La Fiscalía Anticorrupción pide hasta 29 años a los acusados por la venta irregular de armas a Arabia Saudí

• La empresa semipública Defex utilizó presuntamente sociedades pantalla para el pago de comisiones ilícitas
• Se les acusa de delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos y falsedad documental, entre otros

La bandera de Arabia Saudí sobre un uniforme militar en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 20 y 29 años de cárcel a ocho acusados vinculados a la empresa semipública Defex. Entre ellos se encuentra el expresidente José Ignacio Encinas, por presuntas irregularidades en once contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí entre 2005 y 2014 con valor de más de 48 millones de euros.

A los ocho restantes (Manuel Iglesias-Sarria, Ángel María Larumbe, José Ignacio Encinas, Fernando Aguilar, Álvaro Cervera, Verónica Luisa Blanco-Traba, Charles Ques Blandigneres y Paula Alexandra de Oliveira), la Fiscalía les acusa de delitos de organización criminal, corrupción en las transacciones internacionales, malversación de caudales públicos, falsedad documental y, en algunos casos, también de blanqueo.

La Fiscalía, en su escrito de conclusiones que ha remitido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, considera que entre 2005 y 2014 se obtuvieron once contratos con Arabia Saudí "conseguidos y ejecutados mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de ese país, aprovechándose de la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito" en Defex.

Defex usó empresas pantalla para el pago de "comisiones ilícitas"

"Para la consecución y ejecución de los contratos con el gobierno saudí la empresa pública Defex pagó comisiones a autoridades y funcionarios públicos a través de Álvaro Cervera, Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra de Oliveira, y sus empresas", Defence Development, Nytel Global y META, "y de forma directa mediante los pagos realizados a la sociedad Ike Commercial y sus distintas variantes", explica el fiscal.

Todas estas sociedades, prosigue el escrito de la Fiscalía, "carecen de una estructura y organización para realizar una actividad comercial salvo la de titular cuentas, emitir facturas y recibir los fondos de la empresa pública española para sí y para su distribución entre terceros".

La Fiscalía sostiene que la forma "en que se comprometieron y ocultaron esas sumas de dinero indebidas, que fueron destinadas a terceros y a los acusados, fue a través de contratos de prestación de servicios y de consultoría entre la empresa pública Defex" y esas sociedades.

Para ello "acordaron comisiones concretadas en un porcentaje del precio de los contratos públicos, resultando en algún caso de un 20 % del valor del contrato, a cambio de unas prestaciones o servicios que sabían que eran inexistentes pero que permitieron crear una apariencia de realidad comercial y justificar los pagos realizados por la empresa pública".

"En cuanto a las comisiones pagadas a Abdullah Al Shamuaray, agregado militar de la Embajada del Reino de Arabia Saudí en España entre 2005 a 2014, los pagos fueron realizados en las cuentas bancarias que titulaba en el Banco Sabadell en España", relata el fiscal.

Este entramado societario también era uno de los canales para el reparto de los fondos apropiados de la empresa pública Defex, y se ha detectado que José Ignacio Encinas "percibió en Suiza y Mónaco 50.000,00 USD y 50.000,00 · (62.650,60 CHF), respectivamente, a través de una de sus sociedades instrumentales de Islas Vírgenes Británicas, Tabarka Corporation".

Se trata, según el fiscal, de una práctica similar a la de las operaciones de Defex en Angola, pieza en la que la Fiscalía pidió una pena de 50 años de cárcel a Encinas y a los principales acusados por el presunto desvío de 41 millones de euros pagados en comisiones para conseguir contratos de material policial con el gobierno angoleño.

La Fiscalía reclama una multa de 45 millones a Defex

En su escrito de calificación, el fiscal Conrado Alberto Saiz pide además una multa de 45 millones de euros para la empresa Defex y de 29 millones para los ocho acusados, cifra a la que deberán sumar otras multas millonarias los cuatro acusados a los que también acusa de blanqueo.

Anticorrupción solicita también que los exdirectivos Encinas, Iglesias y Aguilar indemnicen en concepto de responsabilidad civil con 11, 9 millones a Defex o, en su caso, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que ostenta el 51% de las participaciones de la empresa. Por su parte, Cervera y Blanco-Traba deberán hacerlo con 10,4 millones.

Además reclama multas para las sociedades involucradas en estos contratos. Defence Development deberá pagar 41,9 millones de euros y Nytel Global, Middle East Trading Associates (META), 5,8 millones.

Hace unos meses Anticorrupción reclamó también que se condene al pago de una multa de 75 millones de euros a la empresa pública española de seguridad y defensa Defex por una serie de adjudicaciones supuestamente irregulares en Camerún, así como a 23 años de cárcel a su ex director comercial Manuel Iglesias.

En el caso Defex se han investigado en distintas piezas contratos de suministro militar en cinco países: Arabia Saudí, Egipto, Brasil, Angola y Camerún.