El juez abre una nueva pieza contra Chaves y Zarrías por presunta malversación en el préstamo a una empresa

• El instructor investiga, a instancias de la Fiscalía, a 15 personas en total, diez de ellas ex altos cargos del PSOE en la Junta
• El juez cree que pudo haber "menoscabo" de fondos públicos en un préstamo de 5,8 millones a una empresa cárnica en 1999

Manuel Chaves (d) y Gaspar Zarrías (i) en el Congreso en una foto de archivo

El juez que investiga el caso de los ERE ha abierto este martes una nueva pieza separada contra 15 personas, diez de ellas ex altos cargos del PSOE de la Junta de Andalucía como el expresidente Manuel Chaves y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por presunta prevaricación y malversación en relación a un préstamo de 5,8 millones de euros concedido en 1999 a la empresa de Jaén Campocarne Andalucía, entonces conocida como Hijos de Andrés Molina (Hamsa).

El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado abrir la nueva pieza -a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió este lunes la imputación de los ex altos cargos socialistas- al considerar que a través de este préstamo "podría haberse simulado una ayuda pública directa" sin cumplir los requisitos legales "con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos".

Además de Chaves y Zarrías, que fueron condenados a 9 años de inhabilitación por prevaricación en la llamada 'pieza política' del caso de los ERE el pasado 19 de noviembre, el instructor también imputa a otros seis exresponsables ya condenados por la Audiencia de Sevilla por la trama corrupta: el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, los exconsejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, y Francisco Vallejo, el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román y el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.

El juez de los ERE investigará ahora también al exconsejero Guillermo Gutiérrez y al expresidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) Salvador Durbán, que no se sentaron en el banquillo de los acusados en el primer juicio. A los diez ex altos cargos de la Junta se unen también cinco directivos de la empresa.

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"Simulación" de una ayuda pública

En uno de los dos autos dictados para la apertura de las nuevas diligencias, el magistrado pone de manifiesto que los hechos relatados por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito en el que pedía la imputación de todos ellos "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Por este motivo, argumenta, "resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión" a Hamsa de un préstamo 'puente' de entonces 970 millones de pesetas otorgado por el antiguo IFA y aprobado en un Consejo de Gobierno el 9 de noviembre de 1999.

El instructor añade que a través de este préstamo "podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos". En la misma línea, señala en otro apartado del auto que "podría deducirse que bajo la apariencia formal de un un contrato de préstamo se decidió en puridad, como señala el Ministerio Fiscal, disponer arbitrariamente de los fondos públicos (...) para beneficiar directamente a la empresa".

Una operación al margen del 'procedimiento específico' de los ERE

En el auto, el magistrado recoge que este préstamo se concedió después de que la Comisión Europea declarara en 1999 "incompatibles" las ayudas que Hijos de Andrés Molina S.A. había recibido de la Junta años antes cuando atravesaba problemas económicos. Es en este contexto en el que se acuerda la inyección de dinero en forma de préstamo.

Según la nota enviada por el TSJ de Andalucía sobre la apertura de la nueva pieza, la operación ahora investigada no tendría vinculación alguna con el denominado 'procedimiento específico', un sistema "fraudulento" que permitió a la Junta repartir de forma arbitraria hasta 680 millones de euros en ayudas durante una década, según la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

El juez, que determina que los hechos investigados de la nueva pieza no han prescrito, ha solicitado documentación a la agencia IDEA, a las Consejerías de Presidencia y Empleo y a la Intervención de la Junta.