La juez rechaza incluir las grabaciones de la huelga en el juicio a los controladores

• La petición, que ha sido denegada por no ser “el momento procesal”, habría retrasado el dictamen del tribunal
• El sindicato afirma que se enfrentan a "un juicio político, como fue político el cierre del espacio aéreo en 2010"

Vista general del juicio celebrado este miércoles 15 de enero de 2020 en Madrid a 133 controladores aéreos

El juicio a los 133 controladores aéreos acusados de abandono de función pública durante la huelga que secundaron en diciembre de 2010 se celebrará sin las grabaciones de las conversaciones realizadas por Enaire durante la huelga. Su inclusión, que habría aplazado el juicio, ha sido rechazada por la juez Margarita Valcarce porque “no es el momento procesal”.

En la vista oral celebrada este miércoles, las acusaciones (incluida la Abogacía del Estado) y las defensas, con los catorce de los acusados que no han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, habían solicitado que se difundieran las conversaciones entre el centro de control y las torres del aeropuerto de Barajas y Torrejón de Ardoz, grabadas por la gestora de navegación aérea Enaire durante la huelga.

Pero la titular del juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha alegado que, tras casi diez años de instrucción, "no es ahora el momento" de admitir estas grabaciones, cuya inclusión se solicitó hace apenas un mes, y ha recordado que el informe con las transcripciones ya figura en el procedimiento, formado por 58 tomos y 20.000 folios.

Los abogados han formulado las correspondientes quejas ante la denegación de la petición de suspensión.

14 horas - Recordamos la huelga de controladores que cerró el espacio aéreo español - Escuchar ahora

En el banquillo se sientan 133 controladores, de los que 119 han alcanzado un acuerdo con la Fiscalía de Madrid en el que reconocen un delito de abandono de servicio público por paralizar la actividad aeronáutica y se comprometen a pagar unos 15 millones de euros en total. Dichos 14 acusados que no han pactado pueden acogerse al acuerdo hasta el próximo 29 de enero, cuando comenzarán a declarar.

De momento, se enfrentan a multas de entre 75.000 y 60.000 euros y entre ellos figura el exportavoz del sindicato mayoritario, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, cara visible del conflicto, y quien afrontaría la mayor cuantía. En esa fecha está citado también el representante de Enaire, responsable civil.

En la primera sesión del juicio, a la que han acudido 30 controladores (de los cuales ocho han asistido como público), se han dirimido también otras cuestiones previas, como la pretensión de algunas defensas de que sea la jurisdicción militar la que se hiciera cargo de la causa y que ha sido igualmente rechazada por la magistrada.

Arranca el último macrojuicio contra los controladores aéreos

En su exposición, la fiscal Ana Sanz ha reiterado lo expuesto en su escrito de acusación, y se ha referido al perjuicio causado a un servicio público por el abandono de sus puestos de trabajo del colectivo de controladores.

Estas acciones, ha explicado la fiscal, se hicieron de manera consciente y coordinada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica, al margen de cualquier otra vía legal o la convocatoria formal de huelga por parte de USCA, que en aquel momento negociaba con AENA el segundo convenio laboral del personal aeronáutico.

“No cerramos el espacio aéreo ni hicimos ninguna huelga salvaje”, afirman desde el sindicato de controladores

Por su parte, antes del inicio de la sesión, el actual portavoz de USCA, también acusado, Daniel Zamit, ha explicado que los controladores se enfrentan a "un juicio político, como fue político el cierre del espacio aéreo en 2010".

“No cerramos el espacio aéreo ni hicimos ninguna huelga salvaje”, ha aseverado Zamit, culpando al gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero del caos aéreo, por “montar un follón” para justificar “la militarización”, al declararse el estado de alarma.

Ha dicho que el cierre del espacio aéreo fue una “decisión política” por la que tendrán que responder y de la que ellos no son responsables.

“Veníamos denunciando todo ese año la carencia de personal. En noviembre se dieron cuenta de que no llegábamos a final de año prestando el servicio de control”, ha dicho. Según Zamit, el conflicto habría estado fabricado por el gobierno para “no trabajar con arreglo al estatuto de los trabajadores sino bajo código de disciplina militar”.

En este punto, ha insistido en que no tenían potestad ni tienen para cerrar el espacio aéreo. "Todo el mundo se presentó al relevo y todo el mundo estaba trabajando, según consta en las declaraciones de los gestores de Aena", ha señalado.

Así, ha reseñado que ahora es complicado “demostrar la inocencia de los acusados” y ha recordado que en "veinte juzgados de toda España los controladores han sido absueltos", con argumentos que "parece que en Madrid no valen".