Anticorrupción pide cuatro años y medio para el expresidente y el exconsejero delegado de Banco de Valencia

• A José Luis Olivas y Domingo Parra se les imputan presuntos delitos de falsedad contable entre 2009 y 2010
• Otras doce personas están acusadas, entre ellas el socio auditor de Deloitte como cooperador necesario

El exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, en el banquillo.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años y medio de prisión para el expresidente de Banco de Valencia José Luis Olivas y el exconsejero delegado Domingo Parra por presunta falsedad contable entre 2009 y 2010.

Además de a Olivas y Parra, el ministerio público acusa a otras doce personas, entre ellos el socio auditor de Deloitte Miguel Monferrer, para el que solicita un año y medio de prisión como cooperador necesario en la falsedad de las cuentas de 2010.

Una contabilidad dispuesta para "maquillar" los malos resultados

Pese a las recomendaciones del Banco de España, la política expansiva marcada por el Consejo de Administración del banco e implementada por su consejero delegado, Domingo Parra, se mantuvo basándose en la aplicación de políticas de crédito caracterizadas por su "escasa prudencia y elevado riesgo".

Ante los "reales" malos resultados del ejercicio 2009 se optó por efectuar una práctica contable dirigida a "maquillar" esos resultados y mantener una imagen de solvencia y rentabilidad de la entidad que no se correspondía con la realidad del estado de la misma.

Entre otras prácticas, la Fiscalía detectó que se autorizaron refinanciaciones a promotores inmobiliarios que de otra forma no podrían cumplir con el pago de sus cuotas, se asumió la práctica totalidad del riesgo de una serie de proyectos inmobiliarios a largo plazo en los que existían importantes dudas sobre su rentabilidad y se adjudicaron activos en pago de deudas no procediendo a la adecuada contabilización del valor de los mismos.

Asimismo, prosigue la Fiscalía, pese a que muchas de sus operaciones se encontraban defectuosamente documentadas, no se realizaron provisiones por dotaciones tal como pide la normativa, y se autorizaron operaciones en contra de los intereses de la propia entidad por parte de sus máximos responsables, en ocasiones, con la connivencia de directivos y empleados. Parte de ellas han sido ya objeto de otros procedimientos penales por posibles delitos de administración desleal.

Todo ello se tradujo en la aprobación de unas cuentas anuales, las de los ejercicios 2009 y 2010, que no reflejaban la realidad.

Banco de Valencia, un largo historial en los tribunales

Además de a Olivas, Parra y Monferrer, la Fiscalía acusa a otras once personas, entre ellas, a los exvicepresidentes Celestino Aznar y Antonio Tirado Jiménez, quien fue también presidente, y solicita tres años para cada uno de ellos.

Como responsables civiles la Fiscalía señala a Bancaja y al Operador de Banca Seguros vinculado al Grupo; como responsables subsidiarios incluye a Bankia (entidad en la que se integró Bancaja, accionista mayoritario de Banco de Valencia) su matriz BFA y la auditora Deloitte, entre otros.

Mientras tanto, José Luis Olivas está a la espera de la sentencia del caso Bankia, en el que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él cinco años de prisión por presunta falsedad en las cuentas de 2010, delito al que suma el de estafa a los inversores.

Por su parte, en abril de 2019, Domingo Parra ya fue condenado a cuatro años de cárcel por un delito continuado de administración desleal en macrooperaciones urbanísticas que causauron a la entidad un agujero de más de 160 millones de euros, y en noviembre de 2019 se sentaba ante la Audiencia Nacional también por un delito de administración desleal, al conceder 312 millones de euros al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa, el mayor credito fallido de la entidad.

Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank.