¿Qué es el 'pin parental' que quiere Vox en los colegios?

• Limita la capacidad de los niños de asistir a actividades sobre diversidad afectivo-sexual a tener consentimiento de los padres
• El Gobierno ha declarado la guerra Murcia y otras comunidades que pretendan implantarlo

Un alumno se queda al margen de una charla.

El 'pin parental' que propone Vox para los centros educativos ha dividido a la esfera política entre quienes critican que se trata de una medida contra los derechos de los menores -PSOE y Unidas Podemos- y quienes defienden que los padres deben tener libertad para elegir los contenidos ideológicos que reciben sus hijos -como el PP, además del partido de Santiago Abascal-. También ha generado malestar entre asociaciones LGTBI, feministas y sindicatos de estudiantes.

En cuanto a la medida, que fue implantada en Murcia a principios de curso, el consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha afirmado que no es necesaria "bajo ningún concepto" en su comunidad -donde, no obstante, Vox ha condicionado con ello su apoyo a los presupuestos regionales-. Y en Madrid, el 'pin parental' ha abierto una fisura entre PP, Ciudadanos y Vox que amenaza también las cuentas autonómicas.

El Gobierno ya ha declarado la guerra al llamado 'pin parental' y ha advertido a la Región de Murcia que llevará a sus responsables ante los tribunales de no retirarlo. Y los consejeros de Educación de nueve comunidades autónomas donde gobierna el PSOE también se han movilizado en su contra.

El colectivo LGTBI, por su parte, ha pedido blindar los contenidos afectivo-sexuales en la educación, recordando que estos talleres están recogidos en la Ley de Educación. Su propuesta la apoyan varios colectivos y sindicatos, que han convocado una huelga el próximo 6 de marzo. Save the Children considera la medida como "una vulneración del derecho de cada niño y niña a una formación integral, como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España".

¿Qué es el 'pin parental'?

El término es el que ha acuñado el partido de extrema derecha para definir "una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos" para informar a los padres "a través de una autorización expresa" sobre "cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad" de los menores.

Con ello, pretenden limitar la capacidad de los alumnos de asistir a charlas y talleres sobre la identidad de género, el feminismo o la diversidad LGTBI, únicamente en el caso de que los progenitores den consentimiento para ello.

La medida no ha pasado desapercibida después de otra petición realizada el año pasado para identificar con nombre y apellidos a quienes, amparados por las leyes LGTB, imparten cursos y talleres en materia de igualdad, respeto y contra el acoso escolar a este colectivo en colegios e institutos.

¿Es una medida legal?

El Ejecutivo envió un requerimiento a Murcia el pasado viernes para que retirase la medida y anunció que recurriría "cualquier intento de PP, Ciudadanos o Vox de vulnerar el derecho de los menores a recibir educación integral". El presidente murciano, el popular Fernando López Miras, se ha mostrado por su parte dispuesto a ir a los tribunales para defender el 'pin parental'.

La clave está en la referencia que hizo la ministra de Educación durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el viernes pasado: "No hablamos de actividades voluntarias (...) sino de actividades complementarias que configuran un currículum básico" que son "de obligado cumplimiento".

Es decir, que las actividades que requieren un consentimiento de los padres son aquellas extraescolares, pero no las que están incluidas en el horario lectivo de los niños, han sido planificadas por los maestros, obligatorias y evaluables. De esta forma, los padres podrían oponerse a que sus hijos fueran a charlas con contenido moral fuera del horario escolar, pero no si se establece dentro del mismo.

¿Qué argumenta el Gobierno?

El artículo 27 de la Constitución, que es el que esgrime el Gobierno, establece que "la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", por lo que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales no puede estar por encima de este principio.

Por otra parte, la Ley de Educación en su artículo 1 establece que se deben desarrollar en la escuela "valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género", y aunque reconoce la "libertad de enseñanza" de los padres, lo hace "en el marco de los principios constitucionales. Unas cuestiones que van, a su vez, en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra el Racismo y la Intolerancia.

Además, la ministra de Igualdad, Irene Montero, acusó a quienes promueven el 'pin parental' de ir contra el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado por consenso en el Congreso de los Diputados, que establece una educación en valores por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y por la igualdad de género. Por último, también las leyes autonómicas LGTBI establecen que se debe dar formación en los colegios contra este tipo de contenidos.

¿Qué dicen PP, Vox y Cs?

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha preguntado este lunes cuál es el problema de que los padres puedan decidir sobre la educación de sus hijos. "En la Comunidad de Madrid, principios de curso, los colegios informan de las actividades extraescolares y los padres deciden si los niños asisten o no", ha indicado Casado, quien ha recordado que en las comunidades autónomas del PP existe libertad de elección de colegio. "Si hay una cooperativa que quiera hacer un colegio animalista o mulsulmán que lo haga, pero que los padres puedan elegir", ha reiterado.

El presidente de Vox, Santiago Abascal,asegura que la igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a los homosexuales son aspectos aceptados en España y que su propuesta del 'pin parental' se aplica para "defender" a los menores del "adoctrinamiento" en "juegos eróticos" y contra lo que denomina "ideología de género" -la formación niega la existencia de la violencia de género-. Vox está llevando a cabo una campaña de bulos virales para justificar su medida.

Mientras, en Ciudadanos no terminan de posicionarse a favor o en contra del 'pin parental'. Su portavoz parlamentaria, Inés Arrimadas, ha defendido que los padres "tienen derecho a decidir muchas cuestiones sobre la educación de sus hijos", pero que los niños también "tienen derecho a una educación plural en valores democráticos": " Ambas cosas son compatibles y en Ciudadanos trabajaremos para que todos los gobiernos las garanticen".