La jueza que pide imputar a Borràs sostiene que "abusó" de su cargo en la Generalitat para contratar a dedo a su amigo

• La instructora ve indicios de que la portavoz de JxCat en el Congreso adjudicó 18 contratos de forma irregular
• Por ello, pide al Supremo que la impute por prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental

La jueza cree que Borràs adjudicó irregularmente hasta 18 contratos a un amigo

La jueza de Barcelona que ha pedido al Supremo que investigue a la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, por prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental sostiene en la exposición razonada que ha enviado al alto tribunal para pedir la imputación de la política catalana que esta, "abusando" de sus funciones como directora de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), benefició a un amigo con la presunta adjudicación a dedo de 18 contratos informáticos entre 2013 y 2017 con "un claro perjuicio al erario público" que cifra en cerca 259.863 euros sin IVA.

Según la exposición a la que ha tenido acceso TVE, Borràs "contraviniendo los principios de imparcialidad y objetividad que como órgano de contratación debía respetar, adjudicó directa o indirectamente de manera arbitraria todos los contratos de programación informática relativos a la página web (...) a Isaías H.F., actuando de común acuerdo para defraudar a dicha institución mediante el fraccionamiento ilegal de los contratos" por importes inferiores a 18.000 euros.

Además, según sostiene la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, la exconsellera catalana de Cultura participó en la "falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad última de beneficiar los intereses" de Isaías H.F.

En la exposición razonada enviada al Supremo, la instructora señala que hubo "perjuicio al erario público" ya que Borràs y su amigo "fijaban de forma conjunta los importes de las facturas a las que se adecuarían los presupuestos, para que las sucesivas adjudicaciones se tramitaran como contratos menores, teniendo pleno conocimiento de que, independientemente de a quién se adjudicara formalmente cada contrato menor, finalmente el trabajo de infraestructura informática de la web" de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) y de los diferentes años literarios lo cobraba Isaías H.F. "

Este último, en colaboración con otros imputados en la causa, presentaba a cada procedimiento de adjudicación tres presupuestos diferentes, de los cuales "dos, como mínimo, eran falsos o simulados". Actuaban así de "comparsa" con precios más elevados, según la instructora. Aunque estas firmas resultaran supuestamente adjudicatarias, el trabajo lo realizaba realmente Isaías H.F., que luego recibía parte de los pagos realizados por la ILC.

"Yo con la Borràs, con la jefa (...) facturo unos trapis por allí"

La instructora se basa para sostener estas afirmaciones en conversaciones telefónicas y en correos intervenidos, algunos de la propia Borràs, durante la investigación judicial. En una de estas conversaciones, de noviembre de 2017, el beneficiario de los contratos habla con su socio del temor a que la portavoz de JxCat perdiera su puesto con la aplicación del artículo 155 tras la declaración unilateral de independencia.

En esta conversación comenta su temor a que con una intervención "hubiera una comisión económica que comenzara a mirar, pues bueno todos los gastos y comenzaran a salir marrones, porque yo tengo una de marrones, puff...". "Hombre claro, pero yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la Cooperativa (...) yo facturo unos trapis por allí (...) Lo jodido es que la Borràs deje de ser la directora", comenta.

En un correo que Borràs envió a su amigo, en este caso en 2015, la exconsellera dejaba claro que había que hacer tres presupuestos para cada proyecto y le pedía que no sufriera porque el dinero lo tenía "reservado" y era "para esto", según informa Efe.

La portavoz de JxCat en el Congreso ha rehusado pronunciarse por el contenido de la exposición razonada enviada al Supremo para su imputación, ha insistido en que la investigación tiene "una motivación política" y ha señalado que ya dio "todas las explicaciones" que tenía que dar sobre este tema en el Parlament, informa Europa Press.