El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y Junqueras por los gastos del referéndum del 1-O

• También cita a Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn
• Responde a una denuncia de Societat Civil Catalana y la Fiscalía

Imagen de archivo del día del referéndum ilegal de independencia del 1-O en Barcelona.

El Tribunal de Cuentas ha citado al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y al exvicepresidente Carles PuigdemontOriol Junqueras para el próximo 28 de enero de 2020 para fijar la liquidación provisional de los gastos del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017.

Además, también ha acordado citar a los exconsellers Neus Munté, Toni Comín, Clara Ponsatí, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn, entre otros, junto con representantes de nuestra entidad y la Fiscalía, por la misma razón que a Puigdemont y Junqueras.

A todos ellos se les requerirá para que paguen estos gastos o avalen, y en caso de no hacerlo, el Tribunal de Cuentas advierte de que se procederá al embargo de sus bienes". El tribunal especifica que los citados pueden comparecer personalmente o "por medio de representante debidamente acreditado para la defensa de sus derechos o intereses".

También han sido citados ese día los representantes legales de las sociedades Abogados Catalanes por la Constitución y Societat Civil Catalana, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal.

Societat Civil denuncia el uso de dinero público para lo que "está fuera de la ley"

Estas citaciones responden a una denuncia de la Fiscalía y también de otra que presentó Societat Civil para que "los líderes de este proyecto, que genera división y enfrentamiento y que está llevando a Cataluña a la ruina económica, paguen hasta el último céntimo de dinero público que han utilizado para ejecutarlo".

Societat Civil denuncia que los "líderes del separatismo"utilicen el "dinero de todos los catalanes" para alcanzar "objetivos políticos" que no representan a toda la ciudadanía y que "están fuera de la ley". También subrayan que "según votaciones con urnas legalmente establecidas", la mayoría de los catalanes "no apoyan la secesión".