La justicia de Francia aprueba la extradición a España del etarra Josu Ternera
- El Tribunal de Apelación de París toma esta decisión sobre el dirigente etarra, que puede ser recurrida
El Tribunal de Apelación de París se pronunció este miércoles a favor de la extradición a España del etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, por el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza en 1987, que causó la muerte de 11 personas, seis de ellas niños.
La decisión será recurrida por Josu Ternera ante el Tribunal Supremo francés, indicó a los medios su abogada, Laure Heinich.
El pasado mes de junio, el Gobierno español pidió a Francia la extradición del etarra, que estaba reclamado por la Audiencia Nacional.
Josu Ternera, de 69 años, fue detenido el 16 de mayo en la localidad de Sallanches, en los Alpes franceses, donde vivía solo en un refugio de montaña, e ingresó en la cárcel al día siguiente en París, lo que puso fin a un largo periodo en la clandestinidad que había comenzado en 2002, cuando huyó tras no comparecer a declarar en el Tribunal Supremo por el citado atentado. Un mes después de ser detenido, el 19 de junio, Francia decretó su puesta en libertad.
Al mismo tiempo, el tribunal francés reclamó a la Justicia española precisiones sobre las otras tres demandas de entrega emitidas por España: una de extradición y dos euroórdenes. Esas demandas, una vez recibido el complemento de información solicitado a España, serán revisadas el próximo 4 de marzo.
Las dos euroórdenes emitidas por la Audiencia Nacional de Madrid son para juzgarlo, respectivamente, por crímenes de lesa humanidad en tanto que miembro de la cúpula de la banda que decidía los atentados entre 2004 y 2007 y por financiación de la banda a través de las "herriko" tabernas.
La demanda de extradición (que no es una euroorden al haberse emitido antes de la entrada en vigor de ese instrumento de cooperación judicial) se refiere al asesinato en 1980 de Luis Hergueta, directivo de Michelin en Vitoria.
Para la abogada de Josu Ternera, esa petición de aclaraciones es una muestra de la supuesta opacidad con la que la Justicia española está tratando a su cliente, a quien calificó de "negociador" del conflicto vasco.