Brasil notifica a España que extraditará a uno de los autores de la matanza de Atocha

• El ultraderechista Carlos García Julià fue condenado a 193 años de cárcel tras los asesinatos de 1977
• El Gobierno brasileño dispone de un plazo máximo de 60 días para entregar al condenado

Manifestantes en la capilla ardiente de los abogados asesinados en Atocha en 1977

El Gobierno brasileño ha notificado al Gobierno español que procederá a extraditar a Carlos García Juliá, condenado por participar en la matanza terrorista de los abogados laboralistas de Atocha en 1977. El condenado estaba preso en Brasil desde hace un año, según han dicho este viernes fuentes diplomáticas.

La embajada de España en Brasil recibió la notificación de la concesión de la extradición del Gobierno brasileño en la tarde del jueves, según un portavoz de la delegación diplomática. A partir de la notificación, y de acuerdo con el tratado de extradición entre ambos países, Brasil tiene un plazo máximo de 60 días para entregar al condenado.

Durante ese período ambas partes tienen que acordar la fecha y el lugar de la entrega, así como las condiciones en que se realizará el traslado. La extradición del ultraderechista de Fuerza Nueva había sido autorizada por la Corte Suprema de Brasil el pasado agosto, por lo que tan solo dependía de que el Ejecutivo la confirmase.

El ultraderechista fue condenado en España en 1980 por haber sido uno de los autores materiales de la masacre en la que fueron asesinados a tiros tres abogados laboralistas, un estudiante de Derecho y un administrativo en Madrid, poco después del fin de la dictadura franquista.

El antiguo militante de Fuerza Nueva, que tenía 24 años cuando cometió la matanza, fue condenado por cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio en el despacho laboralista de Comisiones Obreras, en el número 55 de la calle Atocha de Madrid.

El condenado Carlos García Julià, autor de los asesinatos de Atocha

Fugitivo en Latinoamérica

García Juliá, quien cumplió 14 de los 193 años de prisión, se encontraba fugitivo y fue arrestado en diciembre de 2018 en Sao Paulo, donde vivía bajo una identidad venezolana falsa. Tras conocerse el paradero del condenado, la Audiencia Nacional de España requirió su extradición por entender que la condena que le fue impuesta no ha prescrito. A día de hoy le quedan por cumplir 10 años de prisión.

Su condena fue limitada al máximo de treinta años previsto entonces por las leyes españolas y en 1991 se le concedió la liberad condicional. Después, obtuvo la autorización para viajar a Asunción y trabajar allí, con la condición de presentarse mensualmente en la Embajada de España en Paraguay, pero García Julià incumplió lo previsto.

El condenado desapareció e inició entonces un periplo de fugas por Latinoamérica. Su última pista antes de ser arrestado en Brasil se perdió en Bolivia, donde vivió un tiempo y había sido encarcelado por un delito relacionado con el narcotráfico. Tras dos décadas en paradero desconocido, fue detenido en diciembre de 2018 en Sao Paulo gracias a las investigaciones de las policías Nacional española y Federal brasileña y el apoyo de Interpol.

Según las autoridades, García Juliá vivía en Brasil desde hacía casi dos décadas y trabajaba como conductor de Uber, haciéndose pasar por ciudadano venezolano.