Las personas dependientes esperan de media 426 días para recibir asistencia

• Ya son 423.000 personas las que se encuentran en lista de espera
• Canarias, Extremadura, Andalucía y Cataluña, las comunidades en las que más tardan en llegar las ayudas

Más de 400.000 familias esperan las ayudas por cuidar de personas dependientes

Aquellas personas que solicitan atención en relación a la Ley de Dependencia en España deben esperar cerca de 426 días (un año y dos mses) para recibir una respuesta por parte de la Administración. Sin embargo, la misma regulación establece que este trámite no debe superar los seis meses (180 días) y, mientras tanto, las listas de espera no dejan de aumentar: ya son 423.000 personas.

Son datos que ha hecho públicos el IMSERSO, con el objetivo de que con su publicación se puedan descubrir mejoras en el sistema para paliar el problema, aunque alertan de que en cuatro comunidades autónomas se sobrepasan los 18 meses de espera (más de 540 días).

Qué zonas aprueban y cuáles suspenden

Por orden de cumplimiento, las ciudades de Ceuta (70 días) y Melilla (170) son las primeras, seguidas de País Vasco (137), Navarra (155) y Castilla y León (191). En el otro lado de la balanza, Cataluña (576), Andalucía (621) y Extremadura (675) son las más rezagadas, aunque esta última dista en más de 100 días con Canarias, en la que se registran 785.

En esta estadística del Sistema de la Dependencia se ha registrado, además, que por primera vez desde 2016 el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha aumentado y que el número de fallecimientos sin haber recibido las prestaciones. En 2019, aproximadamente 31.000 personas murieron sin recibirlas.

En esta publicación también se han revelado las partidas en datos económicos. Estas prestaciones por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 247 euros, de las que disfrutan en la actualidad 425.000 personas. La clasificación se divide en: Grado I o moderada, con un promedio de 140 euros al mes; Grado II o severa, con 245; y Grado III o gran dependencia, con 340.

 

La reacción de la Administración

Por su parte, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye estos retrasos en la tramitación, después de 13 años de implantación de la ley. Los "sucesivos recortes" en su financiación (aún vigentes) han afectado el despliegue de la normativa, generando grandes tramos de desatención que tampoco han sido resueltos. "El disparatado y proceloso entramado burocrático creado por las diferentes administraciones que, lejos de garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se convierte en una trampa mortal para el acceso al disfrute de prestaciones y servicios", critica la asociación.

Por ello, las comunidades autónomas deben seguir dos procedimientos administrativos encadenados (la resolución del grado de dependencia y la prestación o servicio que disfrutará la persona) y, muchas veces, para cuando estas resoluciones han sido declaradas, la situación del o la solicitante ha variado en exceso y hay que volver a empezar, lo que implica revisar su grado o sus prestaciones.

Además, la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria "supone graves trastornos a las personas dependientes y genera importantes sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres, que son el 75 % de las personas que prestan los cuidados familiares". También cambian mucho las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio. Por ejemplo, si se requiere una plaza de atención residencial, esta oscila en torno a los 550 euros al mes, de los que el usuario debe aportar el resto.