El presidente de Chile firma la ley para un referéndum constitucional tras más de dos meses de protestas

• Sebastián Piñera promulga la ley aprobada por el Parlamento que permite celebrar un plebiscito el 26 de abril
• Las manifestaciones han perdido intensidad, pero el descontento sigue presente en amplias capas de la sociedad

Un manifestante frente al Palacio de la Moneda, la sede del Gobierno, en Santiago de Chile

Después de más de dos meses de protestas en las calles contra el sistema económico y la precariedad de los servicios públicos, el presidente de Chile, ha promulgado este lunes la ley que permitirá convocar un referéndum constitucional en abril, como vía para aplacar el descontento que aún sigue presente en amplias capas de la sociedad chilena y que ha provocado la mayor crisis política desde la restauración de la democracia.

Piñera ha firmado la ley en el Palacio de La Moneda de Santiago, la sede del Ejecutivo, donde ha explicado que la consulta servirá para ver si los chilenos quieren una nueva Constitución o reformar la actual, creada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet: "Esta reforma abre las puertas y define el camino para lograr un gran acuerdo constitucional que nos dé ese marco institucional sólido, legítimo y compartido para poder enfrentar como país los formidables desafíos del presente y las magníficas oportunidades del futuro", ha asegurado.

Durante su declaración, el presidente chileno ha ahondado en la historia constituyente del país y en el histórico acuerdo político entre el oficialismo y la oposición -a excepción del Partido Comunista- que se alcanzó el pasado 15 de noviembre para iniciar el proceso constituyente, hasta fraguar en la ley que el Congreso aprobó la semana pasada y que el presidente ha promulgado este lunes.

“Por primera vez tenemos la oportunidad de lograr, en plena democracia, un gran acuerdo constitucional con participación ciudadana“

"Quizás lo que hemos vivido en los últimos 66 días, desde el 18 de octubre, es una clara y elocuente muestra de este cambio. Por eso hoy es que por primera vez tenemos la oportunidad de lograr, con total libertad y en plena democracia, un gran acuerdo constitucional con amplia y efectiva participación ciudadana", ha asegurado Piñera.

En Chile continúan las protestas en la calle

En este sentido, ha destacado que será la ciudadanía la que decidirá no solo si redactar una nueva Constitución, sino también la retificación del texto al final del proceso constituyente, en otra consulta. "Tendremos no solamente la primera palabra de respecto a la naturaleza y el mecanismo de este acuerdo constitucional a través de un plebiscito de entrada, sino que también tendremos, si así lo decidimos, la última palabra respecto a los principios y contenidos de esa nueva Constitución a través de un plebiscito ratificatorio", ha recalcado.

Encauzar la peor crisis de la democracia chilena

La redacción de una nueva Carta Magna es una de las principales exigencias de los manifestantes chilenos, que culpan a la actual Constitución de estar en el origen de las desigualdades del país, pues concede al Estado un rol solo "subsidiario" en la provisión de servicios básicos, lo que ha favorecido su privatización. El referéndum, que tendrá lugar el 26 de abril, constará de dos preguntas: "¿Quiere usted una nueva Constitución?" y, en el caso de voto afirmativo, "¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?".

Para esta segunda pregunta se proponen dos opciones que suponen un punto intermedio entre el Congreso Constituyente que quería el oficialismo y la Asamblea Constituyente que reclamaba la oposición. Así, los chilenos podrán votar en favor de una Convención Constitucional, que estará formada al cien por cien por ciudadanos elegidos para este fin, o una Convención Mixta Constitucional, conformada por ciudadanos y parlamentarios a partes iguales.

Si el plebiscito es aprobado, la elección de los miembros se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las elecciones regionales y municipales, y la nueva Constitución se ratificará en otro plebiscito con sufragio universal y voto obligatorio. Todo ello para encauzar una crisis que se desencadenó en octubre por la subida del metro en Santiago de Chile y que después derivó en una protesta mucho más amplia que ha puesto en cuestión todo el sistema chileno y, en especial, la precariedad de los servicios públicos en el país con la economía más liberalizada de América Latina.

Piñera anuncia un paquete de medidas sociales para frenar las protestas.

Ni la retirada de la subida del billete de metro, en un primer momento, ni las concesiones posteriores de Piñera, que han ido desde un paquete de medidas sociales -que incluye el aumento gradual de las pensiones más bajas hasta un 50 % o el incremento del salario mínimo hasta los 350.000 pesos (unos 420 euros) hasta hacer renunciar a todo su Gobierno, han conseguido desactivar a los manifestantes, que han tomado por millones las calles, si bien el récord se alcanzó el 25 de octubre, cuando 1,5 millones de personas salieron a manifestarse.

El Ejecutivo, además, se ha visto sacudido por las acusaciones de brutalidad policial, hasta el punto que la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció en un informe "el uso excesivo e innecesario de la fuerza, lo que llevó a muertes ilícitas y heridos, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, incluida violencia sexual". Al menos 26 personas han muerto en las protestas, cinco de ellas supuestamente a manos de agentes del Estado, y miles más han resultado heridas.

Este mismo lunes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos constataba en el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Chile en 2019 que el país vive su peor crisis al respecto desde la dictadura de Pinochet: "A las manifestaciones pacíficas y multitudinarias se sumaron hechos de violencia que generaron una respuesta estatal que produjo, en su conjunto, las más graves y múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas desde 1989", ha asegurado el director del organismo, Sergio Micco.

El descontento persiste entre los chilenos

Las manifestaciones obligaron incluso al Gobierno a trasladar a Madrid la Cumbre del Clima de la ONU, que debía celebrarse en Santiago, y aunque en las últimas semanas las marchas han ido perdiendo fuerza, el descontento se mantiene, ya que buena parte de la sociedad considera que las medidas adoptadas hasta ahora solo son parches.

Chile continúa sumido en la protesta social dos meses después

"El Gobierno sigue sin entender lo que demandan los manifestantes, nos da bonos y migajas para amortiguar las protestas", aseguraba a Efe el pasado viernes Francisca Videla, una universitaria de 21 años, en la última gran concentración, celebrada tras varias semanas de relativa calma en la Plaza Italia, una plazoleta en el centro de Santiago convertida en epicentro del estallido social.

Ese día, la concentración volvió a acabar con violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, aunque, en general, también han perdido fuerza los saqueos, los incendios o las barricadas, que atemorizaron durante días a gran parte de la sociedad provocando enormes pérdidas económicas.

Con todo, las movilizaciones continúan y más de dos millones de personas de 225 de las 346 comunas del país participaron este domingo en un inédito plebiscito ciudadano no vinculante, que arrojó como resultado que el 92,4 % está de acuerdo en redactar una nueva constitución y en que las pensiones, la salud y la educación son los asuntos prioritarios.

"La Constitución no es una vara mágica que resuelve en forma instantánea todos los problemas. Sí puede darnos el marco institucional adecuado para poder avanzar con las políticas públicas y la participación de toda la sociedad hacia un país con mayor capacidad de atender y satisfacer las necesidades de los ciudadanos", ha afirmado este lunes Piñera, que ha garantizado "un proceso constitucional limpio, libre, transparente y democrático".

Las opiniones de otros países

El Gobierno de Chile ha pedido a otros estados que se abstengan de verter opiniones sobre el momento que vive el país en estos momentos. En concreto ha sido el caso de Argentina.  El ejecutivo de Piñera pidió al presidente argentino, Alberto Fernández, que cesara en esta postura después de asegurar que la comunidad internacional no es tan crítica con la crisis que vive el país austral como lo es con la situación en Venezuela.

La Cancillería explicó en un comunicado que el ministro chileno, Teodoro Ribera, llamó a su homólogo argentino, Felipe Solá, para expresarle su "sorpresa" por los comentarios" de Fernández y precisarle "la conveniencia de no emitir opiniones sobre situaciones de política interna de los respectivos países". En la misma entrevista en la que Fernández habló del país vecino, concedida a una televisión local, afirmó también que "tengo el mejor trato con Piñera y, si puedo ayudar en algo a que Chile salga de este momento, los voy a ayudar en lo que esté a mi alcance, pero seamos justos, digamos todo".