correspondientes porque, según dijo, se le pidió mantenerlos en reserva.