La Fiscalía alemana registra las oficinas de Volkswagen para investigar otro posible fraude de emisiones como en 2015

• El motor investigado es un modelo posterior al que contenía el software ilegal que falseaba las emisiones
• Desde Volkswagen se asegura que se coopera con la ley, pero que las investigaciones son injustificadas

La fiscalía alemana ha entrado este martes en las oficinas del la emrpesa

La Fiscalía de Braunschweig, Alemania, ha registrado este martes algunas de las oficinas del fabricante automovilístico Volkswagen,  en relación con la manipulación de las emisiones en vehículos con motor diésel, según informan medios alemanes.

El gigante automovilístico ha informado que la investigación está relacinada con los vehículos diésel que tienen el motor EA 288 y asegura que se está cooperando con la Fiscalía, aunque considera que las investigaciones son injustificadas.

Además, desde la empresa se asegura que en ningún vehículo que monta ese tipo de motor, que tiene la norma de homologación Euro-6, está instalado un software ilegal de gestión de gases para esconder la cifra total de emisiones contaminantes que emite. En simulaciones, los vehículos con el EA 288 no indican un fallo del filtro del diésel, por lo tanto se sigue cumpliendo con los límites de emisiones, se ha defendido Volkswagen.

Misma situación que hace cuatro años

Por su parte, la fiscalía asegura que los ivestigadores tenían como objetivo confiscar documentos que puedan aclarar el escándalo del diésel que ya afectó a Volkswagen en el año 2015, cuando desde la empresa alemana se admitió haber engañado a EE.UU, y se vuelve a repetir cuatro años después.

En su día cuando estalló el caso, desde Volkswagen se aseguró que unos 11 millones de vehículos de todo el mundo habían sido equipados con el software ilegal,  modelos de automóvil con anterior al modelo ahora en investigación, el EA 189 que reconocía si el automóvil estaba en una prueba de homologación y reducía las emisiones contaminantes en comparación con las reales en carretera.

Desde que en 2015 se demostró que Volkswagen había usado tales dispositivos para falserar las puebas de emisiones, le han costado a la compañía alemana unos 30 millones de euros en multas, reparaciones de vehículos afectados y costes legales. También desencadenó una reacción mundial de rechazo contra los vehículos de motor diésel provocando una caída en el sector.