Cataluña, el mayor desafío del nuevo Gobierno

• El Ejecutivo de Pedro Sánchez debe afrontar una mesa de diálogo con la Generalitat en pleno auge del independentismo
• El futuro de Quim Torra como presidente de la Generalitat y las decisiones judiciales sobre Torra mantienen un futuro incierto

Imagen de archivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim torra de julio de 2018 en La Moncloa.

“Ningún socialista ha gobernado sin Cataluña”. Esta frase la dijo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante el debate de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Nunca antes Esquerra había tenido tanto poder para influir en la política nacional; y nunca antes un Gobierno tan minoritario y de coalición -155 escaños entre PSOE y Podemos- ha tenido que lidiar con un independentismo tan crecido en el Congreso de los Diputados con 23 representantes e impredecible ante las sentencias judiciales de sus líderes.

La abstención de Esquerra, fundamental para la investidura, ha sido posible gracias al compromiso del PSOE para establecer una mesa de diálogo entre gobiernos, español y catalán, para resolver mediante la vía política el conflicto en Cataluña y abandonar la judicialización del mismo y para someter los acuerdos a una consulta en Cataluña. Dicha negociación marcará la estabilidad de la próxima legislatura, pues de ella dependerá que ERC mantenga o retire su apoyo al Gobierno, cuyo primer gran reto será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Esquerra no renuncia a poner sobre la mesa de diálogo la propuesta de la “autodeterminación” y la amnistía para los presos del ‘procés’, y se aferra a las decisiones de la justicia europea -que ha reconocido la inmunidad y condición de europarlamentario de su líder, Oriol Junqueras, aunque la Eurocámara lo ha rechazado a instancias del Supremo español- para lograrlo bajo la premisa de que la democracia “ha de prevalecer” sobre la ley.

El PSOE busca una solución dentro del marco constitucional en una cuerda floja entre la presión independentista, la advertencia del PP de hacer una oposición “en los tribunales”, y la reticencia de algunos de sus barones y dirigentes relativa a la consulta en Cataluña y a las negociaciones. Para poder llevar a cabo la mesa de negociación con Cataluña sin concurrir en un trato de favor a esta autonomía, Sánchez ha retomado la conferencia anual con los presidentes autonómicos en el Senado y las comisiones bilaterales con las comunidades autónomas.

Pero tanto las reticencias de JxCat como las decisiones judiciales que afectan al los líderes independentistas -en particular, la continuidad de Torra al frente de la Generalitat- pueden suponer trabas añadidas a una negociación que se prevé difícil y cuyos acuerdos serán consultados a la sociedad catalana. Y en el horizonte, unas elecciones en Cataluña previstas para marzo de 2021 que podrían cambiar todas las variables del juego e incluso adelantarse en el tiempo.

La apuesta del PSC por un nuevo estatuto de autonomía

Aunque el PSOE no ha puesto todavía una propuesta sobre la mesa, el PSC siempre ha abogado por la búsqueda de un nuevo estatuto de autonomía ya que el actual, aprobado en 2006 en el Congreso de los Diputados y refrendado después por casi el 74% de catalanes, no cuenta ahora con el consenso de la sociedad catalana tras ser recortado en 2010 por el Tribunal Constitucional a raíz de un recurso interpuesto por el PP.

Aquel mismo 2010 Artur Más fue investido presidente autonómico y con él comenzó un ‘procés’ que ha ido presentando mayores desafíos al Estado, desde la consulta que a los catalanes de 2014, por la que fue inhabilitado, hasta el referéndum de independencia convocado por su sucesor, el 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia suspendida inmediatamente dos días más tarde.

Sánchez dice que la catalana es una crisis que recibe “heredada” del Ejecutivo de Mariano Rajoy, aunque tras la DUI le apoyó para aplicar el artículo 155 de la Constitución que destituyó a Puigdemont y suprimió temporalmente la autonomía. Pero lejos de poner fin al conflicto, el independentismo mantuvo la mayoría absoluta en las elecciones catalanas de diciembre de 2017 -que ganó Ciudadanos con Inés Arrimadas como candidata-, controla el parlamento catalán y en las generales del 10 de noviembre fue la opción del 42,6% de los votantes, estando más representado que nunca en el Congreso de los Diputados con 23 parlamentarios entre ERC, JxCat y la CUP.

El recelo de JxCat y sus exigencias

Pese a algunos gestos de Sánchez con los independentistas durante su último año y medio de Gobierno -como el acuerdo de Pedralbes o que el Ejecutivo no haya recurrido la última resolución en el Parlament sobre autodeterminación-, los independentistas no olvidan ni el apoyo de Sánchez al 155 ni sus declaraciones en campaña electoral contra el independentismo como un “proyecto fracasado”, prometiendo incluso que traería a España a Puigdemont, huido a Bélgica, jactándose de controlar a la Fiscalía del Estado.

En JxCat la reticencia es máxima y la formación, que ha votado ‘no’ en la investidura, se desvincula de la mesa de negociación pactada con ERC. Sin embargo, el Govern ha confirmado este miércoles contactos con el Ejecutivo para establecer una primera reunión entre Sánchez y Torra antes del arranque de la mesa de negociación entre gobiernos acordada con ERC, algo que puede poner trabas a la misma, puesto los republicanos pusieron un plazo máximo para arrancar el diálogo en 15 días desde la formación del Gobierno.

El Govern ha confirmado contactos para poner fecha a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en la mesa de diálogo que se reunirá después de la foramción del nuevo Ejecutivo. ERC añade una primera petición para conformar la mesa: que el Estado se retire de todas las causas judiciales contra el independentismo.

Y Mientras Torra espera protagonizar el diálogo directo con Sánchez, la Generalitat ha pedido al Gobierno que se retire de todas las causas contra los líderes del 'procés'.

Sánchez habló con Torra por primera vez en un año tras recibir el encargo del rey de formar Gobierno y se comprometió a reunirse con él tras la investidura. Lo hizo tras tensarse especialmente la relación entre ambos a raíz de las protestas por la sentencia del ‘procés’, cuando Sánchez se negó a verle durante su visita a Barcelona para ver a los heridos y a contestar a sus llamadas telefónicas porque, dijo, cualquier diálogo debía producirse “dentro de la ley”.

A expensas de la Justicia y de las elecciones catalanas

Ahora, en una mesa de negociación entre gobiernos que reconoce “libertad de contenidos” en las propuestas -por la que ERC prevé defender la autodeterminación y la "amnistía" de sus líderes presos-, el éxito de la misma dependerá en gran medida de si Torra sigue como presidente autonómico o finalmente es destituido tras las resoluciones del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Junta Electoral Central (JEC) sobre su inhabilitación por no retirar en campaña electoral los lazos amarillos en apoyo a los líderes presos.

Entretanto, ERC se mantiene a expensas de la justicia respecto a su líder, Oriol Junqueras, y se niega a aceptar la confirmación del Tribunal Supremo respecto a que Junqueras no es eurodiputado ni tenía inmunidad como tal -pese a que así lo reconoció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea- porque no podía haber sido elegido en las elecciones del 26M porque sobre él pesaba una condena firme. Sin embargo, la Comisión Europea está estudiando la situación de Junqueras y ha avisado a España que la resolución del TJUE es firme.

Respecto a Torra, podría llegar a ser inhabilitado para seguir como presidente de la Generalitat, desligándose de ello un posible adelanto electoral que podría afectar a la posición de ERC respecto al apoyo al PSOE en el Congreso. El 10-N, Esquerra perdió dos escaños tras meses de mostrarse favorable a facilitar el Gobierno de Sánchez, mientras que JxCat, más crítico con el Estado, logró uno más y la CUP, que se presentó para bloquear el Parlamento, obtuvo dos.

De cualquier forma, las elecciones en Cataluña deberán celebrarse, como tarde, en marzo de 2021 y de su resultado dependerá la continuidad de la mesa de diálogo y, quizá, la legislatura.