Murcia suspende las nuevas construcciones y limita los cultivos para proteger el Mar Menor
- El Consejo de Gobierno aprueba el decreto ley, que contempla multas de hasta medio millón de euros para los infractores
- El Ejecutivo regional admite que la laguna salada "no se va a recuperar" solo con esta ley y reclama medidas al Gobierno
El Gobierno de Murcia ha aprobado este jueves un decreto ley con una serie de medidas, que van desde la prohibición de uso de fertilizantes a 500 metros de la costa hasta la suspensión de los nuevos desarrollos urbanísticos, para intentar proteger el Mar Menor del deterioro medioambiental, si bien ha reconocido que la nueva normativa, que contempla multas de hasta medio millón de euros para los infractores, no será suficiente para salvar el ecosistema a no ser que se arbitren medidas adicionales y todos los actores interioricen la necesidad de implicarse en frenar la contaminación.
"Sobre el Mar Menor convergen una pluralidad de usos que hay que ordenar y solo si se armonizan de manera sostenible se recuperará", ha alertado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, quien ha insistido en que el ecosistema lagunar "no se va a recuperar" únicamente con el decreto ley de Protección Integral del Mar Menor: "Todos debemos formar parte de la solución del Mar Menor", ha subrayado.
El Mar Menor, que constituye la laguna salada permanente más grande de Europa, sufre episodios recurrentes de alta contaminación, el último de los cuales tuvo lugar en octubre, tras la última gota fría, que volcó una excesiva cantidad de agua dulce y agravó un problema que nace de los vertidos de nitratos y fosfatos, entre otras sustancias, por las actividades económicas que se desarrollan en la zona.
Así, el texto aprobado ahora establece medidas que limitan los usos agrarios, ganaderos, pesqueros, turísticos y urbanísticos en 2.400 kilómetros cuadrados del Campo de Cartagena y el Mar Menor, que quedan divididos en dos zonas: la 1, que cubre un 15 % de la superficie y que contempla mayores restricciones, y la 2, que abarca el 85 % restante. Las medidas de protección entrarán en vigor progresivamente, en una horquilla de tiempo que va desde su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta un año después.
Prohibición de fertilizantes y limitaciones al uso agrícola
De esta forma, el decreto establece que en los primeros 500 metros desde el litoral no se podrán utilizar fertilizantes, estiércoles o abonado en verde. Además, la Comunidad incentivará la transformación de la actividad agrícola mediante ayudas a los agricultores y agroindustrias que cambien sus cultivos a secano, ecológico, hidropónico y sostenible de precisión, en ese orden de prioridad, al tiempo que se prohíbe la transformación de secano a regadío y la roturación en suelo forestal.
Por otra parte, se limitarán los ciclos de cultivo, por lo que queda prohibido más de dos cosechas anuales en la misma parcela, salvo las hortalizas de ciclo inferior a 45 días, para las que se permitirán hasta tres cosechas al año.
Esta decisión afectará al 90 % de las plantaciones que se realizan al año en el Campo de Cartagena, aunque Antonio Luengo ha asegurado, en la rueda de prensa posterior a la aprobación del decreto, que la rentabilidad económica estará "satisfecha".
La norma también fija un plazo de cinco años para aprobar el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor, que regulará las actividades en el espacio comprendido entre la autopista AP-7 y la vía rápida de La Manga y la costa, donde se deberán adaptar los usos agrícolas a un carácter ecológico, forestal y turístico.
Suspensión de los nuevos desarrollos urbanísticos
En esta zona se establecerá un corredor ecológico para actuar de filtro natural ecosostenible, además de impedir la total urbanización del litoral evitando la construcción entre espacios urbanos, los cuales se dedicarán a espacios de carácter ecológico o forestal.
El decreto ley contempla un área de exclusión temporal para nuevos desarrollos urbanísticos no aprobados antes de entrar en vigor el decreto ley, excepto los planeamientos aprobados o que cuenten con aprobación inicial. Los encargados de paralizar los proyectos que no cumplan esos requisitos serán los ayuntamientos y, subsidiariamente, el Gobierno regional.
Tampoco están permitidos los usos industriales -salvo las plantas solares fotovoltaicas-, comerciales, logísticos, de almacenaje, hoteleros, de restauración, terciarios recreativos ni cualquier uso que se encuentre en terrenos inundables, salvo las actuaciones de interés regional o turístico y proyectos estratégicos que acrediten su no afección a la laguna.
Además, se prohíbe la navegación de embarcaciones de motores de dos tiempos de carburación, de alta velocidad o con niveles sonoros excesivos, mientras que los pescadores tendrán un nuevo reglamento, al tiempo que no se podrán implantar granjas porcinas en la zona 1.
El Gobierno regional reclama más medidas
La norma contempla un procedimiento sancionador y de control, con multas de hasta 5.000 para las infracciones consideradas leves, mientras que las graves podrán alcanzar los 50.000 euros y las muy graves, el medio millón de euros.
Luengo ha recalcado que el texto busca "ordenar y controlar, de una forma más exhaustiva, la actividad que rodea el Mar Menor y recuperar su estado”, aunque ha insistido en la necesidad de medidas complementarias.
En concreto, ha reclamado que el Gobierno central "haga sus deberes" y ponga en marcha el Plan Vertido Cero, con el fin de disminuir el nivel freático que vierte nutrientes y contaminantes a la laguna salada.
Tras su entrada en vigor, la Asamblea Regional deberá convocar un pleno para convalidar el decreto ley en el plazo máximo de un mes, para lo cual, el Gobierno regional de PP y Ciudadanos cuenta con la mayoría suficiente al recibir el apoyo de Vox al texto.