España responde de forma recíproca a Bolivia y expulsa de Madrid a tres de sus diplomáticos

• La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha declarado personas 'non gratas' a dos diplomáticos españoles
• El gobierno de España responde inmediatamente "en reciprocidad al gesto hostil" expulsando a tres diplomáticos bolivianos

Crisis con Bolivia: España expulsa a tres diplomáticos

El Gobierno interino de Bolivia ha decidido este lunes declarar personas no gratas a los diplomáticos españoles Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, y a la embajadora de México, María Teresa Mercado, junto a un grupo de funcionarios a los que se dio 72 horas para dejar el país tras los incidentes acaecidos hace dos días en La Paz.

Boletines RNE - Bolivia expulsa a dos diplomáticos españoles y a la embajadora mexicana - Escuchar ahora

El anuncio de la expulsión de diplomáticos y funcionarios españoles y mexicanos lo ha hecho la propia presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.

"El Gobierno constitucional que presido ha decidido declarar persona non grata a la embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, a la encargada de negocios de España en Bolivia, Cristina Borreguero, al cónsul de España en Bolivia, Álvaro Fernández, y al grupo de los presuntamente diplomáticos encapuchados y armados", ha señalado Áñez.

"Este grupo de representantes de los gobiernos de México y de España ha lesionado gravemente la soberanía y la dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia", ha sostenido Áñez en una comparecencia en el Palacio de Gobierno de la Paz.

Reacción recíproca del Gobierno de España

El Gobierno español ha respondido a las expulsiones de miembros de la delegación diplomática española en La Paz con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos destinados en Madrid. La respuesta es una medida de reciprocidad habitual en este tipo de casos.

Las tres personas que tendrán que abandonar España son el encargado de negocios de Bolivia en España, Luis Quispe Condori, el agregado militar, Marcelo Vargas Barral y el agregado policial, Orso Fernando Oblitas Siles.

A través de un comunicado el Gobierno español ha rechazado "tajantemente las acusaciones del Gobierno interino Boliviano" (sic) al tiempo que recuerda las "relaciones estrechas de amistad y solidaridad con el país y el pueblo hermano de Bolivia".

En el comunicado enviado a los medios de comunicación se puede leer que "España rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia", y califica tal acusación como una "calumnia dirigida a dañar nuestras relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias".

En reciprocidad al gesto hostil del Gobierno interino de Bolivia de declarar como personas non gratas a dos diplomáticos españoles, España ha decidido, a su vez, declarar del mismo modo a tres miembros del personal diplomático y consular boliviano acreditado en nuestro país. También les ha dado, al igual que ha hecho el gobierno boliviano, 72 horas para abandonar España.

Bolivia no rompe relaciones con España ni México

Tras el anuncio de Áñez, la ministra interina de Exteriores, Karen Longaric, declaró a los medios que la determinación del Gobierno boliviano "no implica la ruptura de las relaciones diplomáticas" ni con México ni España.

Por el contrario, se trata de una exigencia de Bolivia para que esos gobiernos acrediten a nuevos funcionarios que sustituyan a aquellos que "violaron la soberanía e irrespetaron las normas bolivianas", mencionó.

Longaric precisó que no existía "ninguna otra posibilidad sino la de aplicar la Convención de Viena y pedir que se los retire del territorio boliviano", refiriéndose a los diplomáticos señalados.

El incidente

El Gobierno boliviano acusó este pasado viernes a la Embajada de España en La Paz de cometer "atropellos" a su soberanía por el incidente en el que al parecer funcionarios de esa delegación diplomática iban en vehículos oficiales "encapuchados" y "presumiblemente armados".

El Ejecutivo interino aseguró entonces que intentaron ingresar de forma "clandestina" a la residencia de la embajadora de México en Bolivia, que alberga alrededor de una decena de exautoridades de Evo Morales. Cuatro de esas exautoridades tienen órdenes de aprehensión, ya que el Gobierno interino de Jeanine Áñez los acusó por distintos delitos como terrorismo.

El suceso fue interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a los exministros Juan Ramón Quintana, Wilma Alanoca y Javier Zavaleta, quienes junto a otros exfuncionarios aguardan un salvoconducto que les permita cumplir el asilo en México.

Logaric reveló que ni España ni la canciller de ese país, Margarita Robles, tenían conocimiento de la acción de los diplomáticos españoles en Bolivia, refiriéndose a una conversación que tuvo el fin de semana con su homóloga hispana.

La vigilancia policial en las dependencias de la embajada y la residencia mexicanas continúa, una acción que ha sido calificada por las autoridades de México como un "asedio".

El Gobierno transitorio boliviano ha justificado esa acción en base a pedidos de la Embajada de México para redoblar la vigilancia y tras considerar el riesgo de una protesta social para retirar por la fuerza a algunos funcionarios del Gobierno de Morales.