La familia de José Couso recurre al tribunal de Estrasburgo en un intento de reactivar la causa
- Su abogado ha presentado un escrito en el TEDH contra el archivo de la causa en el Tribunal Constitucional
- Argumenta que la reforma que restringió la justicia universal vulnera el Convenio Europeo de Derechos Humanos
La familia de José Couso, el periodista español que murió en 2003 durante un ataque de Estados Unidos contra el hotel donde se alojaban los informadores en Bagdad durante la guerra de Irak, ha presentado este lunes un recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TDEH) contra la sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó el archivo de la causa por el fallecimiento del cámara de televisión, en un intento de reactivar el caso.
"Nuestra pretensión es que el TEDH determine si la reforma de la normativa española sobre jurisdicción universal supuso una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos", explican en un comunicado conjunto la familia y la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso.
Dicha reforma "impidió seguir investigando y persiguiendo un crimen de guerra cometido contra un ciudadano español y nos dejó incapacitados para buscar justicia ante este asesinato", añade la nota.
“No existe actualmente ninguna posibilidad de que el asesinato sea enjuiciado, por lo que quedará impune“
"No existe actualmente ninguna posibilidad de que el mismo sea enjuiciado, por lo que quedará impune. Es decir, el Estado español no pone actualmente a disposición de la familia Couso ningún recurso ni mecanismo que permita la denuncia, investigación y enjuiciamiento", explica el recurso, según el escrito presentado en el TEDH por su abogado, Eduardo Gómez Cuadrado, que recoge la exposición de los hechos.
Una reforma que restringió la justicia universal en España
La familia recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos "obliga a los Estados contratantes" a "asegurar de forma concreta y efectiva una buena administración de justicia", y recurre a la jurisprudencia del propio TEDH para remarcar que "la obligación de los Estados de proteger un derecho incluye la de investigar las circunstancias en que se produce su violación".
José Couso falleció el 8 de abril de 2003 al ser alcanzado el hotel de Bagdad en el que se alojaba con otros profesionales de medios de comunicación que cubrían la guerra de Irak por un proyectil disparado por un carro de combate estadounidense.
La sentencia del Constitucional confirmó el archivo acordado en su día por la Audiencia Nacional, que fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo, de la causa seguida por la muerte de José Couso en la que fueron procesados tres militares estadounidenses por supuesto delito contra la comunidad internacional.
Los órganos judiciales españoles fundamentaron el sobreseimiento en la aplicación al caso de lo dispuesto en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la redacción dada por la reforma de la norma aprobada en 2014 con la mayoría absoluta del PP, que restringió los supuestos en los que los tribunales de España pueden perseguir delitos de justicia universal.
La familia denuncia el "desprecio" sufrido
Este precepto, en concreto, establece unos requisitos para que los tribunales españoles puedan perseguir a los presuntos responsables de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado cometido fuera del territorio nacional.
Dichos requisitos son "que el procedimiento se dirija contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o contra un extranjero que se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas".
La familia y la Asociación de Hermanos, Amigos y Compañeros de José Couso recuerdan que "una vez interpuesta querella ante la Audiencia Nacional el 27 de mayo de 2003 fue admitida a trámite por el Juzgado Central de Instrucción número 1".
"A lo largo de estos dieciséis años y ocho meses hemos sufrido el continuo desprecio a través de archivos, modificaciones de leyes orgánicas, exabruptos por parte de representantes políticos, traición de miembros del Gobierno y desprecio de tribunales ante la búsqueda de justicia para un ciudadano español asesinado en el ejercicio de sus funciones", denuncian.