Baleares prohíbe el 'turismo de borrachera' y expulsará a los que hagan 'balconing'

• En la Playa de Palma, Magaluf y el West End, se restringe la promoción de alcohol y se limitan las fiestas en barcos
• La patronal hotelera valora positivamente el decreto, mientras colectivos cívicos piden mayor diversificación de la economía

El Gobierno balear le dice adiós al 'turismo de borrachera'

El Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol, ha aprobado un decreto pionero en Europa que prohíbe el llamado "turismo de borrachera" en las zonas de la Playa de Palma y Magaluf en Mallorca y el West End de San Antoni de Portmany de Ibiza y contempla la expulsión de los hoteles de los turistas que practican el "balconing".

El decreto ley, impulsado desde la consellería de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, prohíbe en estas tres zonas, las más conflictivas y populares, la publicidad referida al consumo de alcohol y las barras libres (limitadas a tres bebidas por persona), las excursiones etílicas conocidas como "pubcrawls", las "happy hours", los "2x1" ó "3x1", los autodispensadores de alcohol, así como la venta de bebidas alcohólicas en tiendas entre las 21.30 y las 8.00 horas. De este modo, los establecimientos tendrán que vender bebidas con un precio por unidad, sin hacer promociones para incentivar su consumo descontrolado.

Uno de los focos de la legislación es el llamado "balconing", en el que los turistas tratan de saltar desde las ventanas y balcones de sus habitaciones hasta las piscinas del hotel. Las personas que practiquen o permitan el la temeridad en cualquier hotel de Baleares podrán ser expulsados "inmediatamente" del establecimiento y se enfrentarán a multas de entre 6.001 a 60.000 euros.

Además, este nuevo decreto limita las fiestas en barcos, suspendiendo la concesión de nuevas licencias hasta la regulación de esta actividad en un plazo de 24 meses. Los barcos que cuentan con licencia no podrán embarcar ni desembarcar a los turistas en ninguna de estas tres zonas, que son las más calientes del turismo de borrachera de Baleares.

En cualquier caso, los contratos ya firmados con turoperadores y hoteleros seguirán vigentes para evitar cualquier situación de inseguridad jurídica.

Las patronales hoteleras valoran positivamente una normativa pionera

El conseller Iago Negueruela ha afirmado en la presentación que el objetivo de la norma es "combatir el turismo de excesos", fomentar el civismo y promocionar Baleares como un destino de calidad en el mundo. Se trata, ha resaltado, de una norma pionera en Europa, que cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda Balear 2030, tras el "amplio diálogo" mantenido entre el gobierno balear y el sector empresarial y turístico. El decreto ley tiene una vigencia de 5 años y se aplicará de manera inmediata.

“Es perfectamente razonable”, ha afirmado la presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) María Frontera en un comunicado, “incluso en Magaluf ya hace tiempo que se adelantaron a la norma y se expulsa a los clientes que realizan estas prácticas [...] Nadie quiere que se produzcan estos actos”.

La patronal hotelera mallorquina ha lamentado que se puedan ver afectados por las prohibiciones en las tres zonas algunos establecimientos que no trabajan con el perfil de cliente que se persigue cambiar. “Esperamos que en un plazo más corto de tiempo pueda suspenderse este decreto ley porque ya se hayan alcanzado los objetivos que lo justifican”, ha dicho Gabriel Llobera, presidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares (ACH). Y ha pedido: “Hay que vigilar que estos comportamientos se erradiquen y que no se traspasen a otras zonas”.

Asimismo, la FEHM pide a las administraciones “financiación”, “comunicación” y “planificación” para poder llevarla a cabo de manera efectiva.

El colectivo Tot Inclòs: “El turismo de lujo también tiene excesos”

Desde el colectivo cívico Tot Inclòs, en declaraciones a RTVE.es, celebran que la medida “es un buen primer paso”, pero su portavoz Antonio Pallicer ha pedido que no se quede en papel mojado y “se haga cumplir” desde la administración. La organización de la que forma parte se muestra más escéptica con la nueva legislación y, más allá del problema de los excesos y los comportamientos incívicos en las calles, censura el modelo completo de turismo en las islas. Su mismo nombre, “Tot Inclòs”, significa “todo incluido” en catalán balear, una clara crítica a una forma de actuar muy afianzada en el sector.

“Hay voluntad de según que sectores hoteleros de borrar esta imagen de turismo salvaje porque quieren revalorizarla. Hay intervenciones encaminadas a un turismo de lujo que para nosotros tampoco son la solución”, ha explicado Pallicer, que señala que estos otros modelos “también tienen sus excesos, pero más controlados y con menos repercusión mediática”, refiriéndose a determinados clubs de playa y complejos hoteleros de, sobre todo, la isla de Ibiza.

Pallicer sostiene que es necesario un “decrecimiento” del sector en todos los sentidos y la “diversificación de la actividad económica” de la región para no “jugarse todo a una carta”.

A raíz del nuevo decreto, la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma (AHPP) ha reivindicado en una nota de prensa, precisamente, la inversión hotelera en la zona desde 2012. Se han reformado 60 hoteles y 28 han subido de categoría; veinte hoteles han aumentado sus plazas con 2.090 camas más en total y, se han construido tres nuevos hoteles. Han abierto cuatro hoteles de cinco estrellas y son 32 más los hoteles de cuatro estrellas. Según la presidenta de la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma, “si se hubieran destinado recursos en la zona para hacer cumplir las ordenanzas cívicas, igual hoy este decreto ley no hubiera hecho falta”.

El turismo es un sector fundamental en Baleares, donde supone más del 45% del Producto Interior Bruto y da trabajo a más del 30% del total de asalariados, según el Ministerio de Industria. Un estudio realizado en 2016 sobre la opinión de los residentes baleares respecto al turismo de la comunidad arrojaba que un 20,2% de los encuestados pensaban que el modelo de turismo perjudicaba la identidad, la cultura y patrimonio de las Baleares, mientras el 43,6% opinaba que ayudaba a mantenerlos.

Su economía mira mucho al exterior. Los turistas extranjeros que llegan a estas islas del mediterráneo provienen mayoritariamente de Alemania y de Reino Unido, pero son estos últimos los que menos gasto por persona y día registran, según los datos de 2019. Así, mientras la media está en 116,46 euros al día, los británicos gastan 76,72 euros, lo que contrasta con el dato alemán de 135,26 euros al día. El gasto del turista nacional también está muy por debajo de la media, con 85,12 euros al día.

Multas de hasta 600.000 euros en caso de incumplir la normativa 

La nueva normativa prohíbe las prácticas peligrosas para la vida y la integridad física de las personas en los establecimientos turísticos de las islas, con un régimen sancionador que pone un acento especial en las faltas graves y muy graves. 

Las faltas graves se sancionan con multas de 6.001 a 60.000 euros y se consideran como tales las prácticas peligrosas para la vida, la integridad o la salud de los clientes, el hecho de que hotel no informe a los usuarios acerca de la prohibición de las mismas o si el establecimiento no expulsa a los turistas infractores. También son faltas graves ofrecer habitaciones por horas y publicitar bebidas alcohólicas o tener expuesto alcohol en los establecimientos.

Las faltas muy graves se sancionan con multas de 60.001 a 600.000 euros y, adicionalmente, pueden llevar aparejado el cierre del establecimiento por un período máximo de 3 años, según las circunstancias que se presenten. Las faltas muy graves contemplan la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario permitido; ofertar bebidas alcohólicas bajo modalidades del tipo barra libre, "happy hours" o "2x1" y "3x1", mantener los autodispensadores de alcohol, la venta de bebidas a menores y a embarazadas, la publicidad o realizar excursiones etílicas (pubcrawling) y cometer dos faltas graves en seis meses, entre otras circunstancias.

Por último, las faltas leves conllevan multas de entre 1.000 y 6.000 euros.