Los padres de Julen llegan a un acuerdo con el dueño de la finca de Totalán para evitar el juicio

• El juicio al dueño de la finca, acusado de homicidio por imprudencia grave, estaba previsto este martes
• David Serrano acepta una condena de un año de cárcel que quedaría suspendida con el pago de una indemnización

Los padres de Julen llegan a un acuerdo con el único acusado para evitar el juicio

Los padres de Julen, el niño de dos años que murió al caer a un pozo sin sellar y que carecía de permisos en el municipio malagueño de Totalán, y el dueño de la finca, David Serrano, han alcanzado un principio de acuerdo para evitar el juicio que estaba previsto este martes en la Ciudad de la Justicia de Málaga, según ha podido confirmar TVE.

Serrano ha aceptado una condena de un año de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave con el compromiso de pago de una indemnización a los padres, que podría ascender a unos 175.000 euros, según ha explicado a RTVE.es el abogado del acusado, Antonio Flores, de acuerdo con las compensaciones por accidentes que la ley establece.

En los términos del principio de acuerdo, la condena a un año de cárcel quedaría en suspenso con el compromiso del pago de la indemnización, al carecer el acusado de antecedentes penales. Este lunes está previsto que el acusado abone 25.000 euros y el resto a 50 euros al mes hasta que mejore su situación económica, ya que se encuentra en situación de desempleo.

El pacto para evitar el juicio todavía deberá ser presentado ante el juez titular del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga y ratificado por todas las partes (Fiscalía, acusación particular y defensa) en la vista oral prevista este martes.

En caso de que el acuerdo sea presentado por las partes y aceptado por el acusado, el juez fijará la pena conforme a los términos del pacto alcanzado. Si no se presentara ningún acuerdo, el juicio se celebrará conforme a lo previsto. David Serrano tendría que cumplir con los pagos mensuales, y en caso de no hacerlo se podría revocar la suspensión de la condena, según ha explicado Flores.

Un "acercamiento claramente mutuo" por las partes

Según ha explicado el abogado defensor del acusado, Antonio Flores, el pacto ha sido posible gracias al "acercamiento claramente mutuo" que después ha contado "con el consentimiento y la avenencia de la Fiscalía" y los padres no han exigido en ningún momento una cantidad de dinero, ni ha habido una negociación, sino que ha habido una oferta del propio despacho de abogados que han aceptado los padres.

De hecho, según Flores, al no tener el acusado los recursos para hacer frente al pago de la indemnización, los fondos de este primer pago los aportará un empresario "amigo del despacho de abogados" y ajeno al acusado, que preguntó si había posibilidad de evitar que siguiera adelante el proceso judicial. Una ayuda que David Serrano aceptó después "de buen grado".

El dueño de la finca de Totalán donde se encontraba el pozo "siempre se ha declarado inocente" y, según el letrado, ha reconocido que actuó con pleno desconocimiento del peligro, aunque al mismo tiempo ha admitido que no tenía licencia para la perforación del pozo, que invitó a los padres a la finca y ha expresado su arrepentimiento.

La defensa del acusado considera además que el acuerdo entre las partes era "una buena salida" para evitar un sufrimiento a los padres y que en cualquier caso, con una petición de tres años de prisión por parte de la Fiscalía, "no era posible que no hubiera una condena, aunque eso sí, es por la mínima y quedaría en suspenso al no tener antecendentes el acusado".

El mayor operativo de rescate de la historia de España

El principio de acuerdo para evitar el juicio llega una semana después de cumplirse el aniversario del accidente, el 13 de enero de 2019 en una finca privada ubicada en el Dolmen Cerro de la Corona, donde estaba el sondeo de agua de 107 metros de profundidad y apenas 25 centímetros de diámetro, por el que cayó el niño.

La Fiscalía acusade homicidio por imprudencia grave a David Serrano, para el que pedía tres años de cárcel, al considerar que era el único conocedor de la presencia del pozo y que no lo había señalizado.

Por su parte, antes de llegar al acuerdo, los padres de Julen, como acusación particular, pedían tres años y medio de cárcel por homicidio por imprudencia muy grave al considerar que se produjo una "negligencia extremadamente grave".

El niño murió tras caer a un pozo el 13 de enero de 2019 y su cuerpo sin vida fue hallado trece días después tras desplegarse el mayor operativo de rescate de la historia de España en el que intervinieron más de 300 profesionales.

La autopsia concluyó que el niño había muerto "pocos minutos después del accidente" por las lesiones sufridas en la caída al pozo y descartó la posibilidad de que se hubiera producido durante las labores de rescate, como argmentaba la defensa del único acusado.