El Gobierno salva su decreto contra la 'república digital catalana' gracias al PP pero se abre una brecha con Podemos

• PP y Cs han votado a favor mientras que Podemos ha virado del 'no' a la abstención
• Los socialistas rechazan hablar de autodeterminación un día antes de su reunión con ERC

Pedro Sánchez, en la clausura del VI Congreso de las Empresas Familiares Europeas.

El Gobierno ha conseguido sacar adelante su decreto para poner fin al proyecto 'república digital' catalana con el apoyo de PP y Ciudadanos en la Diputación Permanente del Congreso pero ha visto la primera brecha con su socio de Unidas Podemos tras su acuerdo para un gobierno de coalición. La formación morada, reticente a dar su apoyo, ha virado finalmente del 'no' a la abstención después de que el Ejecutivo se haya mostrado abierto a incorporar modificaciones en el decreto. Sin embargo, el decreto también le ha valido al Ejecutivo en funciones las críticas de sus potenciales apoyos para la investidura, ERC, PNV y Compromís.

La convalidación de este decreto se produce un día antes de la reunión que mantendrán este jueves los equipos negociadores del PSOE y de ERC en el marco de las negociaciones para la investidura y el mismo día que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha rechazado hablar de autodeterminación con la formación republicana. El conseller de Políticas Digitales y Administraciones Públicas de la Generalitat, Jordi Puigneró, ya ha calificado el decreto como "estado de excepción digital".

Durante el debate, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha pedido el apoyo a este real decreto ley sobre seguridad digital en una intervención en la que en ningún momento se ha referido a que se trata de un texto que permite actuar en las páginas web del independentismo y la Generalitat. Un decreto que aprobó el Gobierno en funciones el pasado 31 de octubre, tras las protestas violentas en Cataluña por la sentencia del 'procés' -orquestadas a través de internet- con "por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones".

Apoyo de PP y Ciudadanos y viraje de Podemos a la abstención

La diputada del PP Ana Vázquez Blanco ha confirmado el apoyo del PP al Gobierno porque sus integrantes están de acuerdo con parar "la República catalana digital" y entiende que el Gobierno "se vio obligado a aprobar el decreto en plena campaña electoral" para darle toda la fortaleza al DNI español ante la amenaza de la Generalitat.

No obstante, la diputada del PP ha considerado "una indignidad" que sea el PP quien "tenga que tragar" y apoyar al Gobierno en funciones en su decreto "incluso con las posibilidades de que sea recurrido por inconstitucional", mientras el PSOE busca un acuerdo con los independentistas. Y en ese sentido ha lamentado que el PSC -ha dicho- apoyase una iniciativa junto a ERC en el Ayuntamiento de Barcelona para "echar a la Policía Nacional" de su sede de Via Laietana, un posicionamiento que considera una "cesión indignante al independentismo".

También Ciudadanos ha prestado su apoyo a un decreto que el diputado Miguel Ángel Gutiérrez Vivas ha definido como una "chapuza legislativa" pero que, según ha puesto en valor, permitirá actuar contra una administración que "ya ha organizado de manera ilegal dos votaciones". En cambio, el representante de Ciudadanos ha lamentado que planeen buscar como socios de gobierno a los independentistas. "Están a tiempo de tender la mano a quienes velan por el interés de los españoles, de no tener ministros que hablen de presos políticos", ha asegurado.

El viraje del 'no' a la abstención en la postura de Unidas Podemos, por su parte, se debe a que la ministra en funciones ha asegurado que tendrá en cuenta "algunas de las propuestas" que han hecho los grupos en la Diputación Permanente y ha dicho que se podrá seguir trabajando en estas cuestiones en la próxima legislatura. La ministra en funciones, en su intervención final, ha defendido que la norma respeta el ordenamiento jurídico después de que varios grupos hayan puesto en duda su constitucionalidad.

Vox ha sido el único partido nacional que ha votado en contra. Su diputado Víctor Sánchez del Real, ha utilizado el lema 'La República no existe'. "Coma, añadan el adjetivo que quieran", ha espetado a los independentistas tras calificar de "sainete y chiste" el debate sobre un decreto que, desde su punto de vista, "parece escrito por Faemino y Cansado".

Críticas del independentismo un día antes de las negociaciones PSOE-ERC

Un día antes de la reunión entre los equipos negociadores de ERC y el PSOE para la investidura, la diputada republicana Montserrat Bassa ha dicho al PSOE que haría bien en retirar su real decreto "no por un pacto" sino por "pura democracia".

"No tenemos claro adónde quieren llegar", ha asegurado Bassa, que ha avisado a los socialistas de que "no habrá estabilidad mientras no se aborden políticamente aquellos conflictos de naturaleza política".

También la portavoz de Junts pel Cat, Laura Borràs, ha lamentado que "de manera precipitada y con suma frivolidad" el Gobierno en funciones pretenda convalidar un real decreto que, en su opinión, es un "un golpe de estado digital".

El PNV rechazará del mismo modo el decreto porque, según el diputado Mikel Legarda, supone "una intervención por la vía de hecho" por las administraciones autonómicas y por ello ha instado al Ejecutivo a reconducir la situación a la mayor brevedad posible.

Bildu, que también se opondrá, ha pedido "llamar a las cosas por su nombre" pues, ha dicho Mertxe Aizpurua, "esto es la ampliación de la ley mordaza a las nuevas tecnologías" y "cualquier cosa" puede a partir de ahora "considerarse una amenaza".

Tampoco Compromís aprobará un decreto que, según el diputado Joan Baldoví, se debería haber tramitado de otro modo y debatido "con sosiego, sin prisas, y con mucha más calma".

La norma que ha sido convalidada tiene por objeto regular este marco normativo, que comprende medidas urgentes relativas a la documentación nacional de identidad; a la identificación electrónica ante las Administraciones públicas; a los datos que obran en poder de las mismas; a la contratación pública; y al sector de las telecomunicaciones.