El Ministerio de Educación recurrirá cualquier iniciativa de 'pin parental' por considerarlo una "censura previa"
- La ministra de Educación, Isabel Celaá, manifiesta a través de un comunicado su "rechazo" a esta práctica que considera ilegal
- El "pin parental", defendido por Vox, permite a los padres no autorizar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias
El Ministerio de Educación y Formación Profesional recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa dirigida a imponer un 'pin parental, que defiende Vox, al considerarlo una "censura previa" a las actividades programadas por los colegios que vulneraría "el derecho fundamental y constitucional a ser educado".
En un comunicado que recogen Efe y Europa Press, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha manifestado su "rechazo" a esta práctica que Vox defiende, para que los padres autoricen la asistencia de sus hijos a actividades complementarias incluidas en el currículo escolar como las clases con contenidos sobre diversidad afectivo-sexual.
El comunicado de Educación se produce después de que Vox pretenda incorporar esta práctica en la negociación de los presupuestos de las comunidades de Murcia y Madrid.
El 'pin parental', según la ministra, vulneraría también "la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares", así como tratados europeos suscritos por España como la Convención de los Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado en twitter que "el pin parental vulnera el derecho de los niños y niñas a la educación".
Celaá ve "una objeción de conciencia encubierta"
"No lo vamos a tolerar, y este Ministerio acudirá a los tribunales en defensa de los derechos de todos", ha añadido Celaá en una declaración remitida por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Celaá reacciona así a la decisión del Gobierno de la Región de Murcia de aceptar el 'pin parental', una exigencia de Vox al Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los presupuestos autonómicos. Una situación que ya se produjo en Andalucía el año pasado.
"Las instrucciones que la Región de Murcia ha enviado a todos los centros educativos de su comunidad vulneran claramente las competencias que tienen estos atribuidas por ley para tomar sus decisiones curriculares", ha denunciado Celaá.
Para la ministra, "el 'pin parental' o la pretensión de que los padres conozcan de manera anticipada y autoricen a sus hijos a acudir a una determinada actividad no es otra cosa sino una objeción de conciencia encubierta", algo que "no es aplicable al terreno de la educación" según una sentencia del Tribunal Constitucional de 1987, ha señalado Celaá.