Honduras declara estado de emergencia en las cárceles y destituye a las autoridades penitenciarias

• El Ejecutivo ha suspendido a las autoridades del institutos penitenciarios y del de Atención a Menores Infractores
• El objetivo es "acelerar el fortalecimiento y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria"

Imagen de archivo de la Granja Penal de Comayagua, en Honduras.

El Ejecutivo de Honduras ha declarado este martes "emergencia" en el sistema penitenciario del país y ha suspendido a las autoridades de los institutos penitenciarios y el de Atención a Menores Infractores, según ha informado el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz.

La emergencia ha sido declarada con el "propósito de acelerar el fortalecimiento y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria", señala el decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta.

La intervención de los centros penales se produce después de varios episodios de violencia ocurridos en los últimos meses a causa de los problemas de seguridad en las cárceles del país, afectadas también por el hacinamiento.

Una docena de personas han muerto en los últimos dos meses

Al menos una docena de personas, entre ellos cuatro menores, han muerto durante motines registrados en cárceles de "máxima seguridad" y centros de internamiento para menores en los últimos dos meses.

El Ejecutivo también ha ordenado la intervención del sistema penitenciario nacional durante seis meses, que incluye al Instituto Penitenciario y al Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, y ha nombrado una Comisión Interventora integrada por la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina).

"La emergencia decretada faculta a la comisión interventora para que proceda a la suspensión temporal de personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos de personal que se considere innecesario", añade el documento.

La directora y el director del Instituto Penitenciario, Rosa Gudiel y Germán McNeil, así como el secretario ejecutivo del Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), Felipe Morales, han sido destituidos de manera temporal, aunque no precisa las razones.

Las cárceles albergan a unos 22.000 presos

Unas treinta cárceles forman parte del sistema penitenciario de Honduras, que alberga a unos 22.000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.

La junta interventora tendrá entre sus funciones: lograr la normalización y correcto funcionamiento de los centros penales, así como en los centros de internamiento para menores infractores, "priorizando los de máxima seguridad".

Además, deberá presentar al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, una propuesta integral de reestructuración basada en la revisión del marco de gestión penitenciaria que incluye, entre otros, "lo normativo, lo procedimental, lo administrativo y presupuestario".

Por otro lado, tendrá que establecer un proceso de ordenamiento de atención médica de los presos en coordinación con la Secretaría de Salud y el Departamento de Medicina Forense del Ministerio Público, así como un nuevo sistema de comunicación con los presos que incluya, entre otras, todo tipo de visitas y comunicación telefónica.

El Gobierno inició una transformación del sistema penitenciario en 2017

También debe habilitar o construir la estructura física o tecnológica que permita implementar el sistema de audiencias virtuales, y establecer un centro de monitoreo nacional.

El decreto señala que la comisión interventora debe proponer "soluciones" para reducir la población en los centros penales, para lo cual puede contratar expertos nacionales o internacionales en materia penitenciaria.

La comisión interventora deberá rendir al gobernante hondureño un informe de avance de las acciones y las recomendaciones para la restructuración, modernización y mejora del sistema penitenciario.

En 2017, el Gobierno de Honduras inició una transformación del obsoleto sistema penitenciario del país, donde el 80% de los ataques y masacres perpetradas son ordenadas por pandilleros, según las autoridades de seguridad.